La Ley de Promoción de la Economía Privada de la RPC en contexto: Un análisis histórico-político

Law on Promoting the Private Economy in context:
A historical-political analysis

Franco Maximiliano Lagarrigue
https://orcid.org/0009-0002-0180-2200
maxilagarrigue@gmail.com
Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, Argentina

Fecha de recibido: 05 de agosto de 2025
Fecha de aceptación: 13 de septiembre de 2025

Resumen: Este artículo analiza la Ley de Promoción de la Economía Privada de la República Popular China sancionada en 2025. La metodología adoptada es de carácter cualitativo y se basa en el examen de fuentes jurídicas, gubernamentales, periodísticas y bibliografía secundaria vinculada al proceso de reforma y apertura de la RPC, así como a los cambios legislativos recientes. El estudio busca situar la norma en un proceso más amplio de reformas económicas y jurídicas, con el objetivo de evaluar sus alcances y límites. La hipótesis sostiene que, aunque se trata de la primera ley en reconocer de forma explícita el papel del sector privado en la economía nacional, dicho sector permanece jurídicamente subordinado al sector público y a la dirección política del Partido Comunista de China.

Palabras clave: Ley de Promoción de la Economía Privada, China, Partido Comunista de China, derechos de propiedad, propiedad privada.

Abstract: This article analyzes the Law of the People’s Republic of China on Promoting the Private Economy, enacted in 2025. The methodology employed is qualitative and draws on legal, governmental, and journalistic sources, as well as secondary literature on China’s reform and opening-up process and recent legislative changes. The study aims to situate the law in a broader framework of economic and legal reforms in order to assess its scope and limits. The central hypothesis argues that, although this is the first law to explicitly recognize the role of the private sector in the national economy, the sector remains legally subordinate to the public sector and to the political leadership of the Chinese Communist Party.

Key words: Law on Promoting of the Private Economy, China, Communist Party of China, Property Rights, Private Property

Introducción

En 2025, la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China (APN) aprobó la Ley de Promoción de la Economía Privada (LPEP), la primera lprimera ley dirigida específicamente al sector privado nacional (Horsley, 2025). A primera vista, la norma puede interpretarse como un nuevo paso en el proceso de reformas jurídicas orientadas a profundizar la liberalización económica de la República Popular China (RPC). Sin embargo, un análisis más detenido —considerando antecedentes históricos, políticos y jurídicos— revela que el sector público mantiene un estatus jurídico superior, así como un rol directivo fundamental en la estrategia de modernización impulsada por el Estado.

El objetivo de este escrito es analizar la LPEP situándola en un contexto histórico-político más amplio que incluye los cambios legislativos en materia de propiedad y las opiniones del Consejo de Estado sobre el sector privado chino. La metodología utilizada es de tipo cualitativa y se basa en el análisis de fuentes jurídicas, gubernamentales, periodísticas y bibliografía secundaria sobre el proceso de reforma y apertura de la RPC, con especial atención a los cambios jurídicos y políticos sobre la propiedad. La hipótesis de este trabajo sostiene que la LPEP muestra la autonomía relativa del sector privado respecto al sector público, hecho que resulta coherente con el desarrollo del capitalismo nacional chino (Walker y Buck, 2007). Si bien la norma unifica el marco legal aplicable al sector privado y le ofrece mejores condiciones institucionales y mayores garantías jurídicas, también reafirma su subordinación al sector público-estatal y al PCCh como coordinador del desarrollo económico. En este sentido, se espera que el enfoque histórico-político contribuya a evaluar con mayor rigor los alcances y límites de la nueva norma.

El artículo se organiza en cuatro secciones. En la primera, se reconstruye la evolución de la legislación sobre los derechos de propiedad desde el inicio del proceso de reforma y apertura en 1978 hasta el ingreso de la RPC a la Organización Mundial del Comercio en 2001. En la segunda, se examinan las reformas jurídicas y las opiniones emitidas por el Consejo de Estado entre 2004 y 2020, identificando los antecedentes inmediatos de la LPEP. En la tercera se presenta la LPEP y se describen sus principales aportes normativos. En la cuarta se analiza la ley a la luz del proceso de reforma jurídica y su articulación con el sector público-estatal. Para finalizar, se ofrecen algunas conclusiones sobre el lugar de la LPEP en la trayectoria de las reformas de mercado de la RPC.

