Desafíos para la gobernanza y la protección de derechos humanos de migrantes centroamericanos en Monterrey
Challenges for Migration Governance and Human Rights Protection of Central American Migrants in Monterrey
Marlene del Toro Granados*
Universidad Autónoma de Nuevo León
Resumen
En la Zona Metropolitana de Monterrey, México, se ha incrementado la presencia de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, transformando a México de país de tránsito a un destino emergente. Este artículo examina, desde un enfoque cualitativo, los retos de la gobernanza migratoria para proteger los derechos humanos de esta población en el periodo 2024-2025. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos en migración, gobernanza y derechos humanos, cuyos resultados revelan lagunas en políticas públicas locales, falta de regulación estatal específica y desafíos de integración socioeconómica. Asimismo, se identifican las principales causas que motivan a las y los migrantes centroamericanos a permanecer en Monterrey (seguridad, oportunidades económicas y reunificación familiar), y los derechos humanos más vulnerados durante su tránsito y estancia (no discriminación, integridad, salud y trabajo). La discusión contrasta estos hallazgos con la literatura reciente y el contexto regional actual, destacando la necesidad de una gobernanza multinivel basada en seguridad humana y cooperación intersectorial. Se proponen recomendaciones de políticas públicas para fortalecer la protección de migrantes, con énfasis en la inclusión social, capacitación a autoridades, justicia restaurativa y colaboración entre gobierno y sociedad civil para construir sociedades más justas y pacíficas en la frontera norte de México.
Palabras clave: derechos humanos; gobernanza migratoria; migración; seguridad humana.
Abstract
In the metropolitan area of Monterrey, Mexico, the presence of migrants from the Northern Triangle of Central America has increased, signaling a transition for Mexico from a transit country to an emerging destination. This article uses a qualitative approach to examine the challenges of migration governance in protecting the human rights of this population during 2024-2025. Semi-structured interviews with experts in migration, governance, and human rights reveal gaps in local public policy, a lack of specific state regulations, and socio-economic integration challenges. The key factors motivating Central American migrants to remain in Monterrey (security, economic opportunities, and family reunification) are identified, as are the human rights most frequently violated during their journey and stay (non-discrimination, personal integrity, health, and work rights). The discussion contrasts these findings with recent literature and the current regional context, highlighting the need for multi-level governance rooted in human security and cross-sector cooperation. Policy recommendations are proposed to strengthen migrant protection, emphasizing social inclusion, authority training, restorative justice, and collaboration between government and civil society to build more just and peaceful societies along Mexico’s northern border.
Keywords: human rights; migration governance; migration; human security.
Recibido: 22 de julio 2025
Aprobado: 06 de septiembre 2025
1. Introducción
México, tradicionalmente considerado un país de tránsito para migrantes en ruta a Estados Unidos (EE.UU.), se ha convertido cada vez más en un destino de asentamiento, en particular para personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA Guatemala, Honduras y El Salvador) (López y Ortega, 2024). Datos recientes ilustran esta transición, en 2023 México recibió un número récord de solicitudes de refugio (casi 141 mil), ubicándose entre los tres países del mundo con más solicitantes (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2024). Aunque en 2024 las solicitudes de asilo disminuyeron respecto al año anterior, la migración irregular a través de México alcanzó cifras históricas –más de 712 mil cruces en la primera mitad de 2024– reflejando que muchos migrantes continúan su travesía sin acceder al sistema de refugio. Esta presión migratoria ha tenido impacto en el norte del país; Monterrey y su área metropolitana han visto crecer la presencia de migrantes centroamericanos, algunos de los cuales llegan inicialmente con la intención de continuar al norte, pero terminan por establecerse localmente debido a factores como las políticas fronterizas restrictivas o la falta de recursos para proseguir el viaje (Del Toro, 2025).
La elección de Monterrey como lugar de destino obedece a múltiples razones. En comparación con sus países de origen, Nuevo León ofrece un entorno más seguro y con mayor estabilidad económica, aspectos determinantes para quienes huyen de la violencia e inestabilidad en Centroamérica. De hecho, los migrantes perciben que en México sus derechos están relativamente mejor protegidos que en sus países, lo que refuerza su decisión de permanecer (Guadagno y Hernández-Ardieta, 2016). Monterrey, al ser un importante centro industrial y cercano a la frontera con Estados Unidos, proporciona oportunidades laborales formales e informales que permiten a muchos migrantes subsistir y enviar remesas a sus familias. No obstante, esta realidad emergente plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones locales y nacionales para gestionar el flujo migratorio garantizando los derechos humanos de los migrantes.
En 2024 persisten serios desafíos humanitarios asociados a estas movilidades. Organizaciones humanitarias han documentado que las personas migrantes continúan enfrentando violencia extrema, abusos y peligros durante su recorrido por México. Un informe de Médicos sin fronteras (Aceituno, 2024) advirtió sobre “violencia, desesperanza y abandono” en la ruta migratoria mesoamericana, incluyendo altos índices de afectaciones a la salud física y mental de migrantes centroamericanos y caribeños. Casos recientes en Nuevo León demuestran que la entidad no es ajena a dichas problemáticas; en abril de 2024, autoridades desmantelaron bandas criminales dedicadas al tráfico de migrantes en el estado, las cuales cobraban cuotas de alrededor de 300 dólares para cruzar migrantes hacia la frontera norte. Estas situaciones evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en todos los niveles de gobierno.
En ese sentido, la Agenda 2030 reconoce en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10 (reducción de desigualdades) la meta 10.7, que urge a los Estados a “facilitar migración y movilidad ordenada, segura, regular y responsable” mediante políticas planificadas y bien gestionadas. México, como país firmante de esta agenda, enfrenta el desafío de traducir dicho compromiso en acciones concretas a nivel nacional y subnacional (ONU, 2015).
