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Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
Investigación
GénEroos
Volumen 2/número 3/marzo-agosto de 2024/ pp. 4-50
eISSN 2992-7862
DOI: RevGenEr.2024.3.01
CC BY-NC-SA 4.0
Simientes de sobrevivencia: Tipicación y
subnoticación de la violencia de género en
el medio rural brasileño
Seeds of survival: Typication and underreporting of
gender violence in the Brazilian rural environment
Sylvia Iasulaitis
ORCID: 0000-0002-3526-1003
Universidad Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil
Carmen Pineda Nebot
ORCID: 0000-0001-6101-8560
Investigadora Independiente, Madrid, España
Ana Carolina dos Reis Fernandes
ORCID: 0000-0002-7257-990X
Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil
Larissa Fassa La Scalea
ORCID: 0000-0002-2730-0877
Universidad Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil
Recepción: 07/02/23
Aprobación: 03/07/23
Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar
la violencia contra las mujeres en el medio
rural en el contexto brasileño, y tipificarla
Abstract
The objective of this research is to analyze
violence against women in rural areas in
the Brazilian context and classify it by
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caracterizando la forma perpetrada, en qué
situaciones es ejercida, si es denunciada,
notificada y combatida, así como identi-
ficar la efectividad de la red de apoyo. La
investigación es un estudio de caso en el
cual se utilizaron diversas técnicas: visitas
de campo, entrevistas en profundidad a
mujeres rurales y a responsables institucio-
nales; también se analizaron las leyes. Los
datos revelan que una de cada tres mujeres
ha sufrido uno o más tipos de violencia:
psicológica (57%), moral (56.82%), asedio
sexual (47.73%), física (36.36%), patri-
monial (34%), acoso (31.82%), violencia
institucional (23%), detención privada
(20%), explotación sexual (9.09%) y vio-
lación (9.09%). El 63% relataron que las
agresiones ocurrían en su propia casa, el
25% afirmó que ocurrió tanto en su casa
como en la calle; de este 88% de los casos,
los agresores fueron marido/compañero,
expareja o padre.
Palabras clave
Mujeres en el medio rural, red de apoyo,
registro de denuncias, tipos de violencia,
violencia doméstica.
characterizing the way it is perpetrated,
in what situations it is carried out, if it is
reported, notified, and combated, as well
as identifying the effectiveness of the net-
work. support. The research is a case study
that used various techniques: field visits,
in-depth interviews with rural women and
institutional leaders, and analysis of laws.
The data reveal that 1 in 3 women has su-
ffered some type of violence: psychological
(57%), moral (56.82%), sexual harassment
(47.73%), physical (36.36%), patrimonial
(34%), harassment (31.82%), institutional
violence (23%), private detention (20%),
sexual exploitation (9.09%) and rape
(9.09%). Around 63% of respondents
reported that the attacks occurred in their
own home, 25% stated that it occurred
both at home and on the street. In 88%
of the cases, their aggressors are their
husband/(or ex)partner and father.
Keywords
Rural woman, support net, registry of
complaints, types of violence, domestic
violence.
Introducción
L
a violencia contra las mujeres es una de las pautas históricas de los
movimientos feministas, ampliamente discutida en las décadas de
1970 y 1980 en el ámbito mundial. En ese tiempo se buscaba mostrar
los casos de violencia, principalmente ocasionados por los cónyuges y
compañeros, de forma que el tema fuese entendido como un problema
social, y no como de carácter privado.
Desde el punto de vista académico, la literatura especializada se
ha dedicado a discutir la clásica dicotomía de la teoría política entre lo
público y lo privado. Históricamente, lo público fue el ámbito destinado a
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la acción estatal; lo privado, durante mucho tiempo, fue entendido como
la esfera de la vida social refractaria a la interferencia estatal, o sea, el lugar
para el mantenimiento de las libertades individuales. Locke (en Pateman,
1983) ya evidenciaba tal perspectiva cuando se refería al derecho de la
privacidad directamente relacionado con la figura masculina, evitando una
discusión sobre la familia y sus integrantes, con el fin de reforzar —en
la teoría liberal— que la vida particular no es política y que la familia es
comprendida de modo singular y unitario.
La interpretación patriarcal del ‘patriarcado’ como derecho
paterno provocó, paradójicamente, el ocultamiento del origen de la
familia en la relación entre marido y mujer. El hecho de que hombres
y mujeres forman parte de un contrato de casamiento —un contrato
original— y de que ellos sean maridos y mujeres antes de ser padres y
madres es olvidado. El derecho conyugal está, de ese modo, subsumido
bajo el derecho paterno y las discusiones sobre el patriarcado giran en
torno del poder (familiar) de las madres y de los padres, ocultando,
por tanto, la cuestión social más amplia referente al carácter de las
relaciones entre hombres y mujeres y la amplitud del derecho sexual
masculino (Pateman, 1993, p. 49).
Las teorías políticas liberales poseían un punto ciego en este
debate: la desigualdad de género y las diferencias entre hombre y mu-
jer en la sociedad. Así, importantes discusiones teóricas comenzaron a
desarrollarse teniendo en cuenta esa desigualdad y problematizando tal
dicotomía, colocándola, en otros términos: esfera no-doméstica (público)
y esfera doméstica (privado). Pateman (1983) afirma que la separación
entre público y privado es presentada en la teoría liberal como si se
aplicara a todos los individuos de la misma manera; de ese modo, la no
intervención en la esfera doméstica refuerza las desigualdades que existen
en ese ámbito. Para Okin (2008), las mujeres son más vulnerables a sufrir
violencia en la esfera doméstica debido a la desigualdad sexual. Además,
la vida en el hogar es responsable de la dinámica de poder presente en
la vida pública, pues allí se reproduce la misma jerarquía, en la cual el
hombre se encuentra como preponderante y la mujer como el “segundo
sexo”, según Beauvoir (1980).
De acuerdo con esas nuevas concepciones teóricas, el Estado debe
ocuparse de las relaciones familiares siempre que sea necesario garantizar
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los derechos de todos los integrantes del núcleo familiar y no sólo de un
individuo. Tales concepciones, sumadas a las luchas feministas que se
desarrollaron a partir de los años sesenta, trajeron a colación la agenda
sobre la violencia contra las mujeres que ocurría dentro de las casas como
una responsabilidad de toda la sociedad, evidenciada en la frase: “Lo
personal es político” (Millet, 1970).
Pasando de los aspectos teóricos centrales al problema de inves-
tigación desde el punto de vista empírico, se constata que la violencia de
género sigue siendo una de las formas más recurrentes de violación de
los derechos humanos en todo el mundo. En 1975 se creó por parte de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el año Internacional de
la Mujer, ampliándose posteriormente a la Década de la Mujer (1975-
1985). En 1993, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos, la violencia contra la mujer adquirió reconocimiento formal,
con su tipificación como una violación de los derechos humanos. Brasil
firmó los tratados internacionales para combatir ese problema social,
aun así, al país todavía le queda un largo proceso para que las acciones
tomadas sean efectivas. Desde el punto de vista legal, el hito contra la
violencia doméstica en este país se produjo en 2006 al promulgarse la Ley
Maria da Penha, que establece como delito la violencia contra la mujer.
El nombre de la ley fue un homenaje a Maria da Penha Maia Fernandes,
quien en 1983 fue víctima de violencia doméstica y de doble tentativa de
feminicidio al recibir un tiro en la espalda mientras dormía, hecho que
la dejó parapléjica. Al denunciar a su marido, fue revictimizada por el
Estado, debido a años de impunidad de su agresor. Así, en 1998, ella y su
abogada denunciaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH) y, en
2001, el país fue condenado internacionalmente por negligencia y omisión
con relación a la violencia doméstica. Ante la repercusión mundial del
caso, Brasil revisó la legislación relacionada con el tema.
A pesar de que esta forma de violencia se manifiesta en diferentes
clases y contextos sociales, algunos elementos sociohistóricos influyen en
lo que respecta al grado de vulnerabilidad de las víctimas. Es justamente
sobre un importante —pero poco discutido— aspecto de esta compleja red
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en el que se centrará este artículo: la violencia practicada contra mujeres
rurales, que tiene sus singularidades.
Afirmar que todas las mujeres están expuestas a la violencia
no es lo mismo que decir que todas las mujeres están expuestas a la
misma violencia o a la misma intensidad y severidad de las agresiones.
Hoy sabemos que hay determinantes distintos, factores de riesgo y
factores de protección y contextos más o menos vulnerables a la vio-
lencia, porque las relaciones de género que fundamentan la violencia
no existen en el vacío, pero sí en contextos históricos y socio-culturales
específicos que confieren características diferenciadas a la violencia
(Portella, 2005, p. 94).
En este sentido, se adoptará el concepto de género según la con-
cepción de Scott (1986), quien defiende una perspectiva histórica para
analizar la referida categoría, ya que inscribir a las mujeres en la historia
implica necesariamente la redefinición y el ensanchamiento de las no-
ciones tradicionales de lo que es históricamente importante, para incluir
también la experiencia personal y subjetiva, la voz de las oprimidas y
analizar el sentido y la naturaleza de su opresión.
Como señala Avtar Brah (2006), tal diferenciación de la categoría
género, en lo que respecta a los sujetos femeninos, es necesaria y producida
según las relaciones globales, ya que nuestro género está constituido y
representado de manera diferente según nuestra localización dentro de las
relaciones globales de poder, cuya inserción se realiza por medio de una
cantidad indeterminada de procesos económicos, políticos e ideológicos.
Dentro de esas estructuras de relaciones sociales no existimos simple-
mente como mujeres, sino como categorías diferenciadas, tales como
mujeres de la clase trabajadora o mujeres rurales, donde cada descripción
está referida a una condición social específica. Vidas reales son forjadas
a partir de articulaciones complejas de esas dimensiones. Es importante
destacar este aspecto, dado que las condiciones de vida de las mujeres
rurales y, más específicamente en la reforma agraria, soportan innume-
rables adversidades, tal como demuestran nuestras entrevistadas cuando
hablan de sus trayectorias, cabe mencionar que se utilizan seudónimos
para preservar el anonimato por cuestiones de seguridad de las mujeres
entrevistadas:
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Tanta gente muriendo allí de hambre [en el campamento].