Derechos de propiedad, legislación y reforma (1978-2001)

La reforma y apertura marcó el inicio de una profunda transformación del orden jurídico y de los derechos de propiedad (Wang et al., 2021). La transición hacia una economía de mercado implicó el reconocimiento, tanto tácito como explícito, de la propiedad privada de los agentes económicos, ya sea sobre los medios de producción o sobre los beneficios derivados de su uso. Entre los hitos iniciales vinculados a los derechos de propiedad destacan: el establecimiento del sistema de responsabilidad por contratación familiar (1980), que permitió a las familias rurales arrendar tierras para su explotación privada; la creación de Zonas Económicas Especiales (1980), que garantizaban derechos de propiedad y retornos al capital extranjero; y las privatizaciones de pequeñas y medianas empresas estatales hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. A ello se suman los beneficios privados obtenidos por funcionarios locales y gestores de empresas públicas rurales y urbanas (Coase y Wang, 2012).

En la práctica, los derechos de propiedad se desarrollaron de forma gradual y selectiva, a medida que el mercado capitalista se abrió camino en China (Harvey, 2007; Arrighi, 2007; Naughton, 2007; Weber, 2021). Esta evolución se sustentó en diversas teorías sobre los derechos de propiedad, promovidas por asesores de organismos internacionales —el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional—, así como por académicos nacionales y extranjeros que buscaron adaptar y/o impulsar enfoques reformistas, neoliberales y neoinstitucionales acordes con la nueva realidad económica del país (Friedman, 1990; Chow, 1994; Li, 2016; Gewirtz, 2017; Weber, 2020). En este contexto, se destacan los aportes tempranos de Wu Xuangong en The Relationship between the Ownership, Possession, Disposition, and Use of the Means of Production (1982) y Three Types of Possession and Proper Separation of Ownership and Right of Management (1985) (Huang, 2012).1

Dado que la reforma y apertura requería una liberalización controlada del mercado, sin que el Partido-Estado perdiera el dominio sobre medios de producción estratégicos —como la tierra, el sistema bancario o las empresas de sectores clave—, la redefinición de los derechos de propiedad permitía delimitar con mayor claridad el alcance de estos derechos, especialmente en relación con propiedades públicas arrendadas o corporativizadas (Ho, 2005).

Las reformas económicas impulsadas desde fines de los años setenta y la incorporación de la teoría de los derechos de propiedad se tradujeron rápidamente en una nueva legislación, orientada a alinearse con los estándares jurídicos del capitalismo internacional. Tras el ingreso de la RPC a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1980, se sancionaron nuevas leyes en materia de marcas registradas y derechos de autor. En 1984, el PCCh abolió oficialmente el sistema de comunas populares y adoptó el sistema de responsabilidad por contratación familiar (Fan, 2018).

En 1988, se modificó la Ley de Gestión del Suelo de 1986 para autorizar arrendamientos a largo plazo (Walker y Buck, 2007; Lagarrigue, 2024a, 2024b). Mientras tanto, la Constitución de 1982 consagraba el estatus jurídico superior de la propiedad pública socialista, describiéndola como “sagrada [shensheng] e inviolable [buke qinfan]” y definiéndola como base del sistema económico, con el sector estatal como “fuerza rectora”. Sin embargo, una enmienda constitucional en 1988 reconoció por primera vez a la economía privada como complemento de la propiedad pública socialista (Constitución de la RPC, 1982; Enmienda a la Constitución de la RPC, 1988; Zhang, 2008).

