Defensa cultural y
patrimonial ante
megaproyectos
energéticos: el caso de comunidades mayas
en México
Cultural and heritage defense against large-scale energy projects: the case of Maya communities in Mexico
Recibido: 13 de mayo de 2025
Aprobado: 12 de junio de 2025
José Israel Herrera
Centro de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Autónoma de Campeche; Campeche, México
https://orcid.org/0000-0001-6961-8958
Resumen
Este artículo explora las tensiones entre los megaproyectos energéticos y los derechos culturales y patrimoniales de las comunidades mayas en México. Desde un enfoque interdisciplinario que articula perspectivas jurídicas, antropológicas y culturales, se analiza cómo los procesos de transición energética y desarrollo sostenible impactan no solo el territorio, sino también los saberes tradicionales, las prácticas culturales y los paisajes simbólicos de estas comunidades. Mediante un análisis documental y jurídico, complementado con estudios de caso recientes, se identifican las principales problemáticas que enfrentan las comunidades frente a las políticas estatales y empresariales, así como las estrategias locales de resistencia y defensa. El artículo sostiene que el respeto al patrimonio cultural inmaterial es un componente esencial para lograr una justicia cultural efectiva, y que los actuales mecanismos de consulta y participación requieren ser replanteados a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y patrimonio.
Palabras clave: patrimonio, comunidades mayas, megaproyectos energéticos, justicia cultural, consulta previa.
Abstract
This article explores the tensions between large-scale energy projects and the cultural and heritage rights of Maya communities in Mexico. Through an interdisciplinary approach that integrates legal, anthropological, and cultural perspectives, it analyzes how energy transition processes and sustainable development initiatives impact not only the territory but also traditional knowledge, cultural practices, and symbolic landscapes of these communities. Using documentary and legal analysis, complemented by recent case studies, the article identifies the main challenges faced by communities in response to state and corporate policies, as well as local strategies of resistance and defense. It argues that respect for intangible cultural heritage is a crucial component of achieving effective cultural justice and that current mechanisms of consultation and participation need to be rethought in light of international human rights and heritage standards.
Keywords: heritage, maya communities, large-scale energy projects, cultural justice, prior consultation.
José Israel Herrera. Mexicano. PhD on Law de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y doctorado en gobierno y administración pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente de Veracruz. Profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche, México. Líneas de investigación: megaproyecto; consulta previa, libre e informada; derechos humanos; políticas hacia el indígena. Correo: jiherrer@uacam.mx
Introducción
En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de un notable crecimiento de los megaproyectos energéticos, impulsados tanto por gobiernos nacionales como por inversiones extranjeras bajo la narrativa del desarrollo sostenible y la transición hacia energías renovables (Svampa, 2019). En México, este proceso ha adquirido una dimensión crítica en regiones habitadas por pueblos indígenas, particularmente en la Península de Yucatán, territorio ancestral del pueblo maya. Más allá de las promesas de modernización y justicia social, estos megaproyectos han generado tensiones sociales, ambientales, jurídicas y, de manera destacada, culturales.
El avance de proyectos solares, eólicos e infraestructuras asociadas, como el Tren Maya, no solo transforma los paisajes físicos, sino que también incide profundamente en los paisajes simbólicos, en los saberes tradicionales y en las prácticas culturales que sostienen la identidad colectiva de las comunidades mayas. Estos procesos han puesto en riesgo la continuidad del patrimonio cultural inmaterial, afectando elementos como los territorios sagrados, las formas de gobernanza comunal, los calendarios rituales y la transmisión intergeneracional del idioma y la memoria (Escobar, 2008; CIDH, 2015).
La protección de dicho patrimonio, reconocida en instrumentos internacionales como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), constituye un eje esencial de la justicia cultural y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el contexto mexicano, persisten importantes vacíos normativos y deficiencias en la implementación efectiva de estos derechos, particularmente en lo relativo a la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT.
Este artículo tiene como objetivo analizar, desde un enfoque cualitativo y crítico-discursivo, las implicaciones culturales y patrimoniales de los megaproyectos energéticos en comunidades mayas de los estados de Campeche y Yucatán. El estudio se apoya en un análisis documental y jurídico, complementado con evidencia empírica derivada del proyecto “Comunidades Mayas Sustentables” (PRONACES-CONAHCYT, 2022-2024), en el cual se aplicaron entrevistas semiestructuradas, encuestas breves y observación participante en territorios afectados por megaproyectos.
La relevancia académica y social del estudio radica en visibilizar la dimensión cultural de los impactos, frecuentemente omitida en los debates sobre desarrollo energético. A través de la voz de las propias comunidades y de una lectura situada de los derechos culturales, el artículo aporta al debate sobre justicia cultural, cuestionando los modelos de participación, consulta y toma de decisiones actualmente vigentes, y proponiendo la necesidad de incorporar enfoques interculturales, territoriales y comunitarios en la formulación de políticas públicas.
Marco teórico y conceptual
El análisis de los impactos socioculturales de los megaproyectos energéticos sobre las comunidades indígenas exige un marco teórico interdisciplinario que articule elementos del derecho internacional, la antropología del territorio y los estudios críticos del desarrollo. En este estudio, se retoman especialmente tres conceptos centrales: patrimonio cultural inmaterial, justicia cultural y territorio simbólico, los cuales se ponen en diálogo con los relatos comunitarios y la evidencia empírica recogida entre 2022 y 2024.
El concepto de patrimonio cultural inmaterial, consagrado en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), alude a las prácticas, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios que las comunidades reconocen como parte de su herencia viva. Este patrimonio es dinámico, se transmite intergeneracionalmente y constituye un eje fundamental de identidad y cohesión social. En el caso de los pueblos mayas, incluye desde los saberes agrícolas y rituales vinculados a la milpa, hasta los relatos cosmogónicos asociados a cenotes, montes y sitios arqueológicos.
Desde el enfoque de derechos humanos, los derechos culturales se encuentran reconocidos en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y su Observación General No. 21 (2009) establece que los Estados deben garantizar el acceso, la participación y la contribución a la vida cultural, prestando especial atención a los pueblos indígenas. Sin embargo, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015), estos derechos son frecuentemente vulnerados cuando se imponen megaproyectos sin procesos adecuados de consulta y sin considerar los vínculos culturales con el territorio.