Cuando la gente habla de morir de hambre, son familias que pasaban
una semana comiendo sólo plátano verde con sal y hoja de taioba
(Gardenia, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
¿Fue fácil? No fue. ¿Es fácil? No es. ¿Por qué vivir en la re-
forma agraria? ¡Vivir en sí, es un desafío! Porque la gente tiene que
pensar que es siempre una lucha constante. Nuestro grupo, la gente
que acampó eran 350 familias, unos se fueron desanimando, porque
no es fácil, ¿no? Tener que quedarse debajo de la tienda, sin saber si
mañana el niño tendrá algo para comer... [llanto]... Ahí… después ya
cansados de estar allí, tuvimos que hacer una caminata hasta São Paulo.
Dedicamos nueve días, la gente dormía en las iglesias, comía en las
carreteras (Lirio, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Siempre trabajé en la plantación con niños pequeños, con
mucha dificultad. Pero los niños no han impedido que yo trabajara.
Yo los arrastraba junto a mí a la plantación. Ellos permanecían debajo
de un árbol o dentro de una furgoneta que la gente tenía (Orquídea,
2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Pasamos una vida que sólo Dios sabe. No tenía agua, no tenía
nada para comer, estaba desempleada (Margarita, 2018, entrevista
realizada en el trabajo de campo).
Quien nace armadillo muere cavando, es eso (Azalea, 2018,
entrevista realizada en el trabajo de campo).
Según afirma una de las entrevistadas en el estudio: “Es más difícil
permanecer en la tierra que conquistarla” (Maya, 2018, entrevista realizada
en el trabajo de campo). Lo dice porque los problemas enfrentados por
las mujeres en los asentamientos agrícolas en Brasil son innumerables;
incluyen la feminización de la pobreza, la precarización de las condiciones
de vida, el bajo acceso a las políticas públicas y las profundas asimetrías
de género, cuya forma más aguda es la violencia.
Brasil es uno de los países con mayor índice de violencia contra
las mujeres rurales, ostentando el segundo lugar de América Latina y
el sexto lugar del mundo, quedando detrás solamente de Etiopía, Perú,
Bangladesh, República Unida de Tanzania y Tailandia, según el ranking
de la Organización Mundial de la Salud (OMS); el estudio anterior
demostró que el mayor porcentaje de violencia practicada por la pareja
contra la mujer en el sur global se produce en localidades rurales (García-
Moreno et al., 2005).
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La violencia de género en el medio rural es un problema que
antes de ser reconocido debe ser conocido. Por ello, este estudio tiene
como objetivo principal analizar la violencia de género en el medio rural
brasileño, tipificarla, identificar los tipos perpetrados, conocer en qué
situaciones es ejercida, identificar si es denunciada y combatida, y evaluar
la efectividad de la red de enfrentamiento a la violencia practicada contra
las mujeres que viven en asentamientos de la reforma agraria, localizados
en las regiones donde predomina el monocultivo agrícola del interior del
estado de São Paulo (Brasil).
La problemática de la violencia de género en el medio rural en el
contexto brasileño será tratada a partir de un doble movimiento: incluir
el discurso de las mujeres oprimidas, por un lado, y de las instituciones
de combate a la violencia, por otro, para un análisis más exhaustivo.
Trabajos relacionados
A pesar de las estadísticas oficiales, se sabe muy poco sobre la verdadera
dimensión de la violencia sufrida por las mujeres rurales en el mundo,
pues la mayor parte de la violencia no es denunciada, ya que ellas temen
represalias por denunciar sus experiencias, al no tener la certeza de que
encontraran ayuda o debido a la percepción de que gran parte de la so-
ciedad tolera realmente esa violencia (Matka, 1991; Devery, 1992; Nolan,
1992 en Alson, 2008).
En este sentido, es fundamental el trabajo académico sobre el
tema; sin embargo, la literatura temática sobre la violencia contra la mujer
rural aún es escasa. Lo mismo ocurre con la investigación sobre crímenes
violentos en áreas rurales, que presta muy poca atención al fenómeno del
abuso de las mujeres rurales y, más específicamente, a la victimización
física y sexual de mujeres por parte de los hombres con quienes cohabitan
(Websdale, 1998). Para este trabajo se ha realizado una revisión de estu-
dios cualitativos y cuantitativos internacionales encontrados sobre el tema.
A partir de investigaciones cuantitativas y cualitativas, DeKeseredy
et al. (2016) identificaron que la violencia no letal contra las mujeres (por
ejemplo, palizas, agresiones sexuales, persecución) ocurre normalmente
en comunidades rurales de todo el mundo y que las mujeres que allí
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viven corren más riesgo de afrontar este problema. Los autores señalan
que en esta revisión sistemática se revela que la proporción de mujeres
rurales asesinadas por sus parejas es mayor que en otras áreas geográ-
ficas, destacando la cultura del uso de las armas en el medio rural. Pese
a las investigaciones desarrolladas, es un desafío obtener datos precisos
sobre violencia de género y feminicidio rural. En este sentido, los autores
destacan que existen grandes desafíos metodológicos en el estudio de la
violencia contra la mujer rural.
Alson (2008) realizó un estudio exploratorio sobre la violencia
contra la mujer en dos comunidades rurales geográficamente aisladas de
Australia. Entrevistó a proveedores de servicios en dichas comunidades
para intentar comprender las percepciones de la violencia contra las
mujeres en estas áreas y cómo los asistentes sociales hacen frente a esa
violencia. La autora descubrió que son agravantes: la ausencia de aloja-
mientos refugio (refuge accommodation), lo que en Brasil se denomina
“casa abrigo” y la dificultad de obtener o la ineficacia de los Apprehended
Domestic Violence Order (AVO), que es un instrumento parecido a la
medida protectora en Brasil, que busca impedir que el agresor se apro-
xime a la víctima y, además, le confisca el arma. La eficacia de los AVO
en lugares aislados es diferente en comparación con una metrópoli, pues
en áreas rurales y aisladas “un AVO es realmente apenas un pedazo de
papel” (Alson, 2008, p. 19), ya que la policía no está presente en estas
áreas para proteger efectivamente a la víctima. Por lo tanto, las mujeres
son mucho más vulnerables cuando viven en situaciones de aislamiento
y poseen pocos medios para buscar asistencia.
Schuler, Hashemi, Riley y Akhter (1996) realizaron una investiga-
ción etnográfica con mujeres de la zona rural de Bangladesh, por medio
de la cual identificaron la relación entre la violencia doméstica contra
las mujeres y su situación de dependencia económica y vulnerabilidad
social. El sistema patriarcal en Bangladesh las aísla en el interior de sus
familias y otorga a los hombres el control sobre la mayoría de los recursos
económicos, situación que las vuelve aún más vulnerables a la violencia.
Las mujeres se consideran una carga económica para sus familias y son
las más propensas a quedarse sin comida. En general, se casan tempra-
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no por el temor de que la dote aumente con la edad y muchas se casan
con hombres mayores. Omvedt (1990 en Schuler et al., 1996) destaca
la conexión entre la violencia contra las mujeres y su vulnerabilidad en
un importante documento de una conferencia de mujeres realizada en
Patna, norte de la India, señalando que la relación entre la violencia y la
explotación económica de ellas y la dependencia es circular.
Kaur y Garg (2009) realizaron un estudio en la aldea Barwala
(India) con mujeres casadas, cuya edad oscilaba entre 18 a 35 años; a
través de la discusión focal, las autoras identificaron que algunas partici-
pantes habían sufrido violencia física incluso durante el embarazo, y que
la gran mayoría había presenciado violencia desde la infancia, dado que
sus madres también eran víctimas de agresiones. Junto con la violencia
física, el abuso verbal era un fenómeno cotidiano; además, el alcoholismo
fue señalado como la principal causa de violencia doméstica. Algunos
familiares de los maridos, principalmente los suegros, también fueron
frecuentes en los relatos, como instigadores de agresiones a las mujeres. La
mayoría de ellas prefirió permanecer en silencio, atribuyendo las lesiones
resultantes de la violencia a alguna otra causa, temiendo consecuencias
como el aislamiento social. La falta de servicios de apoyo para víctimas
de violencia doméstica y la actitud insensible de la policía también fueron
destacados como factores que conducen a un mayor atrapamiento de las
mujeres en el ciclo de la violencia.
Nguyen, Ostergren y Krantz (2008) investigaron la violencia
contra las mujeres en la intimidad en un área rural del norte de Vietnam,
buscando identificar los principales factores de riesgo para las diferentes
formas de violencia. El estudio transversal utilizó un cuestionario dise-
ñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar la
salud y la violencia contra la mujer en diferentes contextos. Se realizaron
883 entrevistas estructuradas a mujeres casadas, con edades entre 17 y
60 años. La prevalencia de violencia física y sexual combinadas fue de
32.7%, y la mayor prevalencia a lo largo de la vida fue el abuso psicológico
(27.9%). En la mayoría de los casos, la violencia era de naturaleza severa
y ejercida en actos repetidos a lo largo del tiempo. Entre los factores de
riesgo para la violencia física y sexual en la vida, y en el último año, se
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encontraron la baja escolaridad de la mujer, baja escolaridad del marido,
baja renta familiar y que el marido tuviera más de una esposa/compañera.
El patrón de factores asociados sólo al abuso psicológico fue diferente,
el bajo estatus profesional del marido y la escolaridad media de la mujer
aparecieron como factores de riesgo.
Según Iyoke et al. (2014), la percepción de la violencia doméstica
en las áreas rurales es poco comprendida, y la mayor parte de los esfuerzos
para erradicar esa práctica nociva se concentra en las áreas urbanas. En
este sentido, las autoras realizaron un estudio comparado y transversal
sobre la percepción de la violencia doméstica entre 836 mujeres: 376 de
una comunidad rural y 460 de una comunidad urbana del sudeste de
Nigeria. La prevalencia de violencia doméstica entre las mujeres rurales
fue significativamente mayor que entre las urbanas (97% versus 81%,
P <0.001). En particular, la prevalencia de violencia física también fue
significativamente mayor: (37.2% versus 23.5%; P = 0.05). Por el con-
trario, las mujeres rurales y urbanas no difieren significativamente en las
proporciones entre las que sufrieron violencia psicológica o sexual. La
proporción de quienes creían que la violencia doméstica era justificable
fue significativamente mayor entre las residentes en la zona rural que
entre las urbanas (58.5% versus 29.6%; P = 0.03).