Este artículo se justifica por la necesidad de generar conocimiento actualizado sobre los desafíos de gobernanza migratoria en un contexto local estratégico. Monterrey, tercera área metropolitana más grande de México, cuenta con infraestructura y desarrollo económico considerables; sin embargo, hasta fechas recientes no figuraba en los estudios migratorios tanto como las zonas fronterizas sur y norte. La experiencia regiomontana ofrece una ventana para analizar cómo un entorno urbano-industrial responde a flujos migratorios mixtos (personas en tránsito, solicitantes de asilo, migrantes laborales y familias desplazadas) y qué brechas existen en materia de políticas públicas de inclusión y protección. Asimismo, este estudio aporta al debate sobre sociedades justas, examinando en qué medida las instituciones locales garantizan derechos sin discriminación a una población migrante vulnerable, alineándose con principios constitucionales mexicanos y estándares internacionales de derechos humanos. La Constitución mexicana, en su artículo 1°, consagra que “todas las personas gozarán de los derechos humanos” reconocidos por México, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio (Congreso de la Unión, 2025, art. 1). No obstante, en la práctica muchos migrantes centroamericanos experimentan discriminación, detenciones arbitrarias y abusos por parte de autoridades locales y federales durante su estancia. Esta contradicción entre el marco legal y la realidad plantea preguntas que orientan la presente investigación. El objetivo general del artículo es analizar los retos de la gobernanza efectiva para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes del TNCA en el área metropolitana de Monterrey, a la luz del contexto 2024-2025.
2. Desarrollo
2.1 Derechos humanos y migración
Los derechos humanos son principios universales, inalienables y progresivos que corresponden a todos los individuos por igual, sin distinción de nacionalidad o condición jurídica (López-Mejía et al., 2024). En el contexto migratorio, esto implica que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes dentro de su territorio o jurisdicción, independientemente de si su estancia es regular o no. México incorpora este principio en su marco normativo, el artículo 1° constitucional prohíbe la discriminación por origen étnico o nacional, condición migratoria u otra condición, asegurando que todas las personas (incluidos los extranjeros en tránsito o residiendo en México) tengan acceso a los mismos derechos y garantías. Asimismo, la Ley de Migración y diversos tratados internacionales ratificados (Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados, Convención Internacional de Protección de Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios de 1990, entre otros) establecen protecciones específicas. No obstante, en la práctica subsiste una brecha entre la letra de la ley y la realidad cotidiana que enfrentan las personas migrantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México ha señalado que, aunque la ley garantiza ampliamente los derechos humanos (DD.HH.), las y los migrantes suelen ser víctimas de discriminación estructural, manifestada en abusos de autoridad, inseguridad frente a crimen organizado, detenciones arbitrarias y negación de servicios básicos. Estas vulneraciones contravienen derechos específicos como el derecho a la no discriminación (trato igualitario sin importar origen nacional), el derecho a la seguridad jurídica y debido proceso (no ser detenidos arbitrariamente, acceso a justicia), el derecho al libre tránsito (libertad de movimiento en territorio mexicano) y el derecho a la dignidad humana. En este marco, analizar la situación en Monterrey requiere considerar cómo las autoridades locales y estatales están dando cumplimiento a estas obligaciones y cuáles son las principales fallas o áreas de oportunidad en la protección de migrantes centroamericanos.
2.2 Movilidad humana y estudios críticos de frontera
El fenómeno migratorio contemporáneo ha sido conceptualizado desde la idea de movilidad humana, que enfatiza el flujo continuo de personas, capitales, información y culturas a través de las fronteras (Freidenberg y Sassone, 2018, p. 45). Este enfoque –promovido por corrientes de la sociología y geografía crítica– plantea un “giro de la movilidad” (mobility turn) para comprender cómo el poder y la desigualdad se inscriben en la capacidad de moverse o quedarse inmóvil (Freidenberg y Sassone, 2023). En el caso de los migrantes del TNCA, su movilidad está condicionada por múltiples dinámicas transnacionales violencia y pobreza que empujan a salir, políticas migratorias que restringen su paso, redes familiares que atraen a ciertos destinos, etc. (Juárez, 2023). Bajo esta óptica, la frontera se extiende hacia el interior de los países a través de retenes migratorios, operativos policiales, sistemas de verificación y procesos de detención.
En México, tras el Plan Frontera Sur (2014) y acuerdos subsiguientes con EE.UU., el control migratorio se intensificó no sólo en Chiapas sino a lo largo de rutas migratorias internas, involucrando a policías locales y estatales en tareas tradicionalmente federales. Monterrey, aunque geográficamente lejos de las fronteras internacionales, se convierte en una “frontera móvil” para muchos migrantes, un espacio donde convergen la expectativa de protección y oportunidades, pero también prácticas de control, discriminación y exclusión que reflejan las lógicas fronterizas. Los estudios críticos invitan a cuestionar las narrativas que criminalizan la migración y a examinar cómo las categorías legales (regular/irregular) y los discursos de seguridad nacional pueden ocultar la precarización y desprotección de poblaciones migrantes. En suma, este enfoque provee el lente para analizar si la respuesta institucional en Nuevo León reproduce lógicas securitarias de contención –considerando a los migrantes como una amenaza– o si transita hacia paradigmas de acogida e inclusión (Irazábal y Huerta, 2023).
2.3 Gobernanza migratoria
La gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones y coordinación entre múltiples actores (gobierno, sector privado, sociedad civil, organismos internacionales) para atender asuntos públicos (López-Mejía, 2025). Aplicado a la migración, el concepto de gobernanza migratoria denota el conjunto de políticas, prácticas e instituciones destinadas a manejar los flujos migratorios de manera efectiva, regular y con respeto a derechos. A nivel global, se ha venido construyendo un marco de gobernanza multinivel de la migración –por ejemplo, mediante el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular (adoptado en la ONU en 2018)– que reconoce la necesidad de cooperación internacional y la vinculación de la migración con el desarrollo sostenible. En ese sentido, la meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refleja esta orientación integrando la migración en la agenda de reducción de desigualdades. En México, la gobernanza migratoria enfrenta el reto de articular las competencias federales (ej., Ley de Migración, Instituto Nacional de Migración, Comisión de Refugiados) con las acciones estatales y municipales, ya que, si bien la política migratoria es federal por mandato legal, las consecuencias de la movilidad (alojamiento en albergues, acceso a salud, educación, empleo local, seguridad pública) recaen en buena medida en las autoridades locales. Según López y Ortega (2024), México atraviesa una transición migratoria y demográfica en la que regiones del país que antes solo eran de paso ahora reciben población migrante que se integra parcial o totalmente. Esto demanda respuestas de gobernanza novedosas los gobiernos estatales, tradicionalmente con poco involucramiento en asuntos migratorios, se ven compelidos a desarrollar iniciativas propias de atención e inclusión.
