Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México
Human Rights, Structural Violence, Criminalization, and Weakened Governance on Mexico’s Northern and Southern Borders
Verónica Ascención Cuevas Pérez*
Dave Alexander López-Mejía**
Universidad Autónoma de Nuevo León
Resumen
La presente investigación aborda la convergencia de violencia estructural, criminalización de la migración y fallas de gobernanza en las fronteras norte y sur de México. Se describen datos recientes (2023–2025) de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como estudios académicos previos, para contextualizar los retos en los corredores Reynosa–Matamoros, Nogales y Tapachula. El marco teórico integra enfoques sobre violencia estructural (Galtung, 1969), crimmigración y gobernanza criminal, destacando cómo la legalidad formal contrasta con prácticas extralegales de persecución migratoria. La metodología es cualitativa-documental, se analizaron múltiples casos con codificación asistida por software, combinando fuentes estadísticas, informes oficiales y testimonios mediáticos. Los resultados revelan: 1) detenciones administrativas extendidas, inadmisiones exprés y deportaciones sumarias (20 recomendaciones de la CNDH al INM en 2024); 2) al menos 569 denuncias de secuestro y extorsión contra migrantes (enero – noviembre 2023), sobre todo en Tamaulipas y Sonora; 3) episodios de colusión policial (p.ej., masacre de Camargo) y vacíos de protección en Tapachula; 4) impactos psicosociales (estrés postraumático, desconfianza) que alimentan la formación de caravanas; y 5) respuestas institucionales incipientes —recomendaciones de derechos humanos, medidas cautelares, mesas de trabajo— apoyadas en su mayoría por la sociedad civil. Se concluye que la criminalización migratoria es un fenómeno estructural ligado a la desigualdad sistémica. Las proyecciones de investigación sugieren profundizar en la gobernanza fronteriza y en los efectos psicosociales de la violencia migratoria. Se recomiendan políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Palabras clave: criminalización migratoria; derechos humanos; gobernanza criminal; migración fronteriza; violencia estructural.
Abstract
This research addresses the convergence of structural violence, migration criminalization, and governance failures along Mexico’s northern and southern borders. Recent data (2023–2025) from official agencies (INEGI, SEGOB, CNDH, COMAR, Coneval), as well as prior academic studies, are analyzed to contextualize challenges in the Reynosa–Matamoros, Nogales, and Tapachula migration corridors. The theoretical framework draws on structural violence (as defined by Galtung), crimmigration, and criminal governance approaches, highlighting the contrast between formal legality and extralegal practices of migrant persecution. The methodology is qualitative-documentary: multiple cases were analyzed using assisted coding software, combining statistical sources, official reports, and media testimonies. Findings reveal: 1) extended administrative detentions, fast-track inadmissions, and summary deportations (with 20 CNDH recommendations to INM in 2024); 2) at least 569 reported cases of kidnapping and extortion against migrants (Jan–Nov 2023), particularly in Tamaulipas and Sonora; 3) episodes of police collusion (e.g., the Camargo massacre) and protection gaps in Tapachula; 4) psychosocial impacts (post-traumatic stress, distrust) that fuel the formation of migrant caravans; and 5) incipient institutional responses —such as human rights recommendations, precautionary measures, and working groups— mostly supported by civil society organizations. The study concludes that migration criminalization is a structural phenomenon linked to systemic inequality. Future research should delve deeper into border governance and the psychosocial effects of migration-related violence. Public policy recommendations include adopting a human rights-based approach.
Keywords: border migration; criminal governance; criminalization of migration; human rights; structural violence.
Recibido: 12 de julio 2025
Aprobado: 18 de septiembre 2025
1. Introducción
El propósito de esta investigación es analizar cómo la intersección entre violencia estructural, criminalización migratoria y gobernanza debilitada incide en el trato y la garantía de derechos de las personas migrantes en México.