Song, Zhang y Zhang (2020) realizaron un estudio con datos
extraídos de la tercera ola de la Investigación de Status Social de las
Mujeres de China (CWSS), realizada conjuntamente con la ACWF y
el Departamento Nacional de Estadísticas de China. La muestra com-
prendió 14,040 mujeres de 2,939 aldeas, e investigó el efecto de factores
contextuales sobre el riesgo de que las mujeres sufran violencia doméstica
en la China rural. El estudio confirmó tres hipótesis principales: (1) fac-
tores culturales relacionados a la cultura patriarcal (derecho de herencia
de la mujer, principal fuente de renta de la mujer) fueron relacionados
con un mayor riesgo de violencia doméstica; (2) se verificó que un factor
institucional —la realización de más campañas de información sobre
los derechos de las mujeres— está asociado a un menor riesgo de sufrir
violencia doméstica; (3) los efectos institucionales fueron especialmente
significativos en comunidades con cultura patriarcal.
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Entre 2010 y 2012 Gupta et al. (2013) realizaron un estudio de
ensayo aleatorizado controlado no ciego con grupos de diálogo sobre
género y grupos de empoderamiento económico; éste buscaba analizar la
violencia practicada por compañeros íntimos contra mujeres en la zona
rural de Costa de Marfil. Entre las variables evaluadas estaban las actitu-
des relacionadas con la justificación por agredir a la esposa y la capacidad
de ellas para rechazar el sexo con el marido. Los mejores resultados se
obtuvieron al combinar los grupos de formación, concienciación y diálogo
sobre género con intervenciones de empoderamiento económico.
El estudio de DeKeseredy y Hall-Sanchez (2016), realizado por
medio de entrevistas en profundidad con 55 mujeres rurales de Ohio,
región centro-este de los Estados Unidos, identificó que la pornografía
es un componente importante del abuso de mujeres rurales y que hay
una pornificación de la cultura rural. Las autoras hacen hincapié en las
dificultades específicas de las comunidades rurales, teniendo en cuenta el
aislamiento social y geográfico, las oportunidades limitadas de trabajo, la
falta de servicios sociales y la ausencia de transporte público.
Websdale (1998) realiza una etnografía para analizar la violencia
contra la mujer en la zona rural de Kentucky, en el sudeste de los Estados
Unidos. El estudio concluye que las mujeres son mucho más propensas
a sufrir violencia por parte de los hombres con quienes mantienen rela-
ciones íntimas que con aquellos que les son extraños. El autor identifica
interconexiones entre la victimización de mujeres agredidas y el medio
geográfico y sociocultural rural, llamando la atención sobre el patriarcado
rural, cuyas principales características son el aislamiento geográfico y
cultural de las mujeres.
Por su parte, Jakobsen (2016, p. 415 en DeKeseredy, 2016, p.
316), concluyó que la violencia contra las mujeres rurales en Tanzania es
“socialmente legítima para mantener un orden social específico”.
Friederic analizó la violencia contra la mujer en Las Colinas,
región rural en el noroeste de Ecuador, considerada como una tierra sin
ley, pues carece de recursos legales, judiciales e institucionales, caracte-
rizada por una masculinidad agresiva y machismo excesivo, donde la
violencia —que golpea a mujeres y niños— es frecuente y legitimada.
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Son diversas las formas de violencia familiar: física, psicológica, sexual y
económica. La autora relata que desde el año 2000 varias organizacio-
nes no gubernamentales han realizado talleres sobre los derechos de las
mujeres; sin embargo, los efectos generados en las relaciones sociales y
en los índices de violencia son contradictorios debido a la vulnerabilidad
social y económica, y por las discrepancias entre subjetividades basadas en
derechos y comprensiones preexistentes de sí mismas, del self. En varias
ocasiones, la violencia es interpretada como un castigo de las mujeres a
los hombres de forma merecida, y la violencia doméstica es generalmente
considerada un asunto privado. Por ello, la autora destaca la importancia
de desnaturalizar y desculturalizar las explicaciones de la violencia para
que puedan realizarse acciones efectivas.
Aunque la mayor parte de las investigaciones están relacionadas
con la violencia física, DeKeseredy (2016) destaca la importancia de que
los actos que no impliquen fuerza física sean considerados como graves
en futuras investigaciones rurales. Aquí se inscriben amenazas, miedo y
detención ilegal, que pueden aterrorizar a las mujeres o que sufran traumas
extremos, aunque no presenten hematomas o cortes.
Según DeKeseredy (2016), las mujeres rurales constituyen un
gran grupo de riesgo, pero históricamente han recibido poca atención
de la comunidad científica. Los estudios bibliométricos realizados por
Jordan (2009 en DeKeseredy, 2016), muestran que la mayoría de los es-
tudios sobre violencia contra la mujer rural están basados en psicología,
psiquiatría, enfermería y medicina. Estas disciplinas tienden a centrarse
más en los individuos, y pierden de vista que las relaciones sociales, cultu-
rales, políticas y económicas más amplias estructuran la violencia contra
las mujeres. No obstante, el trabajo feminista etnográfico realizado por
Gagne (1992, 1996), sobre el abuso de mujeres rurales, es emblemático
y ha jugado un papel importante para despertar el interés sobre el tema
en la investigación sociológica contemporánea. A partir de entonces,
surgieron otros libros académicos, artículos en revistas y estudios, en su
mayoría cualitativos. Y es justamente en la perspectiva sociológica que
se inserta el presente trabajo.
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Referencial teórico
Se adoptaron categorías teóricas que ofrecen herramientas analíticas
para entender la articulación de múltiples diferencias y desigualdades
que, unidas a género, permean lo social: las categorías de articulación o
interseccionalidades (McKlintock, 2010; Crenshaw, 2002; Brah, 2006;
Collins, 2022). Las experiencias vividas por medio de esas categorías no
están disociadas entre sí ni pueden combinarse como en un juego de rom-
pecabezas, por lo cual se pensarán como categorías articuladas que existen
de forma relacional y contextual, como propone McKlintock (2010).
A través de la teoría de la interseccionalidad se investiga cómo
influyen las relaciones de poder en las sociedades marcadas por la diver-
sidad, así como las experiencias individuales en la vida cotidiana. Como
herramienta analítica, la interseccionalidad considera que las categorías
de género, clase, raza, nacionalidad, origen, orientación sexual, capacidad,
etnia y grupo de edad, entre otras, están interrelacionadas y se moldean
mutuamente (Collins y Bilge, 2021, p. 16-17).
El uso de esta teoría apunta a varias dimensiones importantes
del crecimiento de la desigualdad global, destacándose que la diferencia
social no se aplica igualmente a mujeres, niños, personas negras, discapa-
citados, poblaciones indocumentadas, residentes de zonas rurales, grupos
indígenas, entre otros.
En vez de ver a las personas como una masa homogénea e
indiferenciada de individuos, la interseccionalidad proporciona estruc-
tura para explicar cómo categorías de raza, clase, género, edad, estatuto
de ciudadanía y otras colocan a las personas de manera diferente en el
mundo. Algunos grupos son especialmente vulnerables a los cambios
en la economía global, mientras que otros se benefician despropor-
cionadamente de ellas (Collins y Bilge, 2021, p. 35).
La desigualdad social es objeto fundamental de investigación de
la teoría interseccional, la cual contribuye al análisis de la disparidad de
renta como algo conectado con otras categorías como género, raza, edad
y ciudadanía, pues las desigualdades reflejan sistemas de poder interco-
nectados (Collins y Bilge, 2021).
Cuando se trata de violencia, el uso de la interseccionalidad como
herramienta analítica muestra la relación sinérgica entre investigación y
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praxis crítica, cuyo ejemplo emblemático fue el trabajo innovador desarro-
llado por Kimberlé Crenshaw, en el cual argumenta que la investigación
y la praxis interseccionales son necesarias para abordar el problema so-
cial de la violencia contra las mujeres negras, destacando las relaciones
estructurales de poder y una matriz de dominación.
Según Crenshaw (2002), diversas experiencias específicas de sub-
ordinación interseccional no son adecuadamente abordadas o analizadas,
lo cual genera cierto grado de invisibilidad; esto implica a mujeres margi-
nadas, incluso en circunstancias en las cuales se tiene algún conocimiento
sobre sus problemas o condiciones de vida. La invisibilidad puede derivar
de dos tipos de enfoques: subinclusivas, donde la diferencia hace invisible
un conjunto de problemas, o súperinclusivas, donde la propia diferencia
es invisible. Eso ocurre “en contextos donde fuerzas económicas, cultu-
rales y sociales moldean silenciosamente el telón de fondo, para poner
a las mujeres en una posición donde acaban siendo afectadas por otros
sistemas de subordinación” (Crenshaw, 2002, p. 176).
Según Viveros Vigoya (2016, p. 9), el concepto de intersecciona-
lidad ha sido muy útil para superar el modelo hegemónico de la mujer
universal, y “para comprender las experiencias de las mujeres pobres y
racializadas como producto de la intersección dinámica entre el sexo/
género, la clase y la raza en contextos de dominación construidos histó-
ricamente”.
Las experiencias sociales de una gran parte de las mujeres lati-
noamericanas las han forzado a tener en cuenta y a hacer frente a niveles
teóricos, prácticos y políticos, a distintas simultáneas e intersectadas
formas de opresión (Wade, 2009 en Viveros Vigoya, 2016, p. 9). Tal pers-
pectiva teórica y metodológica será adoptada para analizar la condición
de la mujer rural en varias partes del mundo.
Los estudios de sociología y ciencia política que adoptan el concep-
to de interseccionalidad enfatizan la importancia de incluir la interacción
entre estructuras e instituciones en el nivel macro, e identidades y vidas
vividas en el nivel micro (Christensen; Jensen, 2012). Christensen y Jen-
sen (2012) destacan la importancia de que los análisis interseccionales
partan de la recolección de datos sobre el perfil social y simbólico del área,
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
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así como que tenga las narrativas de historia de vida y la vida cotidiana
como puntos de partida. De esta forma, las categorías y sus intersecciones
surgen a medida que las personas cuentan sus historias de vida. Ésta fue
la opción metodológica de esta investigación.
Ubicación del problema en el contexto
La investigación empírica se realizó en un asentamiento rural de la refor-
ma agraria, un conjunto de unidades agrícolas instaladas por la institución
responsable de la formulación y ejecución de la política agraria nacional:
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Cada
una de esas unidades (lotes), y que estaban desocupadas, se destinaron a
trabajadores rurales sin tierra para el cultivo; es decir, a familias sin con-
diciones económicas para adquirir y mantener una finca rural por otras.
La investigación se realizó en el estado de São Paulo, que es actual-
mente el mayor productor de azúcar y alcohol en Brasil; la materia prima
se exporta para fomentar, fundamentalmente, la producción de etanol. En
los últimos años se ha originado un proceso intenso de mecanización del
corte de la caña de azúcar en el interior del estado de Sao Paulo.