El concepto de justicia cultural, desarrollado por Nancy Fraser (2008), permite analizar estas situaciones como formas de injusticia de reconocimiento, en las que se niega o devalúa la identidad y el sistema de significados de los grupos subalternos. En el caso que nos ocupa, la imposición de proyectos energéticos y de infraestructura sin consentimiento culturalmente informado produce no solo desplazamientos materiales, sino desestructuraciones simbólicas profundas. La justicia cultural, en este sentido, exige no solo redistribución material, sino también reconocimiento pleno de las formas de vida, gobernanza y cosmovisión de los pueblos.
Desde los estudios culturales y la antropología del territorio, se entiende que el territorio no es solo un espacio físico o legal, sino un entramado de significados, prácticas y relaciones afectivas. Como ha argumentado García Canclini (1995), el espacio es también un campo de disputa simbólica, y en el caso de las comunidades mayas, el paisaje se encuentra impregnado de significados rituales, históricos y espirituales. Esta dimensión se vuelve especialmente visible cuando los megaproyectos intervienen en cenotes, montes o zonas sagradas, generando fracturas en los vínculos comunitarios y en la transmisión de conocimientos.
Finalmente, se incorpora el enfoque del “desempaque de derechos” (Goodale y Merry, 2007), que permite observar cómo los marcos normativos internacionales son apropiados, reinterpretados o disputados por los actores locales. En las comunidades mayas estudiadas, los derechos culturales no se entienden como conceptos abstractos, sino como elementos arraigados en la defensa del territorio, la lengua, los rituales y la vida colectiva. Este enfoque permite visibilizar las tensiones entre la formalidad de la consulta previa y las prácticas reales de participación comunitaria, muchas veces ignoradas por las lógicas tecnocráticas del desarrollo.
Metodología
Este estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter crítico-discursivo, sustentado en una estrategia interdisciplinaria que articula fuentes jurídicas, documentales y empíricas. La investigación combina el análisis normativo con trabajo de campo etnográfico realizado entre 2022 y 2024 como parte del proyecto PRONACES “Comunidades Mayas Sustentables”, financiado por el CONAHCYT, con sede en los estados de Campeche y Yucatán.
La dimensión empírica se desarrolló mediante una metodología de corte etnográfico aplicada a contextos de presión territorial. Se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas a actores comunitarios relevantes (autoridades tradicionales, promotores culturales, campesinos y mujeres defensoras), así como 42 encuestas breves, aplicadas a habitantes de comunidades afectadas por megaproyectos energéticos (parques solares, infraestructura asociada al Tren Maya, y proyectos carreteros).
La recolección de datos se centró en comunidades con presencia documentada de conflictos socioterritoriales y cambios acelerados en el uso de suelo comunal. Se aplicaron principios de consentimiento informado, anonimización y resguardo ético de la información. Las entrevistas se realizaron en español y lengua maya, según las preferencias de los interlocutores, y fueron registradas en notas de campo bajo criterios de protección culturalmente sensibles.
El análisis se organizó en torno a tres ejes temáticos:
Para fortalecer la validez interpretativa, se utilizó la técnica de triangulación entre datos empíricos, literatura académica, jurisprudencia nacional e internacional, y comunicados emitidos por las propias comunidades. Este enfoque permite trascender las limitaciones de las aproximaciones puramente normativas y documentales, e integrar voces y experiencias situadas.
Contexto general de los megaproyectos energéticos en México
Desde la reforma energética de 2013, México ha impulsado una política activa de diversificación de su matriz energética, promoviendo la participación del capital privado en la generación, distribución y comercialización de energía, particularmente en fuentes renovables como la eólica y la solar. Esta transformación se enmarca en compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, y en un discurso gubernamental que asocia la transición energética con el desarrollo sustentable y la justicia social (Juárez, 2018; PNUD, 2022).
Sin embargo, el despliegue acelerado de megaproyectos ha tenido impactos significativos sobre territorios indígenas y rurales, especialmente en el sur del país. La Península de Yucatán ha sido señalada como zona prioritaria por sus altos índices de radiación solar, la existencia de tierras ejidales disponibles y su cercanía con centros turísticos como Cancún y la Riviera Maya. Esta combinación de factores ha hecho de la región un foco estratégico para la instalación de parques solares, proyectos eólicos y obras de infraestructura asociada como el Tren Maya.
Diversos estudios han advertido que estos proyectos suelen implementarse sin evaluaciones integrales de impacto sociocultural, y con mecanismos de consulta fragmentarios, tardíos o meramente informativos. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022) documentan la ausencia de procesos efectivos de consulta previa, libre e informada, lo cual genera conflictos socioambientales, tensiones comunitarias, criminalización de defensores del territorio y vulneraciones al patrimonio cultural inmaterial.
Historia reciente de la reforma energética en México
El término “megaproyecto” no solo designa obras de gran escala: encarna una visión del desarrollo centrada en la expansión de infraestructura, el crecimiento económico y la atracción de inversión, frecuentemente en detrimento de las dinámicas territoriales y culturales locales (Svampa, 2019). En México, esta visión se consolidó a partir de la década de 1990 con reformas estructurales que facilitaron la entrada de capital privado en sectores estratégicos.
La reforma energética de 2013, impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto, transformó profundamente el marco constitucional y legal del sector. Se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para permitir la participación privada en la exploración y extracción de hidrocarburos, así como en la generación y comercialización de electricidad. Esta apertura se justificó en términos de modernización, competitividad y sustentabilidad, y se reforzó mediante leyes secundarias que regularon contratos, licitaciones y asociaciones público-privadas.
Aunque el discurso oficial enfatizaba beneficios ambientales y económicos, diversos análisis han señalado la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y el nulo cumplimiento de los estándares internacionales de consulta indígena. Las decisiones estratégicas se tomaron desde una lógica tecnocrática centralizada, sin considerar las implicaciones culturales o territoriales de los proyectos (Rodríguez, 2011; Juárez, 2018).
Con el cambio de gobierno en 2018, la administración de Andrés Manuel López Obrador propuso una política energética centrada en la soberanía nacional, pero mantuvo y expandió megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Si bien se revirtió parcialmente la apertura del sector energético, persistieron los mismos vacíos en materia de consulta y evaluación cultural. Proyectos como el Tren Maya fueron presentados como instrumentos de “justicia social” para el sureste, pero han sido señalados por académicos, organismos internacionales y las propias comunidades como iniciativas que generan fragmentación territorial, afectaciones patrimoniales y desplazamiento simbólico.