México se ha convertido en pasaje obligado para flujos migratorios masivos provenientes del Caribe, Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. Esta situación genera tensiones políticas y sociales en regiones fronterizas donde convergen violencia estructural, persecución institucional y presencia de actores criminales. Aunque la ley mexicana sanciona la migración irregular como falta administrativa, en la práctica las personas migrantes son tratadas como criminales. Entre 2000 y 2023, México ha deportado más de 2,749,000 personas, 500 mil entre enero de 2019 y noviembre de 2023. Estas cifras muestran la magnitud de una política de contención influida por la securitización fronteriza y por la externalización estadounidense de controles.
La violencia estructural describe daños indirectos derivados de arreglos políticos, económicos y sociales que perpetúan desigualdad y vulnerabilidad, sin un agresor individual identificable (Fernández-Ortega et al., 2023). En el campo migratorio se expresa en carencias de servicios básicos, riesgos constantes y ausencia de protección estatal. La criminalización migratoria alude al uso de dispositivos legales y prácticas administrativas para perseguir, procesar o estigmatizar a migrantes, moviéndose entre marcos de seguridad nacional y seguridad humana; la literatura reciente documenta detenciones prolongadas, deportaciones sumarias y estigma social pese al régimen formalmente administrativo (Chacón, 2021; Rojas-Wiesner y Bazok, 2020). La gobernanza criminal explica escenarios donde actores delictivos ocupan o desplazan funciones de autoridad, articulan redes con liderazgos civiles y servidores públicos y producen órdenes paralelos que inciden en lo social, económico y político (Arias, 2006; Tamez y López-Mejía, 2024).
El estudio se delimita en la intersección de tres aspectos: a) violencia estructural que produce desigualdad extrema en zonas fronterizas y expone a las personas migrantes a desprotección estatal (Fernández-Ortega et al., 2023); b) criminalización migratoria mediante medidas legales y prácticas que, aunque insertas en un régimen administrativo, generan efectos punitivos y estigma social (Chacón, 2021; Rojas Wiesner y Bazok, 2020); y c) gobernanza debilitada y criminal que desplaza capacidades públicas y condiciona la vida de comunidades y flujos migratorios en territorios con presencia de cárteles (Arias, 2006; Tamez y López-Mejía, 2024). La evidencia indica que esta confluencia explica parte de la magnitud y el carácter de la contención migratoria en México.
2. Desarrollo
2.1 Violencia estructural y migración
Los migrantes transitan por contextos de violencia múltiple; además de la violencia directa (asesinato, secuestro, explotación), enfrentan violencia estructural como formas invisibles de opresión institucionalizada. Como explican Fernández-Ortega et al. (2023), la violencia estructural proviene de leyes y normas sociales que desprotegen a las personas en situación de vulnerabilidad. Galtung (1969) ya señalaba que la violencia estructural surge de la organización socioeconómica misma, perpetuando pobreza, hambre, inseguridad y falta de acceso a derechos básicos. En la frontera mexicana, esto se traduce en insuficiencia de servicios de salud, educación y seguridad para migrantes, que a menudo quedan atrapados en limbos legales sin protección. Un estudio de campo en Tijuana documentó que 42 % de migrantes encuestados habían sufrido lesiones o agresiones, la mayoría provocadas por agentes migratorios y policiales (OIM, 2022). Esto ilustra cómo, más allá de criminales explícitos, el propio aparato estatal genera daño.
Algunos autores han llamado la atención sobre la intersección de violencia estructural y migración, por ejemplo, Torre-Cantalapiedra y Yee (2018) destacan que las políticas de control fronterizo pueden reproducir condiciones estructurales de desigualdad en el sur de México. Otros autores apuntan que las comunidades locales enfrentan tensiones sociales agravadas por la llegada masiva de migrantes en contextos de pobreza y debilidad institucional, aunado a los vacíos de poder imperante en la zona (Tamez y López-Mejía, 2024). Dicho de otro modo, la violencia estructural es la matriz que permite luego la persecución directa de migrantes.