Ese mismo año, la APN aprobó la Ley de Empresas Industriales Propiedad de Todo el Pueblo, que establecía la separación entre la propiedad estatal de las empresas y la autoridad de gestión (Ley de Empresas Industriales, 1988). Pocos meses antes, el Consejo de Estado había emitido un reglamento provisional sobre empresas privadas, con el objetivo de “estimular y orientar el sano desarrollo de las empresas privadas, salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, fortalecer la supervisión y gestión, y hacer prosperar la economía mercantil planificada socialista” (Consejo de Estado, 1988). Este reglamento puede considerarse el primer antecedente directo de la LPEP.

En la década de 1990, bajo el liderazgo de Jiang Zemin, se incorporó oficialmente la expresión “economía de mercado socialista” (Jeffeys, 2009). El mandato de Jiang estuvo marcado por el boom industrial, la proletarización de la fuerza de trabajo, la privatización de pequeñas y medianas empresas estatales, así como de las viviendas vinculadas a las “unidades de trabajo” o danwei. Fueron también característica de esta época las grandes migraciones del campo a la ciudad, y la emergencia de la cuestión social y ambiental (Walker y Buck, 2007; Perry, 2011; Friedman, 2014; Fan, 2018). Durante este período la literatura sobre los derechos de propiedad se incrementó. Los académicos buscaban adaptar las teorías de los derechos de propiedad al marxismo y a la nueva realidad económica. Entre los temas de discusión sobresalía el uso del término “economía privada” (Huang, 2012; Cheng y Liu, 2017; Zhou, 2020)2.

En 1999, una enmienda constitucional reafirmó la primacía de la propiedad pública, pero establecía que las demás formas de propiedad dejaban de ser un mero “complemento” para convertirse en un “componente importante de la economía socialista de mercado” (Enmienda a la Constitución de la RPC, 1999). Hacia fines de los años noventa, la legislación china permitía reconocer ya cinco tipos de propiedad: 1) pública; 2) privada; 3) pública reformada (con cesión parcial de derechos de control e ingresos a empresas y directores); 4) pública contratada (con gestión delegada a un administrador externo), y 5) bienes públicos arrendados (donde el arrendatario asume todos los derechos de control e ingresos a cambio del pago del arriendo) (Oi y Walder, 1999).

En 2001, tras haber cumplido con las exigencias del régimen de comercio internacional y del sistema jurídico de una economía de libre mercado, la RPC ingresó formalmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Clarke, Murrell y Whiting, 2008; Lagarrigue, 2024a). Este logro impulsaría una serie de nuevas reformas al régimen de propiedad durante el primer cuarto del siglo XXI.

Derechos de propiedad, legislación y reforma (2004-2025)

En 2004, una reforma constitucional reconoció por primera vez el derecho a la propiedad privada.3 La nueva redacción del artículo 11 establecía que el Estado “protege los derechos e intereses legítimos de los sectores no públicos de la economía tales como los sectores económicos individual y privado”, y que “estimula, apoya y guía el desarrollo de sectores no públicos de la economía y, de acuerdo con lo previsto en la ley, ejercita la supervisión y control sobre ellos” (Constitución de la RPC, 2004, art. 11). En su artículo 13 se afirmaba que la “legítima propiedad privada de los ciudadanos es inviolable”, pero sin atribuirle la condición de “sagrada” que quedaba reservada a la propiedad pública. Asimismo, la Constitución establecía que el Estado “protege los derechos de los ciudadanos a la propiedad privada y su herencia” (Constitución de la RPC, 2004, art. 13). De forma complementaria, una serie de artículos reforzaban el papel del Estado en el desarrollo de las fuerzas productivas, la distribución y la seguridad social (art. 14), la mejora de los mecanismos de ajuste macroeconómico (art. 15) y la gestión de las empresas estatales (art. 16).

En 2005, el Consejo de Estado emitió un documento con “diversas opiniones” sobre “el fomento, apoyo y orientación del desarrollo de las economías privadas individuales y otras economías de propiedad no pública” para los gobiernos provinciales, de regiones autónomas y municipios. Estas recomendaciones buscaban estandarizar los criterios de promoción y trato equitativo hacia el sector privado por parte de funcionarios públicos y gestores estatales, así como habilitar una mayor participación del capital privado en la economía nacional (Consejo de Estado, 2005).