En suma, la historia reciente de la reforma energética revela una tensión persistente entre el modelo de desarrollo nacional y los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas. Esta tensión no solo es jurídica o económica, sino profundamente cultural, pues confronta visiones opuestas sobre el territorio, el progreso y el buen vivir.
La Península de Yucatán como zona estratégica
La Península de Yucatán se ha consolidado como una región clave en la agenda energética de México. Diversos factores geográficos, políticos y económicos confluyen para explicar este interés: sus elevados niveles de radiación solar y vientos constantes, la existencia de tierras comunales disponibles, su cercanía con polos turísticos de alto consumo energético, y su relativa lejanía de los centros tradicionales de generación eléctrica. Estas condiciones han llevado a considerar la región como un nodo estratégico tanto para los mercados como para los compromisos internacionales en materia de transición energética (PNUD, 2022; Juárez, 2018).
Desde el año 2015, municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo han sido escenario de una expansión acelerada de parques solares y eólicos, en su mayoría operados por empresas privadas nacionales e internacionales. Esta tendencia se intensificó tras la reforma energética de 2013, pero también ha sido promovida por políticas locales que ven en estos proyectos una vía para atraer inversión y mejorar la infraestructura. Sin embargo, este modelo de desarrollo energético ha avanzado con débil participación ciudadana, escasa deliberación con comunidades indígenas, y una visión predominantemente tecnocrática del territorio.
A nivel territorial, la península se caracteriza por un alto porcentaje de tenencia social de la tierra, particularmente en forma de ejidos y tierras comunales. Estas tierras son gestionadas colectivamente bajo usos y costumbres mayas, lo que representa tanto una oportunidad para la defensa del territorio como un foco de tensión frente a proyectos que buscan acceso a grandes extensiones mediante mecanismos poco transparentes de arrendamiento o compra. En muchos casos, se ha documentado la presión ejercida sobre los comisariados ejidales y la fragmentación del tejido comunitario como consecuencia de estos procesos.
Además, la región alberga un enorme patrimonio cultural y ambiental: zonas arqueológicas, cenotes sagrados, reservas de biodiversidad y paisajes simbólicos profundamente arraigados en la cosmovisión maya. A pesar de que estos valores han sido reconocidos por organismos internacionales (UNESCO, 2003), se encuentran bajo creciente presión por la expansión simultánea de infraestructuras turísticas, energéticas y de transporte. Proyectos como el Tren Maya, promovido como detonador del desarrollo regional, han generado severas preocupaciones por su posible fragmentación del territorio, afectaciones al patrimonio arqueológico y a los sistemas hídricos subterráneos.
Desde una perspectiva cultural, los megaproyectos en la península no solo modifican el paisaje físico, sino que erosionan los paisajes simbólicos y rituales en los que se ancla la identidad maya. Las comunidades afectadas han denunciado que muchas veces los estudios de impacto ambiental no incluyen evaluaciones socioculturales serias, y que la “consulta previa” ha sido reducida a talleres informativos sin capacidad real de influencia. Estas prácticas no sólo contravienen los estándares internacionales de derechos humanos, sino que profundizan la sensación de despojo, invisibilización y desplazamiento simbólico.
Conflictos socioambientales recientes en América Latina:
un marco comparativo
El avance de megaproyectos energéticos sobre territorios indígenas no es exclusivo de México. Se trata de un patrón regional que ha sido ampliamente documentado en América Latina, donde el modelo de desarrollo basado en la intensificación de la explotación de recursos —energéticos, minerales, hídricos y territoriales— ha generado numerosos conflictos socioambientales. Diversos autores han denominado a esta dinámica como neoextractivismo, caracterizada por el uso intensivo del territorio con fines productivos y la marginación de las comunidades locales en los procesos de decisión (Svampa, 2019).
En este contexto, se han multiplicado las tensiones entre los compromisos constitucionales de los Estados con los derechos de los pueblos indígenas y sus intereses estratégicos de crecimiento económico. Aunque la mayoría de los países de la región han incorporado formalmente el principio de consulta previa, libre e informada, en la práctica este derecho ha sido vulnerado sistemáticamente. Las consultas son realizadas de forma tardía, sin información culturalmente pertinente o en condiciones de fuerte asimetría entre los actores involucrados.
Por ejemplo, en Bolivia, la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) desató en 2011 una de las movilizaciones indígenas más relevantes del país, cuestionando la coherencia del discurso plurinacional con la política extractiva del Estado (Schilling-Vacaflor, 2011). En Colombia, la represa de Hidroituango fue denunciada por comunidades afectadas por sus impactos sobre el territorio y la ruptura de relaciones comunitarias con el río. En Ecuador, los pueblos amazónicos han protagonizado litigios estratégicos para frenar la expansión petrolera y minera sobre sus territorios, logrando incluso sentencias favorables en instancias internacionales.
Estos ejemplos revelan que la problemática observada en la Península de Yucatán forma parte de una dinámica estructural más amplia, donde los Estados tienden a privilegiar proyectos de gran escala en nombre del “interés nacional”, sin garantizar los derechos colectivos, culturales y territoriales de los pueblos indígenas. La comparación regional, aunque breve, permite reconocer la existencia de patrones comunes de conflicto, así como estrategias de resistencia compartidas: uso del litigio estratégico, movilización comunitaria, defensa cultural del territorio y producción de conocimiento desde los pueblos.
En el caso mexicano —y particularmente en la región maya— estas estrategias están presentes, pero aún enfrentan severas limitaciones debido a la fragmentación institucional, la captura corporativa de ciertos procesos de consulta y la falta de reconocimiento de los impactos simbólicos y patrimoniales como daños estructurales.
Impacto cultural y patrimonial en comunidades mayas
El despliegue de megaproyectos energéticos en la Península de Yucatán ha generado una serie de afectaciones que van más allá del impacto físico o ambiental. En el caso de las comunidades mayas, estas transformaciones deben leerse en clave cultural, pues afectan las formas de habitar, significar y gobernar el territorio. Desde los testimonios recogidos en campo, así como a través del análisis de estudios previos y literatura especializada, se identificaron múltiples dimensiones de impacto que comprometen la continuidad histórica, la identidad colectiva y el patrimonio inmaterial de estas comunidades.