La macrorregión de Ribeirão Preto, donde se encuentra el asen-
tamiento de este estudio, es considerada como la capital del agronegocio,
donde la modernización tecnológica convive con la degradación ambiental
y con la pauperización de los/as agricultores/as familiares, que están geo-
gráficamente aislados en asentamientos de la reforma agraria en medio del
monocultivo de la caña. Éste utiliza la técnica de pulverización aérea de
agrotóxicos y pesticidas para el control de las plagas, muchos de ellos ya
prohibidos en Europa, por ser comprobadamente cancerígenos. La región
ya presenta altos índices de contaminación del agua por la presencia de los
agrotóxicos utilizados en el cultivo de la caña de azúcar (Acayaba, 2017).
El lugar de la investigación, el Asentamiento Bela Vista do Chi-
barro, era anteriormente una hacienda de producción de café y después
formó parte de la Central Tamoio. El proceso de desapropiación se inició
en 1989 y la creación del asentamiento ocurrió después de 1990. Este
lugar tiene una capacidad de 210 lotes y 201 familias asentadas, con un
área de 3842.3219 hectáreas.
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El medio rural brasileño está marcado por conflictos de contra-
dicciones históricas, lo que origina problemas con las cuestiones agrarias,
agrícolas y de propiedad de las tierras. La disputa entre agricultura
empresarial y familiar presenta grandes disparidades en beneficio de la
agricultura capitalista competitiva y proveedora de materias primas, cali-
ficada de agronegocio, y en detrimento de la agricultura familiar asociada
a la reforma agraria, peyorativamente relacionada a “compensaciones
sociales costosas para el contribuyente” (Sabourin, 2007, p. 718). Esta
representación persiste, incluso siendo las personas pequeñas productoras
rurales, quienes son responsables de más del 70% de la producción de
los principales alimentos que van a la mesa de los brasileños, a pesar de
ocupar sólo 24.3% del área total de los establecimientos rurales del país
(Iasulaitis, Chiariello y Pineda, 2016; IBGE, 2006). Tal hecho ocurre
porque las grandes propiedades destinan su producción al mercado ex-
terno y siembran monocultivos que generalmente no forman parte de la
base alimenticia del brasileño, como la caña de azúcar, la soja, el algodón,
entre otros. Los grandes productores gozan de fácil acceso a créditos para
la producción rural, a partir de los cuales adquieren pertrechos e insumos
agrícolas que garantizan un alto índice de productividad y, en consecuen-
cia, de beneficios. Por el contrario, la mayoría de la gente productora rural
brasileña vive y desarrolla actividades económicas en pequeñas y medianas
propiedades, donde la mano de obra está limitada a los miembros de la
familia, y cuyas propiedades están desprovistas de recursos tecnológicos
(máquinas agrícolas, ordeñadora mecánica e insumos agrícolas) y de
asistencia técnica (apoyo de agrónomos, por ejemplo). Esa contradicción
genera innumerables problemas, como se expone a continuación.
Metodología
La investigación puede considerarse un estudio de caso, y debido a que
es de naturaleza cualitativa y cuantitativa se considera mixta. Las técnicas
de recolección de datos que se utilizaron fueron: análisis bibliográfico,
análisis de contenido de documentos, encuestas y entrevistas en profun-
didad a mujeres del asentamiento y a responsables institucionales, así
como análisis de datos cuantitativos.
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También se utilizó la técnica de observación participante, la cual
buscó identificar y analizar la realidad de las circunstancias en las que se
encuentran las mujeres que viven en asentamientos de la reforma agraria,
en el interior del estado de São Paulo (Brasil). Esto se hizo en medio de
las visitas de campo, indispensable para realizar un diagnóstico situacional
de la violencia de género. El análisis empírico se realizó en el asentamiento
Bela Vista de Chibarro, localizado en el municipio de Araraquara, con
un área de 3842.3219 hectáreas.
Los campamentos preceden a los asentamientos rurales y se
caracterizan por la ocupación de tierras improductivas por familias sin
condiciones económicas para adquirir y mantener un inmueble rural por
otras vías; se les facilitan para que promuevan su desarrollo económico
y cumplan su función social, principio básico de la reforma agraria. Un
asentamiento rural es un conjunto de unidades agrícolas, creado por la
institución responsable de la formulación y ejecución de la política de
terrenos agrarios nacional o estatal que, después de invertir en tierras
(las recibe legalmente), transfiere cada una de esas unidades (lotes) a
trabajadores rurales sin tierra para que la cultiven.
En el medio rural existe gran incidencia de analfabetismo total y
funcional, por ese motivo se utilizó la técnica de entrevistas en profun-
didad con las mujeres residentes en los asentamientos. La muestra fue de
44 mujeres entrevistadas en un universo de 212 lotes/familias y se usó un
proxy que define como muestra relevante el 10% de las familias estables
en cada asentamiento (Leite, Herendia y Medeiros, 2004); también se
alcanzó un marcador para adecuar la selección de la muestra (O’Reilly
y Parker, 2012), lo que es denominado en la literatura como “saturación”
(Mason, 2010). El índice de confianza trabajado fue del 95%.
Algunos compañeros de las mujeres rurales estaban presentes en
el momento de la entrevista; por ello, junto con la Asociación de Mujeres
se realizaron talleres para atraerlas a un local neutro, donde las entrevistas
no fueron controladas. Los talleres fueron de productos artesanales con
hoja de bananera y maíz, con el suministro de insumos presentes en el
entorno inmediato, fabricación de pan, artesanías con tejidos (fuxico) y
musicalización para mujeres.
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En el cuestionario diseñado para las entrevistas se incluyeron
ejemplos para que las mujeres pudieran identificarse con la situación,
aunque no fueran conscientes de que aquellas acciones constituían alguna
violencia; por ejemplo, había las siguientes preguntas:
• Violencia patrimonial: ¿Alguien con quien convive destruyó, le pri-
vó, le retiró algún objeto suyo, o instrumentos de trabajo, documen-
tos personales, bienes, valores y derechos o recursos económicos?
¿Te forzó a darle tu contraseña bancaria sin que quisieras? ¿Buscó
controlar tus nanzas personales? Si preguntamos: ¿Usted sufre
violencia patrimonial?, las víctimas potenciales probablemente no
la comprendan porque no es una terminología comúnmente co-
nocida. De la misma manera, las demás violencias también eran
ejemplicadas:
• Violencia sexual (violación): ¿Alguien ya te obligó o forzó a tener
relaciones íntimas, sexuales, sin que quisieras, a la fuerza o hacién-
dote daño de alguna forma? ¿Ya tuvo alguna relación por miedo
a que pudiese ocurrir algo si se negaba?
• Violencia moral: ¿Existió alguna circunstancia en que su marido/
pareja/compañero le acusara de algo que no hizo, le llamó algo
que no es o la ofendió? ¿En ese caso, hubo algún insulto o difa-
maciones implicadas? ¿Su compañero o algún excompañero te
expuso, habló mal de ti, mostró fotos íntimas tuyas?
• Violencia psicológica: ¿Te sentiste humillada por su marido/pareja/
compañero? ¿Su pareja actual o anterior intentó impedirle ver a
sus amigos? ¿Limitó su contacto con su familia? ¿Insistió en saber
dónde estabas de un modo que excedía la preocupación normal?
¿Controló el tiempo que estuviste fuera de casa?
• Acoso: ¿Consigue acordarse de algún momento en que su mari-
do/pareja/compañero o exmarido/expareja/excompañero la per-
siguiera?
• Violencia institucional: ¿Ya vivió alguna situación en que se sintiera
no respetada en algún órgano gubernamental, institución pres-
tadora de servicio público o por funcionarios públicos? ¿Fue mal
atendida, con servicio de pésima calidad?
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
Por tanto, las preguntas sobre violencia doméstica se construyeron
a partir de situaciones ejemplificadas para que las mujeres se identificaran
con trece tipos de violencia: asedio moral, violencia moral, psicológica,
física, patrimonial, doméstica, retención ilegal, tráfico de mujeres, explo-
tación sexual, explotación sexual de niñas y adolescentes, violencia sexual,
asedio sexual y violencia institucional.
Para analizar la efectividad de la red de enfrentamiento a la violencia,
se realizaron entrevistas a miembros responsables del tema de las mujeres
de dos niveles de gobierno: en el local, a la coordinadora del Centro de
Referencia de la Mujer (órgano municipal de acogida psicológica y social,
orientación y encaminamiento jurídico) y a la delegada de la Delegación
Especializada de Atención a la Mujer (unidad especializada de la Policía
Civil del Estado de Sao Paulo, con un perfil más preventivo y represivo).
También se realizó un análisis documental de la ley brasileña
de Combate a la Violencia de Género (nº 11,340/2006), de artículos
del Código Penal Brasileño y de las directrices de la Política Nacional
de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres, elaboradas por la
Secretaría Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres
y a la Secretaría de Políticas para las Mujeres.
Desde el punto de vista ético, la investigación ha seguido las
normas de investigación vigentes en Brasil, utilizando un Formulario
de Consentimiento Libre y Explicado, que preveía que la participación
de la entrevistada no era obligatoria; que en cualquier momento podría
desistir de participar en la investigación y retirar su consentimiento;
que se le aseguraba la confidencialidad de la participación y que los
datos no serían divulgados de forma que fuera posible identificarla. El
formulario fue firmado por cada una de las participantes y responsables
institucionales. El guion de las entrevistas y demás documentos relati-
vos al consentimiento y a los parámetros éticos de la investigación son
presentados en los apéndices.
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Tipicación de la violencia de género
Antes de proseguir con el análisis de este problema de investigación, es
necesario situar el concepto de violencia que hemos adoptado en esta
investigación:
Se trata de violencia la quiebra de cualquier forma de integri-
dad de la víctima: integridad física, psíquica, sexual, moral. Se observa
que sólo la psíquica y la moral se sitúan fuera de lo palpable. Aun así, si
la violencia psíquica enloquece a la víctima, como puede ocurrir […],
ella se hace palpable (Saffioti, 2015, p. 18).
En Brasil, en 1994 se produjo la Convenção de Belém do Pará (1994,
s/p), donde se definió que la violencia contra la mujer es: “Cualquier acto o
conducta basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en la esfera pública como en la privada”.