Nuevo León es ilustrativo; en 2022 creó la Secretaría de Igualdad e Inclusión con el mandato expreso de atender a grupos vulnerables, incluyendo personas migrantes, y estableció por primera vez un centro especializado de atención a migrantes en Monterrey (denominado Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Desplazadas y Retornadas). La eficacia de la gobernanza migratoria se evalúa no sólo por el control de flujos, sino también por la implementación de políticas que protejan derechos, promuevan la integración y fortalezcan la cooperación interinstitucional. En un marco de gobernanza efectiva, los distintos niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y sectores (público, privado, social) deben coordinar esfuerzos, evitando vacíos de atención y asegurando que la migración sea gestionada como oportunidad más que como crisis; la creación en Nuevo León de una Secretaría de Igualdad e Inclusión con un discurso explícito de derechos humanos implica un intento de contrarrestar visiones xenófobas, promoviendo en cambio la imagen de las y los migrantes como sujetos de derechos que merecen inclusión total en la sociedad. La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, ha señalado que la estrategia estatal es que quienes viven situaciones de discriminación “vengan a un solo lugar a ser atendidas con todos los programas del gobierno”, integrando dependencias estatales y federales para facilitar trámites y servicios. Este tipo de narrativa institucional (respaldada por reconocimientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] y la Organización Internacional para las Migraciones [OIM] al espacio establecido en Monterrey) contrasta con visiones securitarias que podrían prevalecer en otras latitudes.
3. Metodología
El presente estudio se basó en una metodología cualitativa de corte descriptivo-analítico, sustentada en trabajo de campo mediante entrevistas semiestructuradas. Se empleó un diseño cualitativo instrumental, donde las entrevistas a informantes expertos sirvieron como instrumento principal para recopilar datos sobre las percepciones, experiencias y recomendaciones en torno al fenómeno migratorio centroamericano en Monterrey. Esta elección responde a la naturaleza compleja del objeto de estudio (los retos de gobernanza y protección de derechos) que requiere entender las perspectivas de distintos actores clave involucrados.
La entrevista semiestructurada, por su flexibilidad, permitió profundizar en temas específicos manteniendo a la vez un eje común de preguntas para todos los entrevistados. Según Díaz et al. (2013), la entrevista es un recurso idóneo en metodologías cualitativas para obtener datos ricos y contextuales, superando la superficialidad de cuestionarios estandarizados. Siguiendo estas premisas, se diseñó un guion inicial de 10 preguntas abiertas, organizadas en torno a las variables de interés migración, políticas (gobernanza), derechos humanos, actores políticos y civiles, seguridad humana (ver Tabla 1). Dicho guion sirvió como base común, aunque la técnica semiestructurada permitió introducir preguntas de seguimiento o aclaración según las respuestas de cada participante.
3.1 Selección de la muestra
Se llevó a cabo un muestreo intencional, seleccionando cinco entrevistados considerados expertos en la temática por su trayectoria profesional y conocimiento de la realidad migratoria en Nuevo León. Los criterios de inclusión fueron a) académicos/investigadores con producción o experiencia en migración, políticas públicas o derechos humanos; b) representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a atención de migrantes; y c) funcionarios gubernamentales a nivel estatal o local vinculados con programas para migrantes. Entre los entrevistados se incluyeron tres investigadores adscritos a El Colegio de la Frontera Norte (sede Monterrey) con especialidades en migración internacional, género, política pública y desarrollo; una abogada coordinadora de una organización civil local (Casa Monarca, dedicada a asistencia humanitaria al migrante); y una funcionaria pública del Gobierno de Nuevo León (Secretaría de Igualdad e Inclusión) con experiencia tanto operativa como académica en movilidad humana. Esta diversidad de perfiles aportó una visión multidimensional del fenómeno, combinando perspectivas académicas, de la sociedad civil y gubernamentales. Antes de iniciar cada entrevista, se explicó el propósito académico de la misma y se solicitó consentimiento para grabación de audio, garantizando la confidencialidad de las identidades individuales en el reporte final (a los participantes se les refiere de manera genérica por su rol o institución). En la Tabla 1 se resume el guion principal de entrevista con ejemplos de preguntas y sus ejes temáticos relacionados.