A diferencia del discurso institucional que concibe el territorio como un recurso técnico o una unidad de desarrollo, las comunidades mayas lo entienden como un entramado de significados, prácticas y relaciones espirituales. Los megaproyectos —ya sean solares, eólicos o de infraestructura asociada— alteran directamente este entramado: fragmentan territorios sagrados, desplazan prácticas agrícolas y rituales, debilitan la transmisión de la lengua y modifican las estructuras tradicionales de toma de decisiones.
Durante el trabajo de campo realizado entre 2022 y 2024 en comunidades como Ixil, Yaxunah, San José TipCeh de Yucatán, se identificaron cinco ejes críticos de afectación cultural:
Tabla 1. Dimensiones de impacto sociocultural y patrimonial
en comunidades mayas (2022-2024)
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Dimensión impactada |
Descripción del impacto |
Ejemplo documentado |
|---|---|---|
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Territorio sagrado y paisaje |
Fragmentación de sitios sagrados como cenotes, cuevas y montes; pérdida de referentes simbólicos. |
Zona Edzná: construcción cercana a montículos y cuevas usados para rituales de petición de lluvias. |
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Prácticas |
Desplazamiento de espacios de milpa y apicultura; interrupción de calendarios agrícolas y ceremoniales. |
Comunidad de San José TipCeh: reducción de superficie de milpa por arrendamiento de tierras para parque solar. |
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Organización |
Debilitamiento de estructuras tradicionales de decisión; erosión del tejido comunitario. |
Yaxunah: pérdida de legitimidad de los comisariados ejidales tras negociaciones externas con empresas. |
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Lengua y |
Desuso del idioma maya en espacios colectivos; dificultades para transmitir conocimientos ancestrales. |
Ixil: jóvenes abandonan la lengua maya ante la imposición de lógicas externas de modernización. |
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Consulta previa y participación |
Consultas fragmentarias o tardías; exclusión de actores relevantes; ausencia de consentimiento informado. |
Casos observados en Tren Maya: talleres informativos sin deliberación real; participación limitada. |
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Acceso a |
Restricción en el uso del agua, tierra y biodiversidad para fines comunitarios frente a concesiones energéticas. |
Región oriente de Yucatán: disminución del acceso a agua por sobreexplotación de acuíferos en zonas con paneles solares. |
Nota. Elaboración propia con base en trabajo de campo y análisis documental (2022-2024).
Alteración de territorios sagrados y paisajes simbólicos
Para los pueblos mayas, el territorio no se concibe únicamente como un espacio físico o productivo, sino como un entramado espiritual, simbólico e histórico. Cada cerro, cenote, cueva o árbol centenario posee una carga significativa asociada a relatos fundacionales, rituales agrícolas o vínculos con ancestros. Estos espacios conforman lo que diversos autores han denominado paisaje simbólico, es decir, un entorno cargado de memoria, sacralidad y ordenamiento cultural (Palma y Zárate, 2016; Santoyo y Gallegos, 2018).
Los megaproyectos energéticos, al introducir infraestructura de gran escala en zonas de alta densidad cultural, han generado alteraciones profundas en estos paisajes. Las comunidades entrevistadas en Campeche y Yucatán coincidieron en señalar que, aunque en algunos casos los sitios sagrados no fueron directamente destruidos, su acceso, integridad y carga ritual fueron vulnerados. La privatización de caminos de acceso, la presencia de cercas metálicas, y la contaminación acústica y visual asociada a los parques solares han cambiado la relación ancestral con el entorno.
Un caso paradigmático es el de la región de Edzná, donde varias comunidades han reportado afectaciones a montículos, cuevas y formaciones naturales utilizadas históricamente para ceremonias de petición de lluvia y protección de la cosecha. Como relató un habitante de la zona:
“Ahí hacíamos la ceremonia con los abuelos. Cada año se pedía la lluvia con ofrenda. Ahora ya no dejan entrar. Dicen que es terreno privado, que ya hay permisos” (Comunicación personal, mayo de 2023).
En otros casos, como en Yaxunah y San José TipCeh, la construcción de infraestructura cercana a sitios rituales ha generado una sensación de profanación y desplazamiento. Esto no solo interrumpe la práctica de rituales, sino que altera el equilibrio espiritual de la comunidad, al romperse el vínculo entre el territorio y su dimensión sagrada. Como expresó una promotora cultural maya:
“No es solo que tomen la tierra. Es que están rompiendo la energía del monte, del cenote, donde hablamos con nuestros abuelos. Eso es lo que no entienden los ingenieros”.
Estos testimonios permiten afirmar que los megaproyectos generan una forma de despojo no únicamente territorial, sino también simbólico. Aunque la legislación mexicana contempla mecanismos de protección del patrimonio arqueológico (a través del INAH) y ambiental (a través de la SEMARNAT), no existen instrumentos jurídicos efectivos para proteger el paisaje simbólico indígena como una totalidad viva y dinámica.
Transformaciones en las prácticas agrícolas y rituales
En el universo sociocultural de las comunidades mayas de la Península de Yucatán, las prácticas agrícolas —en particular la milpa y la apicultura tradicional— están profundamente entrelazadas con rituales comunitarios, calendarios cosmogónicos y formas colectivas de vida. La milpa no es únicamente una técnica de cultivo, sino un eje de reproducción cultural, transmisión de conocimientos intergeneracionales y ordenamiento del tiempo ritual (Vecerra, Rivera-Costales y Lata, 2023). Por tanto, su transformación o desplazamiento constituye una alteración estructural del tejido comunitario.
Los procesos de expansión energética, a través de parques solares o concesiones de tierras para infraestructura, han provocado en varias comunidades una reducción significativa del acceso a tierras de cultivo, especialmente aquellas de régimen ejidal. En San José TipCeh y en zonas aledañas a Yaxunah, por ejemplo, numerosos ejidatarios han arrendado sus parcelas a empresas privadas, a menudo bajo presión o sin información completa de los términos contractuales. Aunque algunos comuneros recibieron pagos iniciales, a mediano plazo se reportaron conflictos internos por el uso del dinero, la pérdida de autonomía sobre el uso del suelo y la imposibilidad de mantener prácticas agrícolas tradicionales.