2.2 Criminalización de la migración y derechos humanos
La criminalización migratoria refiere a la convergencia entre las leyes migratorias y el derecho penal (el fenómeno de la crimmigration). Chacón (2021) sostiene que a nivel global existe una tendencia creciente a aplicar sanciones punitivas a la migración irregular bajo la lógica de la seguridad nacional. En México, este proceso ha implicado la ampliación de facultades policiales y militares para controlar flujos migratorios, así como la expansión de categorías legales (p.ej. “inadmisiones exprés”, deportaciones sumarias) con fines disuasorios (Jaimes Ramos y Marañón, 2025).
Las instituciones estatales participan directamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que en 2024 emitió 20 recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM) por violaciones de derechos humanos (retenciones indebidas, detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas). Estas prácticas contrastan con el principio constitucional de legalidad entendido como: ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe.
Según Rojas-Wiesner y Bazok (2020), la impunidad con que policías e inspectores migratorios operan fuera del marco jurídico alimenta la percepción del migrante como “infractor”. Este estigma penalizado se evidencia en tragedias recientes, p. ej., la masacre de Camargo (enero 2021) donde 19 migrantes fueron asesinados y calcinados por policías estatales coludidos con el crimen organizado.
En el discurso de seguridad nacional, la migración irregular es presentada como amenaza, lo que legitima medidas excepcionales —esto es frecuentemente escuchado en la retórica del actual presidente de Estados Unidos—. Anguiano y Lucero (2020) observan que México adoptó un enfoque de contención gradual influido por presiones externas, dentro de estas estrategias rola la militarización de la política migratoria.
La intención no es debatir si la militarización de la política migratoria es correcta o incorrecta, sino señalar que la impunidad frente a la corrupción constituye un elemento coyuntural y un problema endémico que obstruye la implementación efectiva de planes y políticas públicas. Las actividades criminales relacionadas con la migración justifican, en este contexto, que el gobierno haya delegado funciones del INM a cuerpos armados. Como se ha expuesto, el crimen organizado se beneficia del fenómeno migratorio, lo que convierte a ambos problemas en una misma agenda de seguridad, bajo la competencia directa de la Guardia Nacional (GN) —adscrita desde el 30 de septiembre de 2024 a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)— como cuestión de seguridad nacional.
Retomando el eje central de esta investigación, el migrante que abandona su país con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida o lograr la reunificación familiar, lo hace con plena conciencia de que migrar de forma irregular implica múltiples riesgos (Torrez y Martínez, 2022). En este contexto, México sanciona en su Ley de Migración la figura del “migrante en tránsito”; sin embargo, en la práctica, esto ha derivado en una criminalización ilegítima de dichas personas, quienes son tratadas informalmente como infractores.
No obstante, cuando el migrante —consciente de su estatus irregular— opta por ingresar y cruzar el país a través de rutas no oficiales o “puntos ciegos”, muchas de las cuales están controladas por organizaciones criminales, se genera un fenómeno aún más complejo. En este escenario, se vuelve común afirmar que el migrante “pacta” con el crimen organizado, lo cual refuerza su estigmatización, ya no se le percibe únicamente como un migrante irregular, sino como un actor que contribuye indirectamente al financiamiento de redes delictivas (López-Mejía, y Martínez, 2020). Es justamente en este punto donde el migrante enfrenta los mayores peligros para sus derechos humanos, pues se sitúa en la intersección entre la criminalidad estructural y la aplicación discriminatoria de la normativa formal.
La otra cara de la moneda se manifiesta en la saturación de solicitudes que enfrentan instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y en la sobrecarga de trámites migratorios a cargo del INM. Esta situación, sumada a la ausencia de ingresos económicos para los migrantes durante el proceso, los obliga en muchos casos a insertarse en la economía informal —o en la mendicidad y trabajo precario—. En consecuencia, se produce un fenómeno de indigencia visible que contribuye a gentrificar negativamente la percepción pública de pobreza e inseguridad en diversas zonas fronterizas del país, alimentando estigmas y tensiones sociales en contra de las personas migrantes.