En 2007, la APN sancionó la primera Ley de Propiedad, cuyo objetivo declarado era “salvaguardar el sistema económico básico del Estado, mantener el orden económico de mercado socialista, clarificar la propiedad, dar juego a las utilidades de las propiedades y proteger el derecho real de los titulares de derechos” (Ley de Propiedad, 2007: art. 1). La nueva legislación respondía, tanto a las demandas del capital privado, como a las de propietarios individuales afectados por expropiaciones forzosas. Estas expropiaciones, destinadas a proyectos inmobiliarios y obras públicas, carecían de una justa compensación, lo que, sumado al aumento de la corrupción de los funcionarios, desencadenaría una ola de protestas sociales (Fewsmith, 2008; Heilmann, 2017).

El crecimiento económico acelerado, la industrialización y la urbanización intensificaron los litigios sobre los bienes inmuebles. El vacío legal hacía imperioso una ley que clarificara los alcances y límites de la propiedad pública y privada. De aquí, que varios capítulos de la nueva norma —en particular los capítulos VI, VII, VIII, XII y XIII— se dedicaron específicamente a los derechos sobre la propiedad inmueble.

Al igual que la Constitución, la Ley de 2007 establecía una clasificación jerárquica de la propiedad en tres tipos: estatal, colectiva y privada, en ese orden. El Capítulo V incluía doce artículos dedicados a la enumeración y protección de los bienes estatales (art. 46 a 57); seis artículos sobre los bienes colectivos (art. 58 a 63), y cinco artículos referidos a los bienes privados (art. 64 a 68), ello mostraba la importancia formal que la APN aún le atribuía al sector público.

Un año más tarde, en el marco de una reorientación del modelo de desarrollo económico —centrado ahora en el fortalecimiento del mercado interno y del sector estatal—, la APN sancionó la Ley de Activos Estatales de las Empresas. Esta norma formalizó las funciones de la Comisión Supervisora y Administradora de Activos Estatales (SASAC, por sus siglas en inglés), creada en 2003, y buscó mejorar el control y la dirección de la propiedad estatal en la economía, promoviendo la coordinación económica, científica y tecnológica entre las distintas empresas estatales (Milhaupt y Lin, 2013). Frente al ciclo de liberalización económica impulsado por la administración de Jiang Zemin, el gobierno de Hu Jintao (2003–2013) respondió con una estrategia orientada al fortalecimiento del sector público, al estímulo del consumo interno, al abordaje de la cuestión ambiental y a la inversión en capital humano. Durante su mandato se registró un aumento de la inversión en servicios sociales, educación, ciencia y tecnología.4

El 7 de mayo de 2010, el Consejo de Estado emitió nuevas recomendaciones a los gobiernos con el objetivo de ampliar la participación del sector privado, de modo que este contribuyera a “la expansión del empleo social, el aumento de los ingresos de los residentes, el impulso del consumo interno y la promoción de la armonía y la estabilidad social” en la “etapa primaria del socialismo” (Consejo de Estado, 2010). El documento ponía especial énfasis en la inversión del capital privado en el sector de servicios y en el fomento de la investigación y el desarrollo. Estas recomendaciones serán las bases de la LPEP.