Uno de los efectos más visibles ha sido la interrupción del calendario agrícola ritual, que tradicionalmente se organiza en torno a celebraciones como los bautizos mayas, o las ofrendas para la lluvia. La desaparición de estos espacios ha derivado en la pérdida de cohesión comunal y en una creciente desvinculación de los jóvenes con los ciclos del campo. Como explicó un campesino mayor de San José TipCeh:
“Antes sabíamos cuándo sembrar por las estrellas, por los abuelos. Ahora los muchachos se van a Mérida o se meten a trabajar con las empresas. Ya nadie hace los rezos como antes” (Comunicación personal, junio de 2023).
La apicultura melipona, otro eje identitario del pueblo maya, también ha sufrido impactos severos. En áreas cercanas a los megaproyectos, se ha documentado la pérdida de colmenas debido a cambios microclimáticos, uso de maquinaria pesada y reducción de floración local. Esta pérdida no solo tiene implicaciones económicas, sino que representa una fractura en la relación espiritual entre los apicultores y las abejas nativas, consideradas entes sagrados en la tradición maya.
Además, se ha identificado un patrón de desarticulación generacional: las nuevas generaciones, insertas en dinámicas de empleo precario asociadas a los megaproyectos, tienen cada vez menos interés o capacidad para continuar con las prácticas agrícolas tradicionales. Esta transformación no responde únicamente a una “modernización” deseada, sino a un despojo progresivo de los medios comunitarios de vida, que se presenta como inevitable y sin alternativas reales de deliberación o autonomía.
En suma, la transformación de prácticas agrícolas y rituales en las comunidades mayas afectadas por megaproyectos no puede considerarse un “efecto colateral” del desarrollo. Se trata de una reconfiguración profunda de los vínculos entre comunidad, tierra, tiempo y espiritualidad, que pone en riesgo no solo la seguridad alimentaria local, sino la continuidad cultural misma.
Percepciones comunitarias sobre el patrimonio en riesgo
Los megaproyectos energéticos no solo transforman el territorio físico, sino que también alteran de manera sustantiva las formas en que las comunidades se organizan, deliberan y toman decisiones. En el caso de los pueblos mayas, cuya vida comunal se estructura en torno a asambleas ejidales, consejos tradicionales y prácticas de consenso, la irrupción de actores externos con intereses económicos ha generado tensiones que debilitan la legitimidad de las autoridades locales y fragmentan el tejido comunitario.
El proceso suele comenzar con la llegada de intermediarios o representantes de empresas, que negocian directamente con comisariados ejidales, a menudo sin pasar por una consulta comunitaria adecuada. En comunidades como Yaxunah y Dzibalchén, se han documentado casos en los que los contratos de arrendamiento fueron firmados sin el consentimiento de la mayoría de los ejidatarios, generando conflictos internos, acusaciones de corrupción y una profunda desconfianza hacia las estructuras formales de representación. Como relató una autoridad tradicional de Yaxunah:
“Nos dijeron que solo era para medir, para hacer un estudio. Después supimos que ya habían firmado por treinta años. ¿Quién les dio permiso? Nosotros no” (Comunicación personal, abril de 2023).
Esta forma de intervención externa refuerza un patrón de desplazamiento simbólico: las decisiones sobre el territorio ya no se toman desde la comunidad, sino desde marcos legales y contractuales ajenos a sus lógicas de legitimidad. En este proceso, se produce una erosión de la autonomía comunitaria y un vaciamiento del poder colectivo que tradicionalmente ha sido ejercido mediante la palabra y el acuerdo ritualizado.
Asimismo, las entrevistas realizadas muestran cómo el conflicto generado por los megaproyectos divide familias, grupos de trabajo y redes de ayuda mutua. Las asambleas, que antes eran espacios de deliberación y resolución, se convierten en escenarios de confrontación. En palabras de una lideresa comunitaria de Dzibalchén:
“Nos han hecho pelear entre nosotros. Los que firmaron no lo dicen, los que no sabíamos reclamamos. Ya no hay confianza. Nos han dividido”.
Este tipo de fragmentación no solo afecta la capacidad de organización, sino que deteriora los procesos de defensa territorial y participación activa. En muchos casos, quienes intentan cuestionar los proyectos son desacreditados o criminalizados, generando un clima de miedo y autocensura.
En este contexto, el desplazamiento simbólico no implica necesariamente la reubicación física de la población, sino la pérdida del lugar como espacio vivido, significado y gobernado por la comunidad. Es decir, un tipo de despojo que afecta el sentido de pertenencia y el control cultural sobre el entorno. Esta situación plantea desafíos fundamentales para la exigibilidad de derechos colectivos, pues los marcos jurídicos existentes rara vez reconocen o reparan estos tipos de daño.
Normativa internacional y nacional aplicable
La afectación al territorio, la cultura y los modos de vida de los pueblos indígenas provocada por los megaproyectos energéticos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva sociológica o ambiental. Supone también una transgresión de derechos fundamentales reconocidos por el marco jurídico internacional y nacional, y conlleva obligaciones concretas para el Estado mexicano.
En primer lugar, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —ratificado por México en 1990— establece el deber de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (art. 6). Esta consulta debe ser previa, libre e informada, es decir, debe realizarse antes de la toma de decisiones, sin coerción, y con información culturalmente pertinente y suficiente. Además, el artículo 15 del mismo instrumento indica que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en el uso, gestión y conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Este marco se complementa con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), que establece estándares más avanzados, como el consentimiento libre, previo e informado en los casos de desplazamiento forzado (art. 10) o la adopción de proyectos que afecten tierras, territorios o recursos (art. 32). Si bien esta Declaración no es vinculante formalmente, ha sido utilizada como parámetro interpretativo por órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos y por cortes constitucionales en América Latina.
En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2º los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, autonomía, preservación de su cultura, formas propias de organización y protección del entorno. No obstante, la falta de una ley reglamentaria sobre consulta indígena en México ha generado múltiples vacíos y contradicciones, que se traducen en procesos irregulares, fragmentados y sin consecuencias jurídicas claras para las empresas o autoridades que los incumplen.
La jurisprudencia nacional ha abordado el tema de la consulta en varios casos relevantes. En la jurisprudencia 20/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se estableció que la consulta debe realizarse antes de la autorización de los proyectos y con mecanismos adecuados para garantizar la participación efectiva. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 33/2015, la SCJN reafirmó que el Estado tiene una obligación activa de garantizar procesos culturales, no meramente informativos.