2.3 Gobernanza criminal y vacíos de poder fronterizos
El concepto de gobernanza criminal alude a la usurpación de funciones estatales por parte del crimen organizado. Sánchez y López (2020) documentaron casos de “narcoayudas” en la pandemia, cárteles repartieron despensas en 18 estados para ganar aceptación comunitaria. Estas acciones apuntan a que, en ausencia o debilidad del Estado, los grupos delictivos proveen servicios sociales básicos, usurpando la autoridad. López-Mejía (2025) define los vacíos de poder como la situación donde el control efectivo está debilitado o ausente, y un poder de facto —mejor organizado— domina el espacio público.
Bajo gobernanza criminal, los derechos humanos desaparecen de la ecuación, el crimen organizado establece “espacios sin ley” en los cuales mantiene control socioeconómico y político. Berenzon (2021) enfatiza que en tales territorios las organizaciones delictivas se convierten en la autoridad más influyente localmente, llegando a infiltrar administraciones públicas locales. En efecto, los vacíos de poder en las fronteras facilitan que migrantes queden a merced de cárteles, desde extorsiones y secuestros masivos hasta el tráfico de personas. La visión clásica de Max Weber sobre el monopolio estatal de la coerción queda rota; Arias (2006) sostiene que los grupos criminales han pasado de “actores fuera de la política” a ser actores políticos dentro del territorio.
Este marco explica la fragmentación institucional en las fronteras que agrava la crisis migratoria. Las autoridades locales carecen de capacidad y coordinación, lo que socava la gobernanza pública y facilita que la gobernanza criminal prospere (López-Mejía, 2025).
3. Metodología cualitativo-documental
Este estudio siguió un enfoque cualitativo-documental basado en el análisis de contenido de fuentes secundarias. Se empleó un diseño de casos múltiples centrado en tres regiones fronterizas críticas, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, Nogales, Sonora y Tapachula, Chiapas. La recolección de información incluyó documentos oficiales (informes estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], Secretaría de Gobernación [SEGOB], y COMAR; recomendaciones de la CNDH y CEDH 2023–2025; plan estatal/fronterizo), estudios académicos especializados (revistas indexadas), legislación relevante y reportes de organismos internacionales, así como noticias verificadas de medios reconocidos. Estos materiales fueron seleccionados por abordar directamente la criminalización y violencia migratoria, estatal o delictiva (criterios de inclusión). Se excluyeron fuentes no institucionales o sin verificación editorial (blogs, columnas opinativas), y documentos anteriores a 2023, salvo obras teóricas.
El análisis de contenido se realizó asistido por software cualitativo (NVivo) y permitía codificación temática sistemática. Inicialmente, se construyó una matriz de códigos híbrida, categorías deductivas derivadas del marco teórico (p.ej. “migración”, “violaciones de derechos”, “gobernanza criminal”) combinadas con códigos inductivos emergentes (grupos criminales específicos, fenómenos locales). Cada documento fue cargado en NVivo y segmentado según códigos; se revisó la consistencia interna (acuerdos entre codificadores) y se interpretaron cualitativamente los fragmentos codificados, siguiendo el enfoque de Flick (2014) de análisis profundo en contexto. Aunque se empleó principalmente NVivo, como ejemplo de herramienta alternativa de análisis cualitativo en la triangulación metodológica.
Para garantizar la validez de los resultados se aplicó triangulación de fuentes y métodos. Se contrastó la información de diferentes tipos de documentos; por ejemplo, estadísticas cuantitativas del INEGI y SEGOB contrastadas con informes de derechos humanos o testimonios periodísticos sobre el mismo evento. También se compararon narrativas oficiales con datos de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y medios. Este contraste permitió verificar patrones emergentes y evitar conclusiones basadas en una sola fuente.
Los criterios de inclusión documentan claramente la selección, sólo se consideraron fuentes que trataran directamente la criminalización de la migración (acciones estatales punitivas o abusos por actores no estatales). Esto incluyó informes de año base reciente (2023–2025) para asegurar actualidad, en línea con la revisión sistemática prospectiva.