El concepto de violencia contra las mujeres es bastante amplio y
comprende diversos tipos, incluso la Política Nacional de Enfrentamiento
a la Violencia contra las Mujeres también reconoce los diversos tipos
de esta práctica. En este estudio, se ha utilizado la tipología general de
violencia de género que consta en el documento oficial de la Secretaría
Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres (SNEVM)
y de la Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM) del gobierno federal
brasileño, elaborada en 2011. Los tipos de violencia contra la mujer se
definen de la siguiente manera:
• La violencia doméstica es un tipo de violencia de género y presu-
pone cualquier acción u omisión basada en el género que cause
muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daño moral
o patrimonial, ocasionada en el ámbito doméstico y familiar, que
implique cualquier relación íntima de afecto, en la cual el agresor
conviva o haya convivido con la ofendida, independientemente
de la cohabitación, según lo previsto en la ley No. 11,340 del 7 de
agosto de 2006, artículo 5° de la ley también vale para omisiones,
o sea personas que asisten, se enteran y no hacen nada al respecto,
que también son susceptibles de castigo legal. Conviene destacar
que la Ley Maria da Penha no se limita solamente a agresiones
que presentan lesiones visibles, o sea, las corporales. La violencia
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
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física es más en un campo general de violencias, que incluye a to-
das las demás. Ella no es la única y muchas veces no se produce
de forma aislada, sino acompañada de otras formas de violencia.
• La violencia moral se produce mediante difamaciones, calumnias
o injurias. La violencia sexual ocurre cuando una mujer mantiene
contactos sexuales, verbales o físicos por medio del uso de la fuerza,
la coacción, amenaza, manipulación; sería, sobre todo, la falta de
consideración del “no” proferido por la víctima o del límite personal
mostrado por ella. La violencia sexual también se materializa en
expresiones verbales o corporales que provocan desagrado, como
toques y caricias no deseados, prostitución y participación forzada
en pornografía, relaciones sexuales forzadas, tanto por coacción
física como por miedo de lo que pueda ocurrir (Taquette, 2007).
• La violencia física se perpetúa en cualquier tipo de práctica y con-
ducta que pueda ofender la integridad o salud corporal de la mujer.
• La violencia psicológica incide en las funciones cognitivas y se reere
a todas las prácticas que causen daños emocionales o que perju-
diquen el pleno desarrollo de la víctima o que busque degradar o
controlar sus acciones; también forman parte de este rol de vio-
lencia los comportamientos, creencias y decisiones mediados por
la vigilancia constante, persecución, ridiculización, explotación,
amenaza, humillación, manipulación, así como por las restriccio-
nes, el aislamiento y la limitación del derecho de ir y venir o cual-
quier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y a la
autodeterminación de la víctima (SNEVM y SPM, 2011, p. 22).
• La violencia patrimonial está vinculada a las conductas que supo-
nen la sustracción y la destrucción parcial o total de objetos de la
víctima, incluyendo herramientas de trabajo, documentos perso-
nales y recursos económicos.
• La violencia institucional es aquella practicada por acción u omisión
en las instituciones prestadoras de servicios públicos (Taquette,
2007). Las víctimas de agresiones son “a veces, ‘revictimizadas’ en
los servicios cuando: son juzgadas; no se respeta su autonomía;
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son forzadas a contar la historia de violencia numerosas veces”
(SNEVM y SPM, 2011, p. 23).
• La trata de mujeres centra en la perspectiva de los derechos huma-
nos de las mujeres, cuyo movimiento de personas, sea dentro del
territorio nacional o entre países, se produce mediante el uso de
engaños o de coacción, incluyendo amenaza de la fuerza, abuso
de autoridad o situación de vulnerabilidad (aspectos menciona-
dos en la denición del Protocolo de Palermo), cuyo objetivo es
la explotación (sexual, laboral o servicios forzosos, incluyendo el
servicio doméstico, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud,
servidumbre, extracción de órganos, matrimonio servil).
• La explotación sexual de mujeres, según el Código Penal Brasileño
se produce a partir del hecho de inducir o atraer a alguien a satis-
facer la lascivia de otro. La explotación sexual mercantil de mujeres
y la explotación sexual mercantil de niñas y adolescentes también es
considerada como formas de violencia contra las mujeres, pues se
tratan de violaciones a la declaración de los derechos humanos,
precisamente al derecho de desarrollo de una sexualidad saluda-
ble, “así como una amenaza a la integridad física y psicosocial”
(SNEVM y SPM, 2011, pp. 23-24).
• Los asedios sexuales y morales también son considerados como prácticas
violentas. El asedio sexual se concreta en el acercamiento no esperado
o querido por el otro, con infracciones sexuales o de abuso de poder
por parte de alguien con posición privilegiada, que lo utiliza como
ventaja para obtener favores sexuales de sus subalternos o depen-
dientes. Por tanto, el asedio sexual es un delito, según el art. 216-A,
del Código Penal, modicado por la Ley No. 10,224 del 15 de mayo
de 1991 (SNEVM y SPM, 2011, p. 24). El asedio moral corresponde
a cualquier comportamiento abusivo que, intencionalmente, pueda
herir la dignidad e integridad física o psíquica de alguna persona.
Y, finalmente, la última forma de violencia tipificada es la retención
ilegal que, según el Art. 148 del Código Penal Brasileño, se produce cuando
alguien es privado de su libertad y mantenido en algún local contra su
propia voluntad (SNEVM y SPM, 2011, p. 24).
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Resultados
Presentación de los datos y análisis
Identificamos que una de cada tres mujeres entrevistadas sufre o ha sufrido
algún tipo de violencia, lo que corresponde al 73% del total.
Gráco 1. ¿Sufrió algún tipo de violencia? (en %)
Fuente: Elaboración propia.
Cuando se preguntó a las mujeres entrevistadas sobre la incidencia
de violencia en el ámbito doméstico/familiar, el 16% afirmó que sí en esta
categoría, mientras que el 45% dijo no haber sufrido nunca este tipo de
abuso; el 39% no respondió a la pregunta (llamó la atención el porcentaje
tan alto). Es muy probable que las mujeres tengan miedo de responder,
por eso permanecen en silencio.
Las mujeres que respondieron no a la cuestión sobre violencia
doméstica cambiaron la respuesta a sí cuando se les ejemplificaron formas
de violencia; este hecho demuestra que muchas mujeres no eran cons-
cientes de otras formas de violencia tipificadas en la ley nacional. Para
ellas, violencia doméstica es sinónimo de violencia física; no obstante,
estas mismas mujeres respondieron positivamente a los ejemplos de los
tipos de violencias mostrados en el gráfico 3.
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Gráco 2. Violencia doméstica
Fuente: Elaboración propia.
Gráco 3. Tipicación de violencia
Fuente: Elaboración propia.
Cuando se les pregunta si conocen a alguna mujer que sufra algún
tipo de violencia, el 52.27% afirma que sí. Algunos fragmentos de las
entrevistas transcritas demuestran la magnitud de las situaciones: “Mi
hermana sufrió violencia durante diez años, pero no conseguía separarse
del marido, por sufrir amenazas constantes” (Rosa, 2018, entrevista rea-
lizada en el trabajo de campo).
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En lo que respecta al local de la agresión, el 63% de las mujeres
afirman haberlo sido en su propia casa, mientras que el 25% señaló que
ocurrió en la categoría de en su casa/en la calle, y sólo una entrevistada
afirmó haber sido agredida en la calle y otra no respondió.
Gráco 4. Local de la agresión (en %)
Fuente: Elaboración propia.
Con relación al conocimiento/desconocimiento del agresor, obser-
vemos los datos para la pregunta: ¿Quién la violó? El 75% de las mujeres
afirmó haber sido violada por el marido/exmarido; el 13% que el agresor
está en la categoría de marido/exmarido/padre; el 6% que había sido
agredida por su propio padre/otros y el 6% que el agresor era desconocido.
Según los datos de la investigación, de las 44 mujeres entrevistadas,
ocho afirmaron haber sufrido violencia sexual o física antes de los 15 años,
26 respondieron negativamente, pero 10 de ellas no respondieron a esta
cuestión. En este caso se debe tener en cuenta el silenciamiento como
un dato para analizar este cuadro estructural, algo que ocurre a menudo
entre las mujeres del medio rural. El 47.73% afirmó haber sufrido abuso
sexual, el 40.91% respondió negativamente a esta cuestión y llama la
atención que el 11.36% optaran por no responder. En esta misma tipifi-
cación 9.09% de las entrevistadas afirmaron haber sido violadas y 65.91%
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de ellas optaron por no responder, mientras que las restantes aseguraron
que no hubo violación, contabilizando el 25%.
Gráco 5. ¿Quién la violó? (en %)
Fuente: Elaboración propia.
Las cuestiones sobre violación tuvieron que ser minuciosamente
ejemplificadas, ya que muchas no respondieron al principio, pues la en-
tendieron sólo como acto sexual con penetración sin el consentimiento
de la víctima, cuando en realidad se trata de cualquier tipo de acto sexual
sucedido bajo presión, sin el consentimiento del otro; como ejemplo, cuan-
do se le preguntó a una entrevistada si había sufrido violación o violencia
sexual, lo negó, pero ante la pregunta de si había tenido alguna relación
por miedo a que pudiese ocurrir algo si se negaba, respondió que sí:
Ya tuve sí. Yo vivo aquí en la plantación, pero trabajo en la
ciudad, en una empresa subcontratada de limpieza. Trabajamos en
grupo, y mientras algunas chicas limpian, el supervisor entra en el
baño con una de nosotras y nos hace hacer sexo oral con él. Cada día
es con una. Es horrible, pero la gente tiene miedo de perder el empleo
(Amapola, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Sin embargo, el silencio sobre la cuestión anterior se produce
en un mayor porcentaje (65.91%), lo cual reafirma el tabú en nuestra
construcción social en lo que respecta a la violencia sexual y que puede
culminar, muchas veces, en el mutismo de las víctimas.
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
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En el apartado de violencia sexual llama la atención que las en-
trevistadas afirman haber sido forzadas a las prácticas sexuales por sus
propios compañeros. Una de ellas, ya viuda, afirma: “Él no dejaba pasar
nada. Yo podía estar mal (enferma) que lo tenía que hacer” (Petunia, 2018,
entrevista realizada en el trabajo de campo).
La violación marital también fue ejemplificada por otra entrevis-
tada, pero justificándolo como siendo “cosa de hombres”:
No puedo dejar de hacerlo ni cuando estoy menstruando... A
veces no quiero... Él no acepta el no por respuesta e insiste hasta que
lo consigue... Sabe cómo son los hombres, quieren eso todo el tiempo.