En el caso de los proyectos desarrollados en la Península de Yucatán, los testimonios y análisis de campo indican que las consultas no cumplieron con estos estándares. En múltiples comunidades, las reuniones informativas se llevaron a cabo una vez que las decisiones estaban tomadas, sin traducción adecuada a la lengua maya, sin tiempo razonable para deliberación y con exclusión de actores clave como autoridades tradicionales, mujeres y juventudes. Esta situación evidencia una omisión sistemática del deber estatal de proteger los derechos culturales, territoriales y de participación indígena.
Más allá del derecho a la consulta, debe destacarse que el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), también ratificado por México, garantiza el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. Este derecho, aplicado colectivamente, implica que los pueblos indígenas deben tener condiciones efectivas para preservar, desarrollar y transmitir su patrimonio inmaterial, incluyendo el territorio, las prácticas rituales, la lengua y las formas de gobernanza.
Finalmente, la falta de mecanismos para evaluar impactos culturales en los estudios de impacto ambiental o social —obligatorios para estos proyectos— revela una deficiencia estructural en la legislación mexicana. Mientras que los impactos ambientales se cuantifican y mitigan, los daños culturales son minimizados o directamente ignorados, lo cual contradice los estándares internacionales de derechos humanos.
Estrategias de resistencia y defensa comunitaria
Frente a los impactos materiales, simbólicos y culturales de los megaproyectos energéticos, las comunidades mayas de México han desarrollado diversas estrategias de resistencia y defensa que articulan dimensiones locales, regionales e incluso internacionales. Estas estrategias no solo buscan detener los daños inmediatos sobre los territorios, sino también afirmar derechos colectivos, proteger el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer la autonomía comunitaria (Escobar, 2008; Juárez, 2018).
Una de las principales estrategias es la movilización comunitaria, que incluye la realización de asambleas, protestas, bloqueos, declaraciones públicas y la organización de redes de apoyo entre comunidades afectadas. Estas acciones permiten generar visibilidad social, articular demandas colectivas y ejercer presión sobre autoridades gubernamentales y empresas involucradas (Svampa, 2019). Las asambleas comunitarias, en particular, son fundamentales porque funcionan como espacios tradicionales de deliberación y toma de decisiones, asegurando que las acciones emprendidas reflejen el consenso y la voluntad colectiva.
Otra herramienta clave ha sido el litigio estratégico, mediante el cual las comunidades han presentado demandas de amparo, recursos judiciales y quejas ante organismos nacionales e internacionales para exigir el respeto a su derecho a la consulta previa, libre e informada, así como la protección de su patrimonio cultural. En México, diversos casos relacionados con proyectos energéticos y de infraestructura han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo precedentes importantes sobre la obligatoriedad de la consulta (Juárez, 2018). A nivel internacional, las comunidades han recurrido a mecanismos como las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015).
La articulación con organizaciones no gubernamentales (ONGs), redes académicas y organismos de derechos humanos ha fortalecido estas luchas, permitiendo acceder a asesoría técnica y legal, amplificar las voces locales en espacios públicos, y generar campañas de sensibilización que trascienden las fronteras nacionales (Rodríguez, 2011). Estas alianzas son cruciales para enfrentar las asimetrías de poder que caracterizan los conflictos socioambientales, donde las comunidades locales suelen tener menos recursos y capacidad de incidencia frente a los actores estatales y corporativos.
Además, la resistencia se expresa a través de procesos de revitalización cultural, en los cuales las comunidades reafirman sus lenguas, rituales, formas de organización tradicional y conocimientos ecológicos como una forma de defender su identidad frente a los intentos de homogeneización cultural. La UNESCO (2003) ha subrayado que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial no solo depende de políticas estatales, sino también del compromiso activo de las propias comunidades en mantener y transmitir sus prácticas culturales.
Finalmente, algunas comunidades han apostado por construir alternativas de desarrollo propias, basadas en principios de sostenibilidad, equidad y autodeterminación. Estas iniciativas incluyen proyectos de turismo comunitario, producción agroecológica, manejo forestal comunitario y energías renovables gestionadas localmente, que buscan generar bienestar económico sin comprometer la integridad cultural ni el equilibrio ambiental (Toledo, 2005; PNUD, 2022).
Movilización local e intercomunitaria
La movilización local e intercomunitaria ha sido una de las respuestas más visibles y efectivas frente al avance de los megaproyectos energéticos en territorios indígenas de América Latina y, particularmente, en las comunidades mayas de México. Estas movilizaciones reflejan una estrategia de resistencia que no solo defiende los recursos materiales, sino que también busca proteger los derechos culturales, fortalecer los lazos comunitarios y reconfigurar las relaciones de poder frente al Estado y las empresas (Svampa, 2019; Escobar, 2008).
A nivel local, las comunidades organizan asambleas, protestas, marchas, bloqueos y tomas de instalaciones como formas de expresar su descontento y demandar el respeto de sus derechos. Las asambleas comunitarias son espacios centrales en este proceso: no solo permiten deliberar colectivamente sobre las afectaciones sufridas, sino que también constituyen un mecanismo tradicional de toma de decisiones que refuerza la legitimidad interna de las acciones emprendidas (CIDH, 2015; Goodale y Merry, 2007). En muchas ocasiones, estas asambleas funcionan como espacios pedagógicos donde se difunde información, se construye conciencia colectiva y se fortalecen las identidades comunitarias frente a las amenazas externas.
A nivel intercomunitario, las resistencias locales han dado lugar a la formación de redes regionales, alianzas entre pueblos y comunidades, y plataformas de acción colectiva que permiten amplificar las demandas y ejercer mayor presión sobre las autoridades. Estas redes son fundamentales para articular demandas comunes, compartir experiencias, acceder a asesoría técnica y legal, y construir estrategias coordinadas de resistencia (Rodríguez, 2011). Ejemplos de estas alianzas se observan en las coordinadoras de pueblos afectados por megaproyectos en el sureste mexicano, que han establecido vínculos con movimientos indígenas de otras regiones del país e incluso con redes internacionales de derechos humanos y justicia ambiental.
Un aspecto destacado de estas movilizaciones es que combinan repertorios tradicionales de protesta —como las ceremonias rituales en defensa del territorio— con estrategias contemporáneas de incidencia política y mediática. Las comunidades mayas han sabido utilizar tanto los medios locales como las redes sociales, la prensa nacional e internacional, y las plataformas digitales para visibilizar sus luchas y sensibilizar a la opinión pública sobre las afectaciones que sufren (PNUD, 2022). Esta combinación de estrategias refleja una capacidad de adaptación y resignificación que desmiente los estereotipos sobre la supuesta pasividad o aislamiento de los pueblos indígenas.