4. Resultados y discusión
Los hallazgos confirman la convergencia problemática planteada. Se identifican cinco patrones principales (tal como resume el metaanálisis temático).
4.1 Detenciones y deportaciones punitivas
Informes oficiales revelan uso sistemático de detención administrativa prolongada, inadmisiones exprés en aeropuertos y deportaciones sumarias. Por ejemplo, en 2024 la CNDH emitió 20 recomendaciones al INM por abusos como retención indebida más allá de 48 horas sin información clara. Estas prácticas, pese a ser de corte administrativo, se están ejecutando con carácter punitivo, criminalizando a migrantes regulares o indocumentados bajo pretextos administrativos. El patrón llevó incluso al incendio de marzo de 2023, en Ciudad Juárez (40 migrantes muertos bajo custodia del INM) y a investigaciones de la CNDH y la CEDH por estos hechos (García y Rodríguez, 2024). Por ende, los mecanismos formales de control migratorio —teóricamente no penales— se han utilizado para persecución indirecta (p. ej. “negativas de ingreso sin causa válida”), revelando una criminalización estructural del tránsito migratorio.
4.2 Violencia de actores no estatales y colusión
Se documentan múltiples delitos cometidos contra migrantes por redes criminales, a menudo con implicación o complicidad institucional. SEGOB reportó que entre enero y noviembre del 2023 se interpusieron al menos 569 denuncias de delitos contra migrantes (≈2 diarios), principalmente tráfico ilícito de personas, robo y secuestro. Estas cifras, aunque menores a 2022, reflejan que, en los municipios de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, y Sonora, se concentra la violencia contra migrantes. Organizaciones delictivas explotan estas poblaciones vulnerables, extorsionan (halcones que cobran piso a caravanas), secuestran para pedir rescate, o lucran con trata de personas. Es característico que las víctimas principales sean centroamericanos jóvenes, incluyendo mujeres y niños. Un caso emblemático es la masacre de Camargo (enero 2021), donde policías estatales coludidos con un cártel asesinaron y calcinaron a 19 migrantes. A pesar de ser un evento anterior, en 2024 la CNDH giró recomendación por ese crimen y el gobierno estatal creó mesas interinstitucionales para prevenir secuestros de migrantes, siguiendo pautas de la Recomendación 80/2013 (CNDH, 2013) (masacre de 72 migrantes en 2010). Esto muestra que la participación del crimen organizado agrava la crisis migratoria, operando en “focos rojos” donde el Estado no garantiza ni la seguridad mínima.
4.3 Vacíos de poder y gobernanza criminal
En la frontera sur (Chiapas) y algunos tramos de la frontera norte, existen notables vacíos de gobernabilidad. El caso de Tapachula ejemplifica cómo la falta de capacidad municipal y estatal ha dejado a los migrantes varados y expuestos a abusos. El estudio del capítulo de gobernanza señala que la confianza en instituciones clave (policías, jueces, partidos) es menor del 46 % según INEGI (2023), lo que fomenta ingobernabilidad. En tales espacios, el crimen organizado llena el vacío ofreciendo “narcoayudas” y control territorial. Esto significa que, de facto, el crimen se erige como autoridad paralela; por ejemplo, medios reportaron más de 133 eventos de distribución de despensas por cárteles durante la pandemia en 18 entidades. Los análisis conceptuales indican que estos vacíos conducen a que el crimen organizado mantenga un “control fáctico socioeconómico y político” sobre comunidades, violando abiertamente los derechos humanos de poblaciones migrantes (así como de nacionales). La gobernanza pública colapsa parcialmente en muchos municipios fronterizos, las autoridades locales actúan con sus mandatos mermados por corrupción o intimidación, mientras que los grupos criminales imponen orden propio. Esto se ve reforzado por la militarización de la contención (refuerzo de fuerzas armadas en la frontera) que, paradójicamente, no mejora la protección de migrantes, pero incrementa los riesgos de abusos extrajudiciales. La gobernanza criminal describe territorios donde los derechos desaparecen y el crimen organizado pasa a ser actor político dominante.