Tabla 1. Guion de entrevista semiestructurada a personas expertas
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Eje temático |
Pregunta |
Palabras clave |
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Migración México tránsito/destino |
1. ¿Considera que las personas de otras nacionalidades ven a México como un país de destino final o sigue siendo un país de tránsito por su cercanía con EE.UU.? |
“Destino temporal”; “País de tránsito” |
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Política migratoria y discurso |
2. ¿Cuál ha sido la postura de México –y del estado de Nuevo León– en el discurso y actuar respecto a migrantes del TNCA? |
“Falta de apoyo”; “Discurso incongruente” (se esperaba identificar brechas entre discurso y práctica) |
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Motivos de permanencia |
3. Según su experiencia, en orden de importancia, ¿cuáles son los factores que motivan a las personas del TNCA a quedarse en el área metropolitana de Monterrey? |
“Económicos” (empleo); “Inseguridad” (huir de violencia); “Reunificación familiar” |
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Gobernanza federal |
4. ¿Cuáles son los retos del Gobierno Federal si México pasa de ser país de tránsito a país destino? |
“Inclusión social”; “Programas interinstitucionales”; “Colaboración multinivel” |
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Derechos humanos vulnerados |
5. ¿Qué derecho humano considera usted que es mayormente transgredido para los migrantes del TNCA durante su estancia en México? |
“No discriminación”; “Integridad física”; “Seguridad jurídica”; “Salud”; “Trabajo” |
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Respuesta institucional local |
6. ¿La creación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en Nuevo León es una respuesta gubernamental efectiva para proteger los derechos de los migrantes? |
“Programas de apoyo”; “Voluntad política local”; (aquí se buscó evaluar percepciones sobre dicha innovación institucional) |
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ODS y planeación |
7. ¿Cree que el Estado de Nuevo León ha incorporado el Objetivo ١٠.7 de la Agenda 2030 (migración ordenada y segura) en su agenda de gobierno? |
“Protección e integración en Plan 2030”; (se esperaba identificar si los planes estatales mencionan migración) |
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Acciones de gobiernos locales |
8. ¿Qué acciones podrían realizar los gobiernos municipales para lograr integración social y mayor respeto a los derechos humanos de los migrantes? |
“Programas sociales locales”; “Capacitación a funcionarios municipales”; “Oficinas de atención al migrante” |
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Rol de sociedad civil |
9. ¿Cuál es el rol de las organizaciones civiles en la lucha contra la vulnerabilidad de los derechos de los migrantes del TNCA? |
“Apoyo humanitario”; “Integración comunitaria”; “Incidencia/educación en derechos” |
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Cooperación actores políticos |
10. ¿Cómo deben coordinarse los actores políticos (gobiernos en sus tres niveles, sector privado, sociedad civil) para reducir la vulnerabilidad de los migrantes? |
Pregunta abierta, buscó sintetizar visiones de gobernanza colaborativa (e.g. “trabajo conjunto garantiza seguridad humana”). |
3.2 Análisis de los datos
Con la recopilación de la transcripción de las entrevistas, se empleó el software de análisis cualitativo NVivo 12 para organizar y codificar la información. Siguiendo una estrategia de codificación temática, se partió de categorías predefinidas derivadas de las preguntas de investigación (por ejemplo “retos de gobernanza”, “factores de permanencia”, “derechos vulnerados”, “rol de actores”, “políticas locales”), a las cuales se agregaron subcategorías emergentes según aparecieron en las respuestas. Por ejemplo, dentro de “retos de gobernanza” surgieron subtemas como “falta de políticas estatales”, “trabas administrativas para regularización”, “coordinación intergubernamental”, entre otros, que fueron codificados apropiadamente. Se realizó una triangulación informal de la información confrontando las perspectivas de los distintos entrevistados para identificar convergencias y divergencias. Adicionalmente, se contrastaron los hallazgos cualitativos con datos secundarios (informes oficiales, noticias) para contextualizarlos y comprobar su verosimilitud. Esta integración de fuentes permitió enriquecer el análisis; por ejemplo, cuando un experto mencionó la reciente inauguración de una oficina de atención a migrantes en Guadalupe, se verificó tal evento en comunicados oficiales, incluyendo esa referencia al análisis.
La decisión de limitar el número de entrevistas a cinco estuvo guiada por el principio de saturación teórica; en la quinta entrevista se constató que las opiniones empezaban a reiterar temas ya expresados por anteriores participantes, especialmente en cuanto a diagnóstico de problemas. Si bien un mayor número de entrevistas podría haber aportado matices adicionales (por ejemplo, incluyendo la voz de algún funcionario federal del INM o un líder migrante), el foco de este estudio estuvo en profundizar analíticamente más que en abarcar exhaustividad de actores. En todo caso, las cinco entrevistas lograron cubrir ampliamente los objetivos planteados y, como se verá en la siguiente sección, arrojaron información valiosa y consistente sobre la situación de los migrantes centroamericanos en Monterrey.
4. Resultados
4.1 Retos de la gobernanza migratoria para la protección de derechos humanos
Un hallazgo transversal en las entrevistas es la identificación de vacíos importantes en la respuesta gubernamental local y estatal hacia la población migrante centroamericana. Todos los expertos coincidieron en que existe una carencia de políticas públicas específicas y marcos regulatorios estatales orientados a esta población, lo cual constituye el principal reto para garantizar sus derechos humanos. A diferencia de otros estados fronterizos o de alta migración (p. ej., Chiapas, Baja California), Nuevo León no contaba (hasta 2024) con una ley estatal de atención al migrante ni con lineamientos claros en su normativa local; ello deja a las y los migrantes en una especie de limbo institucional una vez que rebasan la competencia federal. Un académico entrevistado resumió “Hace falta que el gobierno del estado cree programas y políticas migratorias de protección, está todo muy centralizado a nivel federación” (Entrevista 3, investigador en políticas migratorias). Esta ausencia de políticas integrales se traduce en que la inclusión social, educativa y económica de los migrantes es débil o inexistente –un “problema sin solución actualmente”, según palabras de otro experto– lo cual abona a que la migración sea vista por las autoridades locales más como un tema de asistencia social emergente que como un componente estable de la población a atender.
Un subtema recurrente fue el de las trabas administrativas y la regularización migratoria. Los entrevistados enfatizaron que uno de los obstáculos mayores es la dificultad que enfrentan los migrantes para obtener o renovar documentos migratorios (visas humanitarias, tarjetas de visitante por razones humanitarias, solicitudes de refugio) mientras se encuentran en Nuevo León. Si bien la tramitación de refugio corresponde a la federación (COMAR) y la estancia regular al INM, las consecuencias de la no regularización repercuten localmente sin papeles en regla, los migrantes quedan expuestos a detenciones por el INM o a abusos, y se les cierran oportunidades formales de empleo. “Regularizar sería el primer paso, sin un programa es facilitar modalidades para regularizar, disminuir el peligro de deportación o de no tener papeles, y [evitar] abuso de poder de grupos criminales o del INM” (Entrevista 5, funcionaria estatal). Esta cita refleja la preocupación por el círculo vicioso al no haber mecanismos ágiles de regularización, muchos migrantes optan por la informalidad (e.g., trabajos precarios) o permanecen escondidos por temor, lo que a su vez los hace más vulnerables a explotación y violencia. Los expertos sugirieron que Nuevo León podría, en coordinación con la federación, impulsar campañas locales de documentación o ventanillas únicas de trámites migratorios, aprovechando la presencia del nuevo Espacio de Igualdad e Inclusión en Monterrey que colabora con COMAR y el INM.