En suma, la movilización local e intercomunitaria es una estrategia clave para enfrentar los megaproyectos energéticos, no solo como una forma de resistencia defensiva, sino también como un espacio para construir alternativas, fortalecer la identidad cultural y ejercer la autodeterminación. Reconocer y apoyar estas movilizaciones es esencial para avanzar hacia modelos de desarrollo más justos, participativos y culturalmente pertinentes.
Litigio estratégico y avances jurisprudenciales
El litigio estratégico ha emergido como una herramienta central en las luchas de los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos territoriales, culturales y ambientales frente al avance de los megaproyectos energéticos. A diferencia de las estrategias exclusivamente locales, el litigio estratégico busca generar efectos más amplios que trasciendan el caso específico, estableciendo precedentes jurídicos, visibilizando las problemáticas en la agenda pública y forzando cambios estructurales en las políticas públicas (Rodríguez, 2011).
En el contexto mexicano, las comunidades mayas y sus aliados —incluyendo organizaciones no gubernamentales, colectivos de abogados y redes académicas— han presentado numerosos amparos constitucionales y recursos legales para exigir el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el artículo 2º de la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Estos litigios han permitido frenar temporalmente proyectos, obligar a realizar nuevas consultas, o al menos generar debates judiciales sobre los estándares aplicables en materia de derechos indígenas (Juárez, 2018; CIDH, 2015).
Un ejemplo emblemático ha sido la judicialización del Tren Maya, uno de los megaproyectos más grandes del sureste mexicano. Diversos colectivos y comunidades interpusieron amparos alegando violaciones al derecho a la consulta, daños ambientales, y afectaciones al patrimonio cultural y territorial. Aunque los resultados judiciales han sido mixtos, los litigios han logrado posicionar el tema en la agenda pública y han forzado a las autoridades a justificar sus decisiones ante instancias nacionales e internacionales (Juárez, 2018; PNUD, 2022).
A nivel internacional, el litigio estratégico se ha desplegado a través de mecanismos como las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permiten denunciar violaciones sistemáticas y buscar medidas cautelares o recomendaciones internacionales. Si bien las resoluciones de estos organismos no siempre son vinculantes, tienen un alto impacto simbólico y político, y pueden presionar a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales (CIDH, 2015).
Los avances jurisprudenciales obtenidos a través del litigio estratégico no son menores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias relevantes que reconocen la obligatoriedad de la consulta previa y establecen estándares mínimos de cumplimiento, tales como la buena fe, la oportunidad, la información suficiente y la representatividad de las comunidades consultadas (Rodríguez, 2011). Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la implementación práctica de estas sentencias, ya que muchas autoridades locales y federales carecen de capacidades institucionales para llevar a cabo consultas culturalmente adecuadas, o simplemente incumplen deliberadamente los fallos judiciales.
Redes de apoyo internacionales y académicas
Además de las movilizaciones locales y el litigio estratégico, las comunidades mayas han fortalecido sus estrategias de defensa articulándose con redes internacionales y académicas que les permiten amplificar sus demandas, acceder a recursos técnicos y legales, y visibilizar sus luchas en foros globales. Estas alianzas han sido fundamentales para enfrentar las desigualdades estructurales de poder que caracterizan los conflictos socioambientales, donde comunidades rurales e indígenas deben confrontar a actores estatales y corporativos con vastos recursos económicos y políticos (Rodríguez, 2011; Goodale y Merry, 2007).
A nivel internacional, las redes de derechos humanos, justicia ambiental y derechos indígenas han jugado un papel clave al denunciar violaciones, presionar a organismos multilaterales y acompañar procesos locales. Organizaciones como Amnesty International, Human Rights Watch, y la Red Internacional de Derechos Humanos han documentado casos emblemáticos, presentado informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y apoyado campañas globales para sensibilizar a la opinión pública sobre las afectaciones que sufren las comunidades (CIDH, 2015). Estas redes permiten que las demandas locales trasciendan las fronteras nacionales y se inserten en agendas de derechos humanos a nivel regional y global.
Por otro lado, el papel de las redes académicas ha sido igualmente relevante. Investigadores, universidades y centros de estudio han colaborado con las comunidades aportando conocimientos técnicos, elaborando estudios de impacto independiente, generando informes alternativos, y brindando formación en derechos humanos, consulta previa y mecanismos de defensa jurídica (Goodale y Merry, 2007; PNUD, 2022). Estas alianzas no solo fortalecen las capacidades locales, sino que también permiten construir narrativas alternativas frente a los discursos oficiales que suelen presentar los megaproyectos como soluciones inevitables para el desarrollo.
Un aspecto destacable es que muchas de estas redes académicas e internacionales actúan bajo principios de colaboración horizontal, respetando los saberes locales y evitando reproducir relaciones de dependencia o tutelaje. Como señalan los estudios críticos en derechos humanos, es fundamental que las alianzas externas reconozcan la agencia política de las comunidades, acompañándolas desde una perspectiva intercultural y de respeto mutuo (Escobar, 2008; Goodale y Merry, 2007).
Voces comunitarias: testimonios como forma de análisis
El análisis de los 14 testimonios recogidos durante el trabajo de campo entre 2022 y 2024 evidencia no solo la afectación material y cultural causada por los megaproyectos, sino también una forma de resistencia epistémica desde la palabra comunitaria. Lejos de constituir simples “opiniones locales”, estos relatos construyen una narrativa coherente sobre el impacto territorial, simbólico y político de las transformaciones impuestas.
Los testimonios fueron sistematizados a partir de cuatro grandes ejes: (1) percepción del territorio y los cambios recientes; (2) relaciones con actores externos; (3) transformación de prácticas culturales; y (4) expectativas a futuro. A partir de este análisis cualitativo, emergieron categorías clave como despojo silencioso, fractura del tejido comunal, pérdida del monte como casa y desinformación sistemática.
Una de las constantes más notables fue la ruptura del calendario ritual y de la continuidad agrícola. En palabras de un campesino de San José TipCeh:
“Antes sembrábamos todos juntos, con los rezos y la ayuda. Ahora, con los paneles, muchos dejaron de sembrar. No hay monte para caminar, no hay flores para las abejas, no hay fiestas para los santos”.