4.4 Impactos psicosociales en migrantes
Las agresiones sistemáticas dejan secuelas profundas. Los informes analizados señalan impactos psicosociales como estrés postraumático y desconfianza generalizada en las personas migrantes. Estas condiciones psicológicas han sido detectadas por organizaciones civiles; por ejemplo, se alertó del aumento de síntomas de trauma en migrantes varados en la frontera norte (episodios de pesadillas, ansiedad, rechazo a las autoridades). Las víctimas de secuestro o violencia intensa (como sobrevivientes del incendio de Juárez) requieren atención especializada. Además, la percepción de que las autoridades las tratan como criminales genera miedo a denunciar y vulnera el tejido comunitario migrante (forma de violencia cultural/estructural). Un efecto contrario es la formación de caravanas migrantes como respuesta colectiva; según los datos, el 4 % de las personas migrantes consultadas planeaba unirse a una caravana para “sentirse más seguros” al transitar (centros de acogida en Reynosa informan de grupos grandes esperando cruce). Esto confirma que los traumas provocados por la violencia impulsan estrategias de supervivencia compartida, tal como prevén los enfoques de “seguridad comunitaria”.
4.5 Respuestas institucionales y comunitarias
Frente a esta crisis se observa una acción lenta pero creciente de instituciones de derechos humanos y sociedad civil. En el ámbito estatal, la CNDH y las Comisiones Estatales (CEDH) fronterizas han fortalecido sus mecanismos de atención, han procesado más quejas de migrantes (el Informe Anual 2024 de la CNDH ubicó al INM entre las primeras autoridades señaladas por violaciones) y emitido recomendaciones de mayor alcance. Dichas recomendaciones suelen exigir capacitaciones de personal, sanciones a funcionarios involucrados y cambios normativos —un intento de reforma institucional— desde la perspectiva de derechos humanos. En 2024, por ejemplo, la CNDH emitió la Recomendación 168/VG al gobierno de Tamaulipas por la masacre de Camargo, reclamando justicia y medidas preventivas (CNDH, 2024a). También ha instado a normar mejor los procesos de deportación de personas con estatuto de refugio reconocido. A nivel estatal, las comisiones estatales de derechos humanos de Chihuahua y Sonora han tomado un rol activo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua informó de coordinación con albergues para la atención integral de migrantes retornados (alimentación, trámites, retorno seguro), y creó mesas de seguimiento con el Congreso Estatal, tras el incendio en Juárez (proporcionando apoyo psicológico y jurídico a víctimas). La CEDH de Sonora, por su parte, asumió denuncias que involucraron a autoridades federales y emitió medidas cautelares para proteger a migrantes amenazados. Esto demuestra que las instituciones de derechos humanos operan no sólo como receptoras de quejas sino como actores proactivos, articulando con policía, fiscalía y gobierno local.
Desde el gobierno federal, la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB orientó esfuerzos a la generación de datos fiables. Publica boletines mensuales de flujo migratorio y delitos contra migrantes que permiten focalizar recursos. El Boletín de Delitos Contra Migrantes 2023 (publicado ene-2024) desglosó por nacionalidad, sexo y estado los secuestros, robos y extorsiones sufridos. Con ello se identificaron zonas de alto riesgo (por ejemplo, Tamaulipas lideró las denuncias de secuestro, y se constató que aproximadamente el 5 % de salvadoreños deportados de EE.UU. cruzaron por Tamaulipas). Esta información estadística facilitó la elaboración de “mapas de riesgo”, indicadores oficiales guían intervenciones focalizadas. Además, la SEGOB ha promovido programas humanitarios como los “Grupos Beta” de Protección a Migrantes (unidades móviles de rescate y asistencia básica). Si bien estas acciones instituyen un cambio positivo —enfatizan la protección en lugar del castigo— su alcance es aún limitado ante la magnitud del problema.