Otro reto señalado es la falta de coordinación y enfoque integral en las acciones gubernamentales. Si bien se reconocen iniciativas loables –como la mencionada Secretaría de Igualdad e Inclusión que abrió centros de atención–, los entrevistados consideran que aún no existe una visión estratégica de largo plazo. “La tarea sigue pendiente”, “no hay solución actualmente” fueron frases empleadas al hablar de inclusión social de migrantes. Los esfuerzos se perciben como aislados o reactivos. Por ejemplo, la instalación de albergues temporales ante eventos puntuales (como cuando llegan caravanas o grupos grandes) no va acompañada de planes de seguimiento para integración de quienes deciden quedarse. Asimismo, se mencionó que la voluntad política local depende de la federal, es decir, si a nivel nacional hay ambigüedad o cambios de postura (como se ha visto con políticas migratorias que oscilan entre apertura y contención), el estado y municipios tienden a dilatar sus propias decisiones esperando directrices. Un entrevistado ilustró esto al comentar que, durante 2019, cuando el gobierno federal aceptó el programa Remain in Mexico, las autoridades de NL se prepararon para posibles contingentes, pero luego, en 2020, con la pandemia dejaron el tema de lado. Esta discontinuidad crea incertidumbre.
Los retos de gobernanza identificados abarcan desde lo normativo (vacío de leyes y programas estatales) hasta lo operativo (falta de coordinación interinstitucional). La consecuencia directa de estos vacíos es que los derechos humanos de los migrantes quedan desprotegidos o al azar de voluntades individuales. Los expertos enfatizaron áreas clave de mejora en la integración económica (acceso al trabajo formal), la integración social (acceso a educación, salud, vivienda) y la eliminación de barreras burocráticas. “La integración en todo sentido –económica, social, educativa– con políticas más inclusivas modificaciones en los niveles de gobierno para facilitar el acceso [a empleo]”, afirmó un experto académico (Entrevista 2, investigador en desarrollo). Otro aportó: “Me parece que implementar legislación que proteja a los migrantes y que los vea como factor de cambio, una ley realmente para proteger derechos humanos” (Entrevista 5, funcionaria). Estas voces convergen en la necesidad de un cambio de enfoque de ver la migración como “problema” a entenderla como “oportunidad económica para el sector industrial de Nuevo León”, siempre y cuando vaya acompañada de políticas integrales. En concreto, los entrevistados sugieren que si existieran programas estatales sectoriales (por ejemplo, cupos de empleo locales para migrantes regularizados, convenios con empresas, capacitación lingüística/laboral, etcétera), la migración centroamericana podría traducirse en mano de obra aprovechable en un estado que constantemente demanda trabajadores. Actualmente, sin esas políticas, esa potencial ganancia mutua se desperdicia.
4.2 Rol de actores políticos y cooperación intersectorial
Un segundo gran tema emergente es el papel que desempeñan (o deberían desempeñar) los diversos actores políticos y sociales en la protección de los derechos de migrantes del TNCA. Aquí, los entrevistados fueron claros en afirmar que ningún actor por sí solo puede atender la problemática, sino que es necesaria una cooperación estrecha entre gobierno en sus tres niveles, sociedad civil y sector privado. Esta visión concuerda con el concepto de gobernanza compartida.
Según las voces recabadas, actualmente son las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las iglesias las que han llenado muchos vacíos, operando albergues y brindando asistencia básica (alimentación, ropa, orientación) a las personas migrantes en Monterrey y sus municipios conurbados. Ejemplos locales incluyen a Casa INDI, Casa Monarca y Casa Nicolás, citadas por los expertos como “grupos de apoyo” que ya llevan años educando a la comunidad sobre el derecho al libre tránsito y los derechos fundamentales de los migrantes. Una funcionaria entrevistada señaló:
El hecho de que existan estos grupos de apoyo ya de por sí es una ventaja; han hecho labor de educar a la comunidad en reiterar el derecho al libre tránsito... y generar procesos de aprendizaje con las entidades de gobierno. (Entrevista 5, Secretaría de Igualdad e Inclusión)
Esta apreciación resalta cómo las OSC no sólo brindan servicios directos, sino que también actúan como conciencia social, sensibilizando tanto a la ciudadanía como a funcionarios sobre la situación de los migrantes.
No obstante, los entrevistados recalcaron que la responsabilidad primaria recae en los actores gubernamentales. En palabras de un académico: “Los actores políticos son determinantes para generar políticas de protección a los derechos humanos de los migrantes en Nuevo León”, pero inmediatamente aclaró “esto debe estar alineado a la voluntad del gobierno federal en temas de leyes, reglamentos e instituciones” (Entrevista 3, investigador). Este comentario refleja la estructura político-administrativa mexicana; los estados tienen potestad limitada en migración, de modo que la efectividad local depende de la articulación con la federación. Aun así, se mencionaron algunas buenas prácticas incipientes a nivel local; por ejemplo, la Secretaría de Igualdad e Inclusión (actor estatal) fue destacada por haber establecido centros de atención con asesoría jurídica migratoria y gestión de estatus. También, a nivel municipal, se valoró positivamente que alcaldes del área metropolitana han comenzado a involucrarse en mesas interinstitucionales sobre migración. De hecho, durante las entrevistas se citó como avance la Mesa de Coordinación en Materia de Migración instalada en Guadalupe en febrero de 2024, donde participaron autoridades municipales, estatales, federales, empresas y OSC, comprometiéndose a colaborar para promover los derechos de migrantes y apoyar a las familias en movilidad. Este tipo de esfuerzos colaborativos, aunque recientes, son una señal de que se reconoce la naturaleza multi-actor del fenómeno.
Del conjunto de opiniones, se pueden sintetizar las funciones de cada actor, según los expertos: a) el gobierno federal debe proveer el marco legal adecuado (leyes migratorias garantistas, reglamentos claros) y fortalecer sus instituciones (INM, COMAR) con perspectiva de derechos humanos; b) el gobierno estatal debe asumir un rol más proactivo en regular flujos a nivel local, legislar en la materia como han hecho otras entidades (por ejemplo, emitieron la idea de una eventual ley estatal de migrantes o al menos lineamientos administrativos), y ejecutar programas de inclusión social/laboral; c) los municipios deben implementar acciones directas en sus comunidades, abrir espacios u oficinas móviles de atención al migrante, incluir a migrantes en sus programas sociales (p. ej. bolsa de empleo, becas escolares para niños migrantes), y sobre todo capacitar a sus policías y personal para evitar violaciones de derechos por desconocimiento o prejuicios; d) las organizaciones civiles y religiosas seguirán siendo socias indispensables proporcionando albergue, comida, asistencia médica y psicológica, pero requieren más apoyo gubernamental en financiamiento y en facilitación de su labor (p. ej., simplificar trámites para abrir albergues, involucrarlas en la elaboración de políticas); e) el sector privado y empresarial puede contribuir ofreciendo oportunidades de empleo formal a migrantes con documentación, tal como algunas empresas regiomontanas ya lo hacen a través de ferias de empleo inclusivas, y colaborar en su capacitación.