En entrevistas con mujeres mayores, también se registró preocupación por la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, especialmente en lo que respecta a los bordados ceremoniales y el uso ritual del color y los símbolos:
“Mis nietas ya no quieren aprender. Dicen que no sirve para nada, que mejor se van al call center. Pero el bordado tiene historia, tiene protección” (Comunicación personal en Dzibalchén, mayo de 2023).
Asimismo, en más de la mitad de los testimonios aparece la categoría de consulta simulada o “reuniones con promesas”, donde las personas refieren que se les pidió firmar documentos sin haber comprendido completamente su contenido:
“Llegaron los del proyecto y dijeron que era para ayudar a la comunidad. Firmamos, pero luego supimos que era para el parque solar. Nadie explicó que era para tantos años” (Comunicación personal en Ixil, agosto de 2023).
Por último, los jóvenes entrevistados —sobre todo entre 16 y 25 años— mostraron una ambivalencia entre el deseo de permanecer y la presión por migrar. Algunos expresaron interés en formas de organización comunitaria alternativas, pero también desconfianza hacia las estructuras locales de autoridad. Un joven apicultor en formación comentó:
“Quiero quedarme, cuidar las abejas como mi abuelo. Pero si no hay monte y todo es solar, ¿qué vamos a cuidar?”
Estos testimonios no solo ilustran el impacto cultural de los megaproyectos, sino que aportan un lenguaje de análisis situado, basado en experiencias sensibles, relaciones afectivas con el entorno y memorias compartidas. En ese sentido, las entrevistas se constituyen como instrumento metodológico y fuente epistemológica, al ofrecer marcos interpretativos desde la voz de quienes habitan y resisten el territorio.
Retos y recomendaciones para políticas públicas
El análisis de los megaproyectos energéticos en México y su impacto sobre las comunidades mayas revela una serie de retos estructurales que exigen transformaciones profundas en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Si bien el país cuenta con un marco normativo sólido en materia de derechos culturales, consulta previa y salvaguardia del patrimonio inmaterial, la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo amplia, alimentada por deficiencias institucionales, vacíos de coordinación intergubernamental y asimetrías de poder entre comunidades y actores estatales y privados (Juárez, 2018; CIDH, 2015).
Uno de los principales retos es garantizar el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT. Como señala Rodríguez (2011), la consulta no debe entenderse como un requisito meramente formal, sino como un derecho sustantivo que garantiza la participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectan. Ello implica no solo asegurar procesos de diálogo intercultural de buena fe, sino también dotar a las comunidades de las herramientas, la información y los recursos necesarios para ejercer plenamente este derecho.
Otro desafío fundamental es incorporar los impactos culturales y patrimoniales en los estudios de impacto ambiental y social. Actualmente, muchos de estos estudios tienden a privilegiar variables cuantificables (como biodiversidad, emisiones o uso de suelo), dejando de lado las dimensiones simbólicas, identitarias y relacionales que configuran los territorios indígenas (UNESCO, 2003; Toledo, 2005). Se requiere avanzar hacia metodologías participativas e interdisciplinarias que permitan identificar, valorar y mitigar los impactos sobre el patrimonio cultural inmaterial, en colaboración directa con las comunidades afectadas.
Asimismo, es indispensable fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental. Como ha observado la CIDH (2015), los conflictos socioambientales a menudo derivan de la fragmentación normativa y de las competencias cruzadas entre diferentes niveles de gobierno, lo que genera vacíos, superposiciones y conflictos de atribuciones. Una respuesta efectiva demanda no solo armonización legislativa, sino también claridad en las responsabilidades y recursos de las instituciones encargadas de garantizar la protección de los derechos culturales.
En términos de recomendaciones, se propone impulsar modelos de desarrollo alternativos y sostenibles, construidos desde las propias comunidades, que combinen el fortalecimiento económico con la preservación cultural y ambiental (PNUD, 2022; Svampa, 2019). Las políticas públicas deberían fomentar iniciativas de turismo comunitario, agroecología, energías renovables gestionadas localmente, y otras actividades productivas compatibles con los valores culturales e identitarios de los pueblos indígenas. Esto requiere crear programas de financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico que respeten los principios de autodeterminación y justicia cultural.
Finalmente, resulta crucial establecer mecanismos efectivos de reparación integral para los casos en los que ya se han producido daños. Según la CIDH (2015), la reparación no debe limitarse a compensaciones económicas, sino incluir medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, diseñadas participativamente con las comunidades. La reparación cultural, en particular, exige reconocer los daños simbólicos y establecer acciones que permitan restaurar el tejido social, revitalizar las prácticas culturales y garantizar la transmisión intergeneracional del patrimonio.
Conclusiones
Este estudio ha permitido documentar, analizar e interpretar los impactos socioculturales que los megaproyectos energéticos están generando en comunidades mayas de la Península de Yucatán, particularmente en regiones de Campeche y el sur de Yucatán. Lejos de ser meras externalidades técnicas o económicas, estos impactos afectan de manera directa la integridad territorial, simbólica y patrimonial de los pueblos indígenas involucrados.
A partir de una metodología cualitativa y de corte etnográfico, complementada con entrevistas comunitarias y análisis normativo, se identificaron al menos seis dimensiones de afectación: la fragmentación del paisaje ritual, la pérdida de autonomía en la toma de decisiones sobre el territorio, la ruptura de los calendarios agrícolas y ceremoniales, la transformación en las prácticas textiles y de transmisión oral, el debilitamiento de los vínculos intergeneracionales y la erosión de la lengua originaria. Estos procesos tienen un anclaje territorial concreto en comunidades como San José TipCeh, Ixil, Dzibalchén, San Antonio Cayal, Hampolol y Nohalal, las cuales han sido mapeadas y caracterizadas a lo largo del texto.
Las conclusiones principales que se derivan de este análisis son:
En suma, este artículo propone no solo un diagnóstico, sino una advertencia: cualquier transición energética que ignore los territorios indígenas como sujetos vivos y colectivos políticos no será justa, ni sostenible, ni legítima. Urge repensar el modelo de desarrollo desde abajo, escuchando las voces que resisten y reconstruyen el territorio como hogar, escuela, archivo y raíz.
Referencias
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