Este tipo de concepción llega incluso a las profesionales del área
de salud, según lo que afirmó la entonces coordinadora del Centro de
Referencia de la Mujer en una entrevista que nos concedió:
La propia agente de salud que la atendíano percibía la
violencia que ella estaba sufriendo, que era una cuestión de violación
marital… ella no quería, pero aquello ocurría siempre…Y la gente
necesitó ir allí y conversar con la chica para percibir toda la violencia
que estaba sufriendo y la agente de salud que la acompañaba todos los
días naturalizaba, hablaba: “ah… él pone comida en casa, ¡pone todo…”
tipo “Ah! Él la deja vivir allí, entonces, ella tiene que…” (A.V, 2018,
entrevista realizada en el trabajo de campo con la coordinadora del
Centro de Referencia de la Mujer).
Con relación al acoso, 31.82% responde que lo sufren o lo han su-
frido, el 50% del total responde no sufrir ningún tipo de acoso y el 18.18%
no respondió a esta pregunta. El acoso también fue relatado: “Yo trabajaba
en el mercado, él me seguía y se ponía delante fiscalizándome” (Hortensia,
2018, entrevista realizada en el trabajo de campo). Algunas mujeres también
se refirieron al asedio por parte de los conductores de autobuses.
El 50% de las mujeres que respondieron sufrir acoso afirmaron
que esta violencia es frecuente (siempre), mientras que el 21% respondió
que le ocurre a veces y, finalmente, el 29% no respondió a la pregunta.
La violencia psicológica se muestra muchas veces más sutil y
compleja, lo que dificulta identificarla, pues no está materializada o cor-
porificada entre las agresiones, pero también puede tener consecuencias
perjudiciales para la salud mental de las mujeres. Al identificarse con los
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ejemplos de este tipo, el 57% afirmó haberla sufrido, el 32% respondió que
no, y el 11 % no respondió a la pregunta. El 32% de ellas respondió que
esta violencia ocurre siempre, el 24% respondió que a veces y las demás,
el 44% restante no respondió.
Gráco 6. Frecuencia del acoso (en %)
Fuente: Elaboración propia.
Gráco 7. Frecuencia de la violencia psicológica (en %)
Fuente: Elaboración propia.
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Algunas entrevistadas sufrieron violencia psicológica por parte
de sus padres y posteriormente de sus compañeros, como explica esta
entrevistada:
Quedé embarazada con 15 años, fui obligada por mi padre
a casarme. Todo lo que él hacía conmigo (abuso psicológico), ahora
mi compañero lo hace más (Verbena, 2018, entrevista realizada en el
trabajo de campo).
La violencia psicológica fue frecuente en situaciones que implica-
ban infidelidades por parte de los compañeros: “Mi marido me engañaba
con una chica de la edad de mi hija y siempre decía que la culpa era mía,
me insultaba mucho, me llamaba fea, vieja” (Rosa, 2018, entrevista rea-
lizada en el trabajo de campo). También se relató violencia psicológica
ejercida por medio del control: “Yo tenía que ir con la cabeza baja. No
podía mirar para los lados, no podía hablar con nadie, porque si no él
peleaba conmigo allí mismo, frente a todo el mundo. La orden de él era
estricta” (Hortensia, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Además, se contaron otras formas de este tipo de violencia. A una mujer
que huyó de su casa le prohibieron ver a los hijos de su primer matrimo-
nio: “Me gustaría mucho verlos, pero nunca más los vi” (Amapola, 2018,
entrevista realizada en el trabajo de campo).
El 34% de las entrevistadas afirmó haber sufrido violencia patri-
monial, el 52% respondió que no y el 14% no respondió. Con este tipo
de violencia se identificaron muchas mujeres a las que destruyeron sus
pertenencias:
Mi marido quemó varias ropas mías, diciendo que eran es-
candalosas (Petunia, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Mi compañero rasgó mi carnet laboral y no puedo encontrar
empleo”. “Él hizo desaparecer un anillo muy especial para mí (Calén-
dula, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
La gente estaba en una fiesta, él ya estaba borracho, entonces
rompió mi móvil, sólo porque yo estaba haciendo fotos y posteando
(en redes sociales digitales) (Petunia, 2018, entrevista realizada en el
trabajo de campo).
Otra entrevistada afirmó que el compañero rasgó sus ropas en su
propio cuerpo, debido a los celos.
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Iasulaitis, S.; Pineda Nebot, C.; dos Reis Fernandes, A.C.; Fassa La Scalea, L. | Pp. 4-50
El 56.82% de las entrevistadas afirmó haber sufrido violencia
moral, mientras que el 27.27% respondió que no a esta categoría y el
15.91% no respondió esta cuestión.
Gráco 8. Frecuencia de la violación moral (en %)
Fuente: Elaboración propia.
La violencia tipificada como institucional fue respondida de la
siguiente manera: el 23% de las entrevistadas afirmó haber sufrido este
tipo de violencia, el 66% respondió que no y el 11% no respondió. El
tipo de violencia institucional más frecuente es la falta de información
cualificada por parte de las instituciones públicas:
En el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) alegaron
que yo no tenía derecho a pensión por fallecimiento. Tuve que buscar
un abogado para conseguir acceder a mi derecho (Verbena, 2018,
entrevista realizada en el trabajo de campo).
Otra entrevistada alegó que la falta de información en el servicio
público de salud conllevó un aborto:
Estuve ingresada y cuando me fueron a dar el alta dijeron que
tenía una infección, pero no me dijeron que clase de infección era, yo
no sabía que era grave. No conseguí el medicamento, no me cuidé a
tiempo y perdí al bebe. Comencé a sangrar en la ducha. Cuando fui
atendida, ya era tarde (Iris, 2018, entrevista realizada en el trabajo de
campo).
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
El 73% de las entrevistadas sufrió algún tipo de violencia, por
eso uno de los objetivos fue investigar si ellas denunciaron. Los datos
obtenidos demuestran que apenas una parte ínfima lo hace: sólo el 19%
de las mujeres entrevistadas denunciaron a sus agresores, mientras que
el 31% no buscaron ayuda de los órganos públicos. El 50% restante de
las mujeres no respondieron.
Gráco 9. ¿Denunció? (en %)
Fuente: Elaboración propia.
Los datos demuestran que el silencio, en general, fue una constante.
Es posible percibir que apenas hubo denuncias en casos muy graves de
violencia física, como en este relato: “Sí denuncié. Mi exmarido intentó
matarme tres veces. Llegó a golpearme con una azada en la cabeza. Tuve
que huir de casa” (Petunia, 2018, entrevista realizada en el trabajo de
campo). Para las mujeres de más edad, la denuncia sería sinónimo de
divorcio, lo que era considerado tabú: “En mi época, quien se divorciaba
era peor vista que las que tenían sida” (Hortensia, 2018, entrevista reali-
zada en el trabajo de campo).
Algunas mujeres afirman no denunciar debido a que las experien-
cias de otras mujeres no habían sido positivas: “No tenemos asistencia,
sólo queda en el papel [...] Nadie reclama” (Petunia, 2018, entrevista
realizada en el trabajo de campo).
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Iasulaitis, S.; Pineda Nebot, C.; dos Reis Fernandes, A.C.; Fassa La Scalea, L. | Pp. 4-50
Una de las entrevistadas afirmó que la asistencia a la mujer aún
es muy deficiente:
Yo denuncié y no podía volver a casa. Tardaron meses en
conseguirme una plaza en la Casa de Acogida. Cuando me llamaron,
yo ya me había mudado de ciudad para protegerme. Si tuviera que
morir, habría muerto” (Begonia, 2018, entrevista realizada en el trabajo
de campo).
Varias afirmaron sentir miedo:
Yo tengo miedo, preferiría correr y dormir en el bosque. No
tenía coraje [para denunciar]. Él era muy violento. No denuncié, fui a
casa de mi hermano. Tuve que usar ropa de él, porque yo no tenía ni
con qué vestirme. Salí en zapatillas y con la ropa que llevaba (Camelia,
2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Otras por no tener a quien recurrir: “¿A quién voy a llamar? Tiene que
haber un testigo” (Petunia, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
Muchas alegaron dependencia financiera y falta de coraje por tener hijos. La
importancia de la dependencia económica como variable que interviene para
no denunciar y mantener la relación con el agresor es del 85%.
De las mujeres entrevistadasque afirmaron haberdenunciado o
haberlo intentado, apenasel 29% de ellasseñalaron que habían tenido
un apoyo efectivo de los órganos de defensa de la mujer, mientras que
el71% afirmó no haberlo tenido, lo que indica una falta grave de apoyo.
Gráco 10. Dependencia económica
Fuente:Elaboraciónpropia.
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
Estos datos muestran que la relación entre mujeres e instituciones
es muy frágil, a pesar de que dichos órganos deben dar seguridad, princi-
palmente física, a las víctimas de violencia. La Ley Maria da Penha prevé
la necesidad de crear medidas que alejen al agresor del lugar en que la
mujer está insertada (Brasil, 2006). Si las víctimas no consiguen apoyo
de las instituciones estarán a merced de su agresor.
Red de enfrentamiento a la violencia contra la mujer en Brasil
El concepto de red de enfrentamiento se refiere a la actuación articulada
entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la comuni-
dad. Busca identificar y encaminar de forma adecuada a las mujeres en
situación de violencia, ampliación y mejora de la calidad de atención,
así como el desarrollo de estrategias deprevención. La red de atención
pretende encargarse de la complejidad de laviolencia contra las mujeres
y del carácter multidimensional del problema, que atraviesa temas como
la salud, la educación, la seguridad pública, la asistencia social yla cultura,
entre otras.
La Ley Maria da Penha explica que el Estado proporcionará todos
los cuidados necesarios a los integrantes de la familia que sufren violencia,
y no únicamente a la mujer; de esta manera es posible crear una red de
apoyo para apartar al agresor de sus víctimas y preservar la integridad de
las mujeres y de sus hijos. Por lo tanto, la intención de la ley es instaurar
mecanismos de combate a la violencia doméstica, por medio de la pro-
tección física y jurídica de la víctima y de sus familiares. Para su puesta
en marcha, la ley prevé la necesidad de crear casas de acogida, delegacio-
nes especializadas en la atención de la mujer, medidas de protección de
emergencia, protección jurídica de los bienes de la víctima, entre otras
acciones de protección y apoyo institucional.
Por ello, se buscó evaluar la estructura de esa red deatención
para atender a las mujeres de campo. Esto se hizo a partir de entrevistas
en profundidad a las responsables de los servicios especializados para la
asistencia y atención de mujeres víctimas de violencia: la entonces coor-
dinadora del Centro de Referencia de la Mujer y con la delegada de la
Delegación Especializada de Atención a la Mujer.
