Democracia energética en México: perspectivas desde los derechos humanos

Resumen

La transición energética es un eje central de las políticas públicas y los marcos normativos internacionales para mitigar el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, su implementación ha generado desigualdades estructurales, especialmente en comunidades indígenas y rurales que han sido excluidas de la toma de decisiones. En México, los megaproyectos energéticos, lejos de garantizar un acceso equitativo a la energía, han reproducido conflictos socioambientales debido a la falta de consulta previa y mecanismos efectivos de participación (Ochoa y Graizbord, 2016; Valenzuela y Olivera, 2024). Este artículo analiza la democracia energética en México mediante la metodología del desempaque de derechos, evaluando su cumplimiento en el marco normativo nacional e internacional. Se argumenta que la transición energética no puede limitarse a sustituir combustibles fósiles por renovables, sino que debe reformular la gobernanza energética para garantizar la participación ciudadana y la protección de los derechos colectivos. Para ello, se examinan instrumentos jurídicos clave, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), el Acuerdo de París y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); así como análisis de caso sobre conflictos energéticos en el Istmo de Tehuantepec, la Península de Yucatán y el Tren Maya. Estos ejemplos evidencian la urgencia de reformar el marco legal y fortalecer modelos de generación distribuida y autogestión energética. Finalmente, se proponen reformas legislativas para consolidar un modelo energético equitativo y sostenible, en el que la transición energética no sólo sea una meta técnica, sino un proceso fundamentado en los principios de justicia social, participación ciudadana y sostenibilidad.