Un consenso destacado fue que la cooperación es sine qua non: “Todos (gobierno federal, organizaciones de la sociedad civil) tenemos que trabajar de manera conjunta en el reconocimiento y promoción de los derechos [de los migrantes]... eso garantiza la seguridad humana” (Entrevista 4, representante de Casa Monarca). En la misma línea, se afirmó que la suma de esfuerzos amplía la red de apoyo y que los gobiernos municipales deben hacer más programas de integración social y laboral porque son el nivel de gobierno más cercano a la población migrante en las comunidades. Estas reflexiones delinean un modelo ideal de gobernanza colaborativa gobierno y sociedad civil hombro a hombro, complementando capacidades. Sin embargo, los expertos también reconocieron obstáculos como burocracia, celos institucionales o falta de confianza mutua, que pueden entorpecer esta sinergia. Un entrevistado apuntó cierta “complejidad” en la relación con algunas organizaciones, pero a la vez reconoció que su mera existencia ya es una ventaja para la protección de derechos en la entidad.
4.3 Causas de permanencia de migrantes del TNCA en Monterrey
Un aspecto importante investigado fue por qué muchos migrantes centroamericanos eligen (o terminan) quedarse en el área metropolitana de Monterrey, cuando originalmente su plan pudo ser continuar hacia la frontera con Estados Unidos, a este cambio en su destino migratorio le llaman “trayectorias frustradas”. Las entrevistas revelaron que dos grandes categorías de motivos explican esta permanencia: a) factores “de atracción” propios de Nuevo León, y b) factores “de freno” relacionados con circunstancias del viaje o cambios en el contexto.
Dentro de los factores de atracción, todos los expertos subrayaron la combinación de oportunidades económicas y sensación de seguridad que ofrece Monterrey. Nuevo León es uno de los estados más prósperos de México, con un mercado laboral dinámico que, incluso para migrantes con baja cualificación, provee empleos informales (construcción, limpieza, comercio ambulante) y algunos formales de nivel operativo. Varios entrevistados conocían de primera mano testimonios de migrantes que encontraron trabajo en Monterrey y pudieron, con bajos ingresos, pero estabilidad relativa, mejorar su calidad de vida en comparación con su país de origen. “Monterrey ofrece desde trabajos informales hasta formales, con bajo ingreso, pero con ciertos accesos a derechos laborales” señaló un investigador (Entrevista 3, El COLEF). Esta ciudad-industria, además, no ha sufrido la saturación de migrantes que se ve en la frontera sur (Tapachula) o en ciudades fronterizas del norte (Reynosa, Tijuana), por lo que todavía hay cabida en su economía para absorber mano de obra migrante en diversos sectores.
El otro gran atractivo es la seguridad pública comparativa. Muchos migrantes del TNCA huyen justamente de altos niveles de violencia criminal (pandillas, maras, narcotráfico) o de inseguridad ciudadana generalizada. Los entrevistados señalaron que, aunque Nuevo León ha enfrentado episodios de violencia (especialmente alrededor de 2010-2011), en la última década Monterrey se ha percibido como un entorno más seguro que muchas regiones de Honduras o El Salvador. “Los centroamericanos deciden quedarse por la seguridad que brinda el estado [de Nuevo León] en comparación con otras regiones; sin duda más seguro que sus países de origen” (resumen de Entrevistas 1 y 4). Además, la presencia de comunidades migrantes establecidas y redes de apoyo (como las iglesias evangélicas o católicas que apoyan a familias migrantes) genera una sensación de refugio. En términos de derechos humanos, los migrantes perciben que en México –aun con sus problemas– gozan de mayor libertad de movimiento y menores amenazas a la vida que en sus lugares de origen. Esto fue recalcado por expertos al mencionar que algunos migrantes ven a Monterrey como un espacio donde sus derechos básicos (a la vida, a la integridad) están “mejor protegidos” que en Centroamérica.
Por otra parte, entre los factores de freno o circunstanciales que explican la permanencia, los entrevistados identificaron principalmente agotamiento de recursos económicos y cambios en las políticas migratorias de EE.UU. En cuanto al primero, es común que los migrantes salgan de sus países con un plan de llegar a la frontera norte, pero el viaje resulta más largo, caro y peligroso de lo previsto, obligándolos a detenerse. “Muchos se quedan porque se les acabaron los recursos para seguir moviéndose... gastaron todo durante el viaje” (Entrevista 4, ONG). Una vez varados, algunos deciden buscar trabajo en Monterrey para reunir dinero e intentar cruzar después o, en otros casos, al estabilizarse deciden ya no continuar. Esto se vincula con la segunda causa las políticas de EE.UU. en constante cambio (cierres fronterizos, Título 42, requisitos de asilo desde terceros países, etcétera) han hecho más difícil lograr el acceso al norte. Durante 2023 y 2024, la incertidumbre sobre la posibilidad de cruzar con éxito llevó a que muchos migrantes reconsideraran su plan y optaran por “hacer su vida” en México. Los expertos mencionaron que la expectativa del retorno de políticas más duras con la presidencia de Donald Trump en 2025 también está influyendo en que algunos opten por quedarse en Monterrey, anticipando más cierres en EE.UU. En suma, México ha pasado a ser un destino por descarte o plan B, pero que en la práctica se vuelve plan A para una parte significativa de migrantes, especialmente si consiguen empleo y cierta estabilidad.