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La atención a las mujeres víctimas de violencia del asentamiento
agrario se inician en la Delegación de la Mujer, a través del registro del
Boletín de Incidencia y la solicitud de una medida de protección. La mujer
es encaminada a una casa-refugio cuando no tiene a dónde ir y su vida
corre peligro. Al preguntar a la coordinadora del Centro de Referencia
de la Mujer si estos procedimientos eran explicados a las mujeres rurales
o si había una atención específica en el propio asentamiento, dada la
distancia de éste al centro de la ciudad, ella relató que:
Llegamos a ir unas dos, tres veces sólo que dejamos de hacerlo
porque ellas no iban, no aparecían. Para nosotras es un desplazamiento
difícil, porque aquí está superpoblado. La cola de las mujeres de la
ciudad ya esgrande. Y a veces la gente tenía que… echábamos toda
una mañana para ir para allá y era raro que ellas aparecieran para hablar
sobreviolencia [...] Entonces eso… ellas saben de nuestro servicio, pero,
eso... La cuestión de la violencia en el mediorural, está mucho más
naturalizada (A.V, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo
con la coordinadora del Centro de Referencia de la Mujer).
Y alegó, también, dificultades de infraestructura:
Entonces, la dificultad que yo siento en el medio rural, además
de la distancia,que es obvia, que es difícil, es nuestra estructura… La
gentetiene dos psicólogas aquí. Entonces eso, para Araraquara no
es mucha cosa, ¿imagine si la gente fuera a los asentamientos? (A.V,
2018, entrevista realizada en el trabajo de campo con la coordinadora
del Centro de Referencia de la Mujer).
Sobre las visitas de la responsable del Centro de Referencia de la
Mujer al asentamiento, algunas mujeres entrevistadas comentaron que
habían hecho las visitas y que en ellas les entregaron unos libritos con la
Ley Maria da Penha. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres
son analfabetas o analfabetas funcionales, estas visitas no podían ser muy
efectivas, al estar mal planteadas por los responsables; además, muchas
dijeron no poder asistir a encuentros sobre violencia, debido al control
ejercido por sus maridos, por tal motivo se realizaron talleres de economía
solidaria para atraer a las mujeres de manera segura y lograr entrevistarlas.
Los datos presentados en el apartado anterior evidencian la ausencia de
un trabajo de concienciación de las formas de violencia no-físicas, pues
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
muchas mujeres que están sometidas a otras formas graves de actos que
comprometen su integridad no los perciben como violencia que pueda
ser denunciada. Sólo cuando los casos se agravan y llegan a la agresión
física son considerados como violencia.
Los datos demuestran que son pocas las mujeres víctimas de vio-
lencia que denuncian; y menos aún quienes continúan el procedimiento,
según la delegada de la mujer:
Es un porcentaje muy bajo el que continúa. Porque es así: hay
determinados delitos que, para proseguir, debe haber proceso criminal,
usted depende de la manifestación de la víctima. Si ella no quisiera
proseguir, si ella no quiere denunciar, no hay investigación y no hay,
por consiguiente, proceso. Entonces ella registra, desde ese momento
hay un plazo de seis meses en los que ella puede volver y hablar de
que quiere denunciar. Muchas sólo vuelven después de días, o meses:
“Ahora yo quiero medida de protección”. Bien, si está dentro del plazo,
se hace. Pero la mayoría de ellas no continúan. Y de aquellas que con-
tinúan, el porcentaje de mujeres que no quiere después, que renuncia
a denunciar es muy alto. Entonces es una minoría la que va hasta el
final del proceso, para ver al tipo condenado y que responda de alguna
forma por lo que hizo. La mayoría acaba renunciando (D.M, 2018,
entrevista realizada en el trabajo de campo con la delegada de la Mujer).
Al preguntar sobre el motivo de interrumpir las denuncias, afirmó:
Normalmente, lo que yo veo aquí, es porque ella restablece la
relación con el autor. Ella vuelve con él. La mayoría lo hace. Por eso
a veces la misma víctima que tiene un montón de denuncias, antes de
finalizarlas viene aquí, y no quiere finalizarlas. Ahora, en los casos de
algunos delitos que no dependen de ellas, en el caso de lesión... lesión
corporal, sea leve, grave o gravísima, en esos casos, a partir de 2012
pasó a ser de oficio, no depende de la voluntad de ella. Sólo que, en
el juzgado, cuando es oída por el juez, ella dice que no tiene ningún
interés. Y no quiere, y a veces no testifica nada y acaba siendo archi-
vada la denuncia por su actitud (D.M, 2018, entrevista realizada en el
trabajo de campo con la delegada de la Mujer).
Es posible observar una relación polémica entre la teoría y la
práctica. La ley promueve diversas maneras para proteger a la mujer, y la
necesidad de que los órganos responsables de los cuidados se preocupen
de ellas. No obstante, en la práctica, el argumento acerca de la interrupción
de las medidas pesa sobre las mujeres, las mismas que están bajo presión
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psicológica dentro de la casa, y el espacio responsable de su protección las
incluye en un ciclo vicioso de culpabilidad. Las declaraciones no tienen
en cuenta la situación vivida por estas mujeres que se encuentran aisladas
del exterior. No pueden desplazarse a la ciudad con facilidad (escasez
de autobuses, mal funcionamiento de los móviles) y tampoco tienen
medios (económicos, sociales, culturales, psicológicos) para tener una
vida autónoma. Además, en muchos de los casos viven con dependencia
emocional de sus maltratadores, la cual no consiguen romper sin ayuda
psicológica, médica y especializada.
Al cuestionar específicamente sobre estos aspectos, la delegada
reconoció las dificultades que enfrentan las mujeres rurales para denunciar
debido a cuestiones como la distancia, ubicación y transporte:
La gente siente esa dificultad a la hora de citar, principalmente
si indica el testigo, dice: “Lote tal, patio tal en el asentamiento”. ¿Y
para encontrarlo? Es fundamental que en el registro de la denuncia
hagan constar todos los teléfonos, de la víctima, el móvil, el del tra-
bajo, lugar, vecino, la gente comienza a pedir referencias, porque el
teléfono no funciona o no tiene. Entonces envías la citación, hay la
dificultad de que el correo lo lleve a ese lugar, entonces se va y no lo
encuentra, a veces hasta no se consigue encontrar al autor por falta de
informaciones referentes al local en que ellos viven en el asentamiento.
Hay esas dificultades y yo creo que ellas también tienen dificultades
para venir, no tienen vehículo propio, dependen del autobús, algo así,
yo creo que ellas sienten eso, no tienen las facilidades de quien reside
en la ciudad, el desplazamiento resulta difícil. [...] Tuve un caso de
un hijo que golpeó a su anciana madre y fue en el asentamiento y la
policía fue y lo trajo, nosotros hicimos lo evidente... Y la policía dijo
que ellos tuvieron dificultades para encontrar el lote de la familia
por la irregularidad de la dirección. Yo creo que ellas sufren por esa
situación (D.M, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo con
la delegada de la Mujer).
Según la delegada de la mujer, la atención debería siempre iniciarse
en el área de salud, pero no siempre es así:
Muchas ya vienen con lesiones. La gente normalmente
recomienda, cuando se es víctima de lesión o lesión física o sexual,
primero pasar por el médico, incluso porque en el caso de la violencia
sexual hay un protocolo del área de salud. Tienen medicación, tienen
una notificación obligatoria que es hecha en los centros. Entonces,
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
tendría que hacerse primero el parte de salud de la mujer para que
después ella venga a comunicárnoslo, pero normalmente ella hace lo
contrario. Ya pasó así, la mujer viene sangrando, chorreando aquí. Sólo
que, en el ansia de registrar primero la denuncia, en el calor, prefieren
venir primero a la delegación. Algunas veces, vienen con un brazo roto,
se encuentran mal (D.M, 2018, entrevista realizada en el trabajo de
campo con la delegada de la Mujer).
Discusión
A partir de las tipificaciones de violencia establecidas y analizadas en
esta investigación los datos revelan que una de cada tres de las mujeres
entrevistadas sufren o sufrieron uno o más de uno tipos de violencias, en
este orden: psicológica (57%), moral (56.82%), asedio sexual (47.73%),
física (36.36%), patrimonial (34%), acoso (31.82%), institucional (23%),
detención privada (20%), explotación sexual (9.09%) y violación (9.09%),
incluyendo relatos de violencia sexual en el interior de los campamentos
de la reforma agraria.
Llama la atención el hecho de que muchas mujeres no tenían
conciencia de que la padecían; al principio de las entrevistas, cuando se
les preguntaba si sufrían o habían sufrido violencia doméstica, respondían
que no, al creer que violencia sólo eran actitudes que atentaban contra
su integridad física. Sin embargo, al mostrarles diversos ejemplos de
violencias no físicas (psicológica, moral, patrimonial, asedios), afirmaban
que sí. Justamente, el primer paso para salir de una situación así es cobrar
conciencia de las circunstancias violentas y, el segundo, es querer romper
con el silencio guardado para sí durante años.
La mayoría de las entrevistadas contó que las agresiones ocurrían
en su propia casa, ya que la mayor parte de los casos ocurre en el seno
de la propia familia. Las estadísticas revelan que los conocidos son más
peligrosos que los extraños, valiendo esto también, según datos interna-
cionales, para la violencia sexual. “En términos relativos, la mujer es la
víctima favorita de los agresores familiares. Y es la violencia doméstica,
practicada generalmente dentro de la vivienda, la que recibe menos aten-
ción” (Saffioti, 1994, pp. 158-159).
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Iasulaitis, S.; Pineda Nebot, C.; dos Reis Fernandes, A.C.; Fassa La Scalea, L. | Pp. 4-50
Los datos indican que existe un vínculo (afectivo, emocional) y
dependencia (económica, material, de autoridad, cuando el agresor es el
propio padre) entre las mujeres y sus agresores, situación que les dificulta
romper con esta estructura de dominación y violencia. “Por razón de su
dependencia financiera y/o emocional con su compañero, de la presencia
de los hijos menores y de su sentimiento de vergüenza, la mayoría de las
víctimas no pone en conocimiento de la policía la agresión” (Saffioti, 1994,
p. 160). Éste es el caso de esta investigación, pues los datos demuestran
que la mayoría de las víctimas no denuncian a sus agresores, lo que resulta
en una subnotificación de las violencias ocurridas en el medio rural.