En conjunto, los hallazgos subrayan que los mecanismos legales (detención, deportación) se emplean punitiva y discriminatoriamente, mientras que prácticas extralegales (redadas policiales no autorizadas, tratos inhumanos) agravan la estigmatización migratoria. La militarización no sustituye la capacidad estatal (jóvenes migrantes sufren más agresiones de fuerzas de seguridad que de criminales. En este escenario, la gobernanza pública y la protección de derechos humanos quedan continuamente obstruidas por la intersección de violencias estructurales y criminales.
5. Conclusiones
La convergencia temática de las variables objeto de estudio revela que la crisis migratoria en México es, ante todo, un fenómeno estructural donde la violencia institucionalizada y la colusión del crimen organizado desbordan la capacidad de gobernanza. La criminalización migratoria se ha consolidado como práctica sistemática, la aplicación de normas supuestamente administrativas produce efectos punitivos equivalentes a medidas penales estigmatizando a los migrantes. A la par, los vacíos de poder fronterizos permiten la expansión de la gobernanza criminal, donde organizaciones delictivas operan como poderes fácticos alternativos. Esta dinámica conduce a la violación masiva de derechos humanos de las personas migrantes que soportan una violencia tanto directa (robos, secuestros, masacres), como estructural (negación de servicios, tortuosa burocracia). Los impactos psicosociales de estas experiencias, como traumas y desconfianza, han generado respuestas comunitarias espontáneas —p.ej., caravanas migrantes— ante la falta de una respuesta institucional más amplia.
Se concluye que las prácticas actuales son insuficientes para atender un problema de esta envergadura; por el contrario, perpetúan el ciclo violento. Los datos indican la urgente necesidad de reorientar las políticas públicas hacia un enfoque de derechos humanos e inclusión. En ese sentido, especialistas recomiendan estrategias integrales, a) priorizar la persecución penal de estructuras criminales que lucran con la migración; b) agilizar y descentralizar los procesos de regularización; por ejemplo, permitir trámites de visa o refugio directamente en la frontera sur para despresurizar la ruta; c) reconocer formalmente que México se ha convertido en destino y planificar recursos en consecuencia; y d) incorporar análisis de inteligencia humanitaria sobre presencia de bandas en la planificación migratoria. Se requiere fortalecer la gobernanza pública, aumentar la capacidad de agentes locales, mejorar la coordinación interinstitucional en los niveles federal, estatal y municipal, y desmantelar la impunidad policial.
Desde la perspectiva investigativa, es fundamental ampliar los casos de estudio (incluyendo fronteras centroamericanas y corredores urbanos), así como profundizar en los impactos psicosociales detectados. También es prometedor evaluar la efectividad de las iniciativas de la sociedad civil (albergues, redes de apoyo) y su relación con las políticas estatales. En el ámbito normativo, urgen estudios sobre la implementación de acuerdos internacionales (Pacto Mundial para la Migración, Convenios de refugiados) en el contexto mexicano.
Por último, las recomendaciones de política pública deben apuntar a un cambio de paradigma, pasar de la contención militarizada a la protección efectiva. Esto implica, por ejemplo, reformar la Ley de Migración para garantizar la integración segura de quienes buscan refugio; destinar fondos a infraestructura humanitaria en la frontera sur; establecer mecanismos independientes de rendición de cuentas por abusos policiales; y asegurar el acceso a justicia para víctimas (Guerrero-Vega y López-Mejía, 2024). Sólo con un enfoque integral de derechos humanos, respaldado en datos, coordinación y voluntad política, podrá México afrontar esta crisis con la dignidad requerida.
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*Verónica Ascención Cuevas Pérez
Formación: Doctorado en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ocupación: Profesora de tiempo completo, Departamento de Subdirección de Posgrado e Investigación, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. Líneas de investigación: género; derechos humanos; minorías. Contacto: veronicacp70@hotmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4706-125X
**Dave Alexander López-Mejía
Formación: Doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ocupación: Profesor-Investigador, Departamento de Subdirección de Posgrado e Investigación, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. Líneas de investigación: derechos humanos; gobernanza; seguridad pública. Contacto: davelopez217@gmail.com ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3576-7749