Luego de analizar globalmente las respuestas sobre esta pregunta, se puede sintetizar que la decisión de permanecer en Monterrey surge de una combinación de necesidad y oportunidad; la necesidad, puesto que no pueden o no quieren regresar a sus países debido a que las causas estructurales que los expulsaron (violencia, pobreza, persecución) persisten o incluso se han agravado –por ejemplo, la inflación y crisis postpandemia en Honduras, o la inestabilidad política en algunos lugares. La oportunidad, ya que Monterrey ofrece un “destino frustrado” el cual se convierte en uno viable, con mejores condiciones relativas que otras partes de México. Un experto lo expresó así “Salen de sus países por baja remuneración económica y terminan encontrando en Nuevo León un lugar de destino con altas oportunidades de mejorar sus condiciones, comparado con otros estados de México”. Además, se puntualizó que la cercanía con Estados Unidos sigue siendo un factor psicológico, estar en Monterrey permite a muchos migrantes sentir que no han abandonado del todo la meta de llegar al norte; algunos pueden intentar cruces múltiples o esperar el momento adecuado mientras trabajan en NL.
4.4 Derechos humanos más vulnerados durante la estancia en México
En cuanto a los derechos humanos que se transgreden con mayor frecuencia en la experiencia de los migrantes centroamericanos asentados o en tránsito por Monterrey, los expertos ofrecieron un panorama sombrío (Torrez y Martínez, 2022). La discriminación emergió unánimemente como el problema transversal, prácticamente todos los migrantes enfrentan algún tipo de trato discriminatorio, ya sea por parte de autoridades o de particulares, debido a su condición de extranjeros, su acento, su fenotipo o simplemente por los prejuicios asociados (p. ej. estigmas de criminalización). Un académico lo expresó crudamente “La mayoría de los migrantes son discriminados desde un inicio” y añadió que esto se manifiesta en maltrato por parte de autoridades, robos, vejaciones y detenciones injustificadas en la vía pública (Entrevista 2). Este testimonio coincide con informes nacionales la CNDH (2023) y la Secretaría de Gobernación han documentado que la discriminación estructural coloca a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad múltiple, negándoles acceso igualitario a servicios e incluso justificando abusos en su contra.
Junto a la discriminación, los entrevistados señalaron varias violaciones específicas de derechos, entre los que destacan:
Un aspecto resaltado es la falta de capacitación de autoridades locales. Los entrevistados recalcaron que muchos policías municipales o estatales desconocen protocolos sobre trato a migrantes, e incluso pueden tener actitudes xenófobas. “Que sean violentados por autoridades reafirma la falta de capacitación... en vez de velar por su seguridad, en ciertos casos la violan” (Entrevista 4). Consideraron “claro” que todos los municipios deberían entrenar a su personal para saber cómo tratar a este grupo poblacional. Esta recomendación se alinea con las propuestas que se verán más adelante en recomendaciones.
5. Discusión
Los resultados presentados evidencian una realidad compleja en la que Monterrey se ve inmersa como parte de las nuevas dinámicas migratorias regionales. Para analizar críticamente estos hallazgos, es útil contrastarlos con estudios contemporáneos y marcos teóricos recientes (2024-2025), así como con desarrollos políticos del periodo en cuestión. A continuación, se abordan los principales puntos de discusión.
Los testimonios de los expertos confirman la tendencia señalada por diversos analistas, México ha experimentado una “transición migratoria”, pasando de ser exclusivamente un corredor hacia EE.UU. a constituirse él mismo en destino para muchos migrantes. López y Ortega (2024) argumentan que factores demográficos (disminución de migración mexicana a EE.UU.) y coyunturales (políticas estadounidenses restrictivas) han confluido para que México retenga cada vez más a migrantes de otras nacionalidades. Los hallazgos de este trabajo se alinean con dicha tesis: la permanencia de centroamericanos en Monterrey obedece no sólo a impedimentos para seguir al norte, sino al reconocimiento de oportunidades en México. Además, la literatura señala que esta transición conlleva desafíos de gobernanza inéditos. En el caso de Nuevo León, se observa un rezago respecto a entidades que históricamente gestionaron migración (Chiapas, Tabasco, CDMX), apenas en años recientes se están creando capacidades institucionales. Azueta y Ortega (2023) destacan la importancia de la Agenda 2030 para orientar a los gobiernos locales en materia migratoria. Sin embargo, en la práctica, Nuevo León aún no ha incorporado explícitamente la meta 10.7 en su Plan Estatal de Desarrollo de manera operativa. Según información oficial estatal consultada, el Plan Estratégico 2030 de Nuevo León menciona la reducción de desigualdades, pero no contempla indicadores específicos sobre migrantes (lo cual coincide con la percepción de los expertos de que dicho objetivo está ausente o es incipiente). Esto indica una brecha entre el marco global de gobernanza migratoria y su adopción a nivel subnacional. La discusión entonces gira en torno a cómo acelerar esa adopción; una recomendación que surge es que Nuevo León y sus municipios elaboren agendas locales de migración alineadas con el ODS 10.7, integrando metas como acceso a servicios para migrantes o programas de regularización local, lo que podría ser pionero a nivel nacional si se implementa.
Los resultados enfatizan la falta de políticas de inclusión, lo que concuerda con estudios recientes. González y Prado (2023) realizaron encuestas en Nuevo León sobre actitudes ciudadanas hacia la integración de migrantes centroamericanos, encontrando que existe disposición en sectores de la población a aceptar su integración, pero también prejuicios notables. Este trabajo sugiere que, si bien la sociedad regiomontana valora principios humanitarios, persisten temores sobre seguridad y economía que pueden obstaculizar políticas inclusivas. La ausencia de una estrategia comunicacional gubernamental robusta que promueva la convivencia intercultural en Monterrey podría explicar por qué subsisten episodios de discriminación cotidiana (por ejemplo, denuncias en prensa local de negativas a rentar viviendas a migrantes o de trato despectivo en hospitales). Los expertos de nuestro estudio abogaron por un enfoque de seguridad humana; cabe mencionar que Díaz (2021) en Frontera Norte plantea que dicho enfoque ofrece una vía para “desmilitarizar” la gestión migratoria y enfocarla en la protección del individuo. En Nuevo León, el desafío es práctico ¿cómo traducir eso en políticas? Una idea discutible es crear mesas permanentes de trabajo entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Igualdad e Inclusión para revisar protocolos y casos de violaciones a migrantes, aplicando principios de seguridad humana (p. ej., la no-detención de solicitantes de asilo, como marca el artículo 52 de la Ley de Migración, el cual –como apuntó un entrevistado y confirmó un reporte de EFE– lamentablemente no se ha aplicado cabalmente en 2023-2024). Si Nuevo León lograra implementar una política de “ciudad santuario” de facto (salvaguardando a migrantes en su territorio por encima de consideraciones punitivas), sería un avance notable y un caso de estudio en gobernanza migratoria subnacional. No obstante, eso requeriría voluntad política y negociación con la federación para respetar límites de competencia.