En el contexto rural, todos los miembros de una familia son res-
ponsables del trabajo; sin embargo, el hecho de que la titularidad de la
tierra no sea conjunta ni esté formalmente a nombre del varón le otorga
más derechos sobre los demás integrantes de la familia, como la esposa
e hijos. Además, una cultura patriarcal dificulta el acceso de las mujeres
a las políticas de concesión de créditos rurales, como afirma Iasulaitis et
al. (2017), que el 78% de las entrevistadas en el medio rural nunca han
tenido acceso a políticas de crédito productivo.
Esos factores obstaculizan la conquista de autonomía económica
de las mujeres rurales, hecho que las subordina y las orilla a vivir situa-
ciones de violencia, como señaló una entrevistada: “Yo continúo con
él [aun siendo agredida], porque no tengo dónde ir con mis hijos y no
tengo renta propia” (Verbena, 2018, entrevista realizada en el trabajo de
campo), y debido a su necesidad de sobrevivencia,elladifícilmente puede
ver otra salida, puesto que el hombre con quien se relaciona es su agresor
y, al mismo tiempo, su proveedor.
La falta de autonomía y la necesidad de sobrevivencia lleva a al-
gunas mujeres a someterse a servicios sexuales como forma de pago, o al
intercambio de estas relaciones de manera natural, como si el deseo sexual
fuese intrínseco a la naturaleza masculina (Saffioti, 2015) o algo imposible
de contener; así se vuelve más difícil oponerse a las imposiciones del cón-
yuge. La violación marital identificada en el contexto analizado evidencia,
por ejemplo, cómo el contrato conyugal (sexual) conlleva en sí una relación
asimétrica de poder y la amplitud del derecho sexual masculino.
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
En la localidad estudiada fue posible constatar dificultades de
movilidad, pues los caminos son de terracería maltrecha, el transporte
público es deficiente y los horarios de autobús son muy espaciados, lo
que limita la movilidad de las mujeres. Además de eso, se observa una
dificultad de comunicación, pues en algunas áreas del asentamiento se
aprecia gran inestabilidad de la señal telefónica y de Internet.
Por todo ello, las asimetrías de género son aún más visibles en el
medio rural, ya que las mujeres están insertadas en un contexto mascu-
linizado: el campo (Scott, Rodrigues y Saraiva, 2012). En el medio rural
se identifica una división más rígida de papeles de género (Schraiber et
al., 2007; Iasulaitis et al., 2017), en este medio el trabajo de la mujer es
considerado apenas como una ayuda, ocupando una posición subordinada,
lo que invisibiliza su papel en la agricultura familiar.
Conclusiones
Después de estudiar la realidad vivida por las mujeres en el contexto
rural brasileño se concluye que la violencia ejercida contra ellas todavía
está asociada a la invisibilidad, es subnotificada y las formas de violencia
no físicas, en la mayoría de las veces, no son comprendidas como tales.
Muchas de esas mujeres rurales no comprenden que las acciones
que causaban problemas a su integridad psíquica, sexual y moral tam-
bién son consideradas violencia. Se evidencia, en este caso, la necesidad
apremiante de acciones de concienciación por parte de los órganos de
enfrentamiento a la violencia contra la mujer y el desarrollo de políticas
públicas que cambien la mirada naturalizada sobre la violencia de género
en el medio rural.
Este factor relevante fue valorado en los datos de la investigación,
y en ella se resalta que los sujetos de las agresiones, en una aplastante
mayoría, poseen vínculos muy próximos a sus víctimas: son esposos,
compañeros o padres y, en raros casos, desconocidos. Este resultado
confirma lo que se encontró en los trabajos relacionados, pues fue posi-
ble identificar que la mayor parte de los trabajos empíricos se dirigían
también a un aspecto de la violencia de género contra la mujer rural, que
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es la violencia doméstica, especialmente aquella practicada por la pareja
y en que la mayoría de las mujeres permanece en silencio.
Muchas veces el silencio de las mujeres es interpretado como
consentimiento a la violencia. Una visión simplista de la violencia por
parte de las instituciones puede llevar a la revictimización de esas mujeres.
Cuando se analiza el discurso de las instituciones, se aprecian limitaciones
ante los casos de violencia en el medio rural, lo que es un agravante, ya
que los medios gubernamentales de protección a las víctimas deben tener
eficiencia inmediata (Portella, 2005). También se identifican aspectos de
culpabilización y ausencia de sensibilización de género por parte de las
responsables institucionales que, por no comprender la complejidad de
las situaciones vividas por las mujeres del asentamiento, así como por no
poseer la estructura necesaria para ofrecer apoyo adecuado a las víctimas
del ambiente rural, acaban por reafirmar la condición de violencia como
un aspecto cultural del campesinado.
Un aspecto importante para enfrentarse a ello consiste en la propia
legitimación, que pasa por la necesidad de convertir la violencia contra las
mujeres en un problema público, de responsabilidad de toda la sociedad,
y no sólo una cuestión particular que se resuelva entre cuatro paredes en
la esfera doméstica.
A pesar de que la violencia de género es una realidad que afecta a
las mujeres como categoría social, existen factores distintos y contextos
más vulnerables para la opresión, porque las relaciones de género que la
fundamentan no existen en el vacío, y sí en contextos socio-históricos
que le confieren características diferenciadas.
La violencia contra las mujeres en el medio rural presenta especi-
ficidades, y los datos de esta investigación confirman los hallazgos sobre
este tipo de violencia en otros países. Esto se observó en la revisión de la
literatura para evaluar la situación de mujeres de contextos similares en
Australia, Bangladesh, India, Vietnam, Nigeria, China, Costa de Marfil,
Ohio y Kentucky (EE. UU.), Tanzania y Ecuador. Los principales factores
en común fueron: un fuerte patriarcado rural, el aislamiento geográfico y
social, la dependencia económica, la falta de infraestructuras yla ausencia
de políticas públicas en el medio donde se encuentran, además de factores
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comomenor nivel de escolaridad y de acceso a la información, que muchas
veces implican un desconocimiento de sus derechos.
Al analizar los datos de esta investigación es posible destacar que
la violencia contra la mujer rural es una categoría que se intersecciona
con los demás factores estructurales, como la dependencia económica, la
dependencia afectiva y la estructura patriarcal, propia de la organización
histórica, que reproduce constantemente una relación de poder de género
que aún somete a las mujeres.
La desigualdad de género en la zona rural brasileña se incluye
dentro de un conjunto de otras desigualdades sociales, que afectan en
especial a las mujeres.
La violencia de género es, al mismo tiempo, componente y pro-
ducto de la estructura patriarcal que constituye la sociedad brasileña
desde el proyecto colonizador propuesto por la modernidad Occidental y
que, por consiguiente, atraviesa todas las relaciones sociales que permean
este tejido.
El camino a recorrer por las mujeres hasta la ruptura efectiva con
la violencia es largo, y aquéllas que residen en las zonas rurales son más
vulnerables como consecuencia de la dificultad de acceso a los servicios.
Las mujeres rurales se ven, de ese modo, bloqueadas por dos
campos de poder: el propio grupo doméstico, local permanente de las
violencias; y, por otro lado, el discurso institucional, que refuerza la
complejidad de la situación cuando se niega a oír, o incluso retira a las
mujeres su propio derecho de hablar, al interceptar sus voces a través de
las representaciones legales. No obstante, a pesar de esta interdicción, las
mujeres en el mencionado contexto construyen redes de resistencia cada
día, en la misma cotidianidad, buscando por diferentes maneras de sortear,
o resignificar tal coyuntura, como esperanza de emancipación.
La violencia doméstica —como un tema político— se puede aso-
ciar a un campo de experiencia histórica de las luchas sociales, rompiendo
con una visión determinista de que esas mujeres están abocadas a tales
circunstancias. Las posibilidades de ruptura con esta condición son más
viables al formular políticas públicas más eficaces para combatir la violen-
cia de género, dando voz a las propias mujeres en cuanto sujetos políticos
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participantes de esta nueva construcción, tan es así que ellas mismas han
diseñado acciones que son dignas de mención. La constitución de una
asociación de mujeres en el interior del asentamiento estudiado es una
iniciativa de disputa de poder, capaz de generar un giro desestabilizador
en las bases reduccionistas que hacen pasar la inteligibilidad del poder
sobre el dominio jurídico y económico de la autoridad estatal.
Por tanto, es posible constatar que las mujeres de los asentamientos
de la reforma agraria plantean cotidianamente simientes de sobrevivencia,
con el potencial para transformarlas en árboles de emancipación femeni-
na. En términos generales se percibe que todas las dificultades las hacen
más resistentes:
La mujer es fuerte. No es el sexo débil, no. Es muy fuerte
(Aguileña, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
¿Y quién te dijo que la mujer no lucha? Mujer es buena para
luchar, porque la gente no cree mucho y es donde encuentra a los burros
en el agua (Lobelia, 2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
En esa lucha del día a día la gente aprendió mucho de los
movimientos sociales. Y no desistir, no. ¡Desistir jamás! (Esperanza,
2018, entrevista realizada en el trabajo de campo).
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Iasulaitis, S.; Pineda Nebot, C.; dos Reis Fernandes, A.C.; Fassa La Scalea, L. | Pp. 4-50
Sylvia Iasulaitis
Brasileña. Doctora en ciencia política. Adscripción actual: profesora del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de São
Carlos (São Paulo, Brasil) y líder del grupo de investigación Interfaces.
Líneas de investigación: análisis de redes sociales, sesgo algorítmico,
género y política.
Correo electrónico: si@ufscar.br
Carmen Pineda Nebot
Española. Licenciada en derecho y licenciada en ciencia política y de la
administración. Adscripción actual: investigadora GEGOP. Líneas de
investigación: participación ciudadana, presupuesto participativo, trans-
parencia, accountability.
Correo electrónico: carmenpinedanebot@hotmail.com
Ana Carolina dos Reis Fernandes
Brasileña. Master en ciencias sociales. Adscripción actual: doctoranda en
ciencias sociales por la Facultad de Ciencias y Letras de Araraquara de
la Universidade Estadual Paulista (UNESP- FCLAr). Líneas de inves-
tigación: relaciones entre raza, clase y género, y contextos decoloniales.
Correo electrónico: ana.r.fernandes@unesp.br
Larissa Fassa La Scalea
Brasileña. Graduada en ciencias sociales. Adscripción actual: investigadora
del grupo de investigación Interfaces de la Universidad Federal de São
Carlos (São Paulo, Brasil). Líneas de investigación: violencia de género,
feminicidio.
Correo electrónico: larissa.scalea@gmail.com
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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género
Volumen 2 / Número 3 / marzo-agosto de 2024
Wendy López en Plaza Regina, Xalapa. Fotografía de Gina Collins y Luis Calavera López