A nivel nacional, 2023 fue un año crítico: ocurrió el trágico incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez (marzo 2023) donde murieron 40 migrantes, lo cual puso en evidencia la pésima gestión del INM y derivó en llamados a reformar profundamente la política migratoria. En 2023-2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares e informes instando a México a garantizar condiciones dignas en estaciones migratorias y alternativas a la detención. Los entrevistados mencionaron las críticas al INM, destacando que “no debería fungir como centro de detención permanente, sino de estancias temporales y procesos administrativos conforme a DD.HH.”. Esta afirmación coincide casi textualmente con recomendaciones de la CIDH y de ONG como Amnesty International, que en 2023 exhortaron a México a eliminar la detención prolongada de migrantes. Es ilustrativo que uno de los entrevistados estuviera tan al tanto de estas críticas, lo que sugiere que la comunidad académica y activista de NL mantiene sintonía con el debate nacional. Sin embargo, en la práctica, no se han observado cambios legislativos, el INM sigue operando bajo el mismo esquema en 2024, y aunque se habló en el Congreso de desaparecerlo o reformarlo tras la tragedia de Juárez, eso no se concretó durante 2024.
Un punto notable es la referencia de los entrevistados a la baja en la migración salvadoreña debido a políticas de seguridad del gobierno de El Salvador. En efecto, durante 2022-2023 el presidente Bukele implementó un régimen de excepción y masivas encarcelaciones de pandilleros, lo que se ha asociado con una reducción drástica de la violencia en ese país. Esto tuvo como efecto reportado la disminución de migrantes salvadoreños según datos consulares citados por Gómez (2024), la migración desde El Salvador hacia México cayó de 61 mil a 24 mil personas anualmente. La discusión aquí se centra en que las dinámicas internas de los países de origen impactan la composición de flujos; Honduras sigue expeliendo personas por la persistente inseguridad y crisis socioeconómica (lo que concuerda con ese país siendo el primer lugar de peticionarios de asilo en México en 2024, con más de 23 mil en 9 meses), mientras El Salvador temporalmente reduce su éxodo. Sin embargo, expertos advierten que las medidas salvadoreñas podrían ser insostenibles en el largo plazo si no se acompañan de oportunidades económicas, por lo que esa tendencia podría revertirse. Para Nuevo León, esto significa que debe prepararse para flujos variables hoy mayoritariamente hondureños, mañana tal vez nuevamente salvadoreños o, como se observa ya, venezolanos y haitianos integrándose a la mezcla. De hecho, las cifras del Espacio Migrante en NL indican que en 2022-2023 atendieron personas de más de 60 nacionalidades, con venezolanos a la cabeza (43.2 %) seguidos de hondureños (26.8 %). Esto sugiere que la discusión no puede limitarse al TNCA; la gobernanza local debe ser capaz de adaptarse a movimientos migratorios cambiantes.
Con la perspectiva de un posible endurecimiento de políticas migratorias de Estados Unidos en 2025, la discusión adquiere un cariz prospectivo si EE.UU. reinstaura medidas como Remain in Mexico 2.0 o limita drásticamente el asilo, ciudades mexicanas como Monterrey podrían recibir aún más personas varadas o retornadas. La COMAR ya anticipó que la llegada de Trump podría elevar las solicitudes de refugio en México. La planificación local debe contemplar escenarios de aumento súbito en 2025 por ejemplo, reforzar la capacidad de albergues. La experiencia global muestra que cuando las comunidades locales sienten que cuentan con apoyo (financiero, logístico) para manejar la situación, disminuyen las resistencias sociales. En cambio, si perciben que es una carga impuesta, aumentan los rechazos.
6. Conclusiones
La presente investigación analizó los desafíos que enfrenta la gobernanza migratoria en Monterrey, Nuevo León, para garantizar los derechos humanos de personas migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. A través de un enfoque cualitativo basado en entrevistas a expertos y el contraste con fuentes recientes, se obtuvieron varios hallazgos: a) existen vacíos normativos y de política pública a nivel estatal y municipal que dificultan la protección integral de los migrantes, reflejados en falta de programas específicos de inclusión y trámites engorrosos de regularización; b) los factores que llevan a los migrantes centroamericanos a quedarse en Monterrey son principalmente la búsqueda de seguridad y oportunidades económicas, sumados a circunstancias como agotamiento de recursos o cambios en las políticas fronterizas, lo que confirma la transformación de México en destino migratorio; c) los derechos humanos más vulnerados en la experiencia migrante incluyen la no discriminación (siendo esta violación transversal a múltiples ámbitos), la integridad y seguridad personal (amenazadas por abusos de autoridades y delitos), el acceso a la justicia, y los derechos sociales básicos como trabajo digno y salud; d) la respuesta de actores políticos y sociales locales ha sido incipiente pero muestra potencial, especialmente cuando se articulan esfuerzos de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales –ejemplificado en las ferias de empleo inclusivas y la creación del Espacio de atención al migrante–, aunque se requiere mayor institucionalización y recursos para escalar estas iniciativas; y e) la perspectiva de seguridad humana y justicia restaurativa ofrece un marco transformador para reorientar la gobernanza migratoria desde un paradigma de control hacia uno centrado en la dignidad y la reparación, necesario para construir comunidades más justas en contextos fronterizos.
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*Marlene del Toro Granados
Formación: Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas; Maestra en Relaciones Internacionales, ambas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Ocupación: Docente-Investigadora, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. Líneas de investigación: Derechos humanos; migración; gobernanza. Contacto: marlene.dtg02@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5688-1906