En 2018, durante un simposio sobre empresas privadas, Xi Jinping subrayó la importancia del sector privado mediante la fórmula “cinco, seis, siete, ocho, nueve”. Según sus palabras, este sector, “aporta más del 50 % de los ingresos fiscales, más del 60 % del PIB, más del 70 % de los logros de innovación tecnológica, más del 80 % del empleo laboral urbano y más del 90 % del número de empresas” (CGTN, 2022). Al año siguiente, el Consejo de Estado reforzó las recomendaciones sobre “la creación de un mejor entorno de desarrollo para apoyar la reforma y el desarrollo de las empresas privadas” (Consejo de Estado, 2019). Las medidas propuestas abarcaban desde la reducción de la carga fiscal y el apoyo financiero, hasta la protección de la propiedad privada legítima y la creación de canales de comunicación estandarizados e institucionalizados entre el gobierno y las empresas. En ese mismo documento, el Consejo de Estado destacaba la importancia de que las empresas privadas establecieran organizaciones del Partido, “exploren e innoven activamente las formas de construcción del Partido, trabajen en torno a la difusión e implementación de las líneas, principios y políticas del Partido, unan y movilicen a las masas trabajadoras” (Consejo de Estado, 2019, XXVI; véase también CPCNEWS, 2019).

En 2020, la APN sancionó el primer Código Civil de la RPC. El Código incorporó la anterior Ley de Propiedad y mantuvo la clasificación jerárquica de la propiedad en estatal, colectiva y privada. La norma dedicaba catorce artículos a la propiedad estatal (art. 246 a 259), seis a la propiedad colectiva (art. 260 a 265) y cuatro a la propiedad privada (art. 266 a 269) (Código Civil de la RPC, 2020). Tres años más tarde, el Consejo de Estado emitió nuevas opiniones sobre la promoción del desarrollo y el crecimiento de la economía privada. El documento incorporaba el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era y manifestaba la intención de promover una economía privada “más grande, mejor y más fuerte”. Asimismo, remarcaba la presencia activa del Partido en el sector privado y la participación de empresarios en organismos representativos del Estado: “Mejorar el mecanismo de construcción ideológica y política de las figuras económicas privadas. Realizar una labor eficaz y constante de reclutamiento de miembros del Partido entre los representantes y elementos avanzados de la economía privada” (Consejo de Estado, 2023, XXI). Estas opiniones del Consejo de Estado constituyen el antecedente inmediato de la LPEP.

La Ley de Promoción de la Economía Privada

La ralentización económica experimentada por la RPC tras la pandemia de COVID-19, sumada a la guerra comercial con las principales potencias de Occidente y a la contracción del sector privado chino, llevó al PCCh a acelerar la promulgación de una ley orientada a promover la economía privada (Borst, 2024; Ministerio de Justicia de la RPC, 2024; Horsley, 2025).

La importancia estratégica de la LPEP está directamente relacionada con el peso del sector privado en la economía del país (Piketty, Li y Zucman, 2019). Según datos de 2025, de los 189 millones de empresas registradas en China, el 96,76 % corresponde a empresas privadas e individuales (Xinhua, 2025a). Como observa Horsley (2025), “estas entidades comerciales están reguladas por leyes generales y legislación específica”, que abarca diversos tipos de empresas —como compañías, empresas de propiedad individual o colectiva, sociedades privadas, hogares individuales y empresas con inversión extranjera—, aunque “ninguna ley nacional aborda específicamente las economías privadas o no públicas”. En este contexto, la LPEP busca, por un lado, proporcionar un marco legal específico al sector privado mediante la unificación de una normativa previamente dispersa y, por otro, garantizar un trato equitativo respecto del sector público, al cual supera en generación de riqueza, ingresos fiscales, innovación tecnológica y empleo urbano.

El proceso de debate y aprobación del proyecto de ley fue inusualmente rápido, marcando un récord de tres sesiones consecutivas del Comité Permanente de la APN (Gao, 2025). El borrador de la ley fue presentado en diciembre de 2024 y la aprobación final se obtuvo en abril de 2025, con entrada en vigor prevista para el 20 de mayo del mismo año (Proyecto de LPEP, 2024; Xinhua, 2025b). El 17 de febrero de 2025, en un simposio con los principales empresarios chinos, Xi Jinping expresó públicamente la voluntad del Partido de respaldar al sector y anticipó algunos de los ejes centrales del proyecto de ley (Xinhua, 2025c).

Varios conceptos introducidos en el borrador de la LPEP resultaron novedosos, aunque también imprecisos. Uno de los más destacados fue la sustitución del término constitucional siying (“privada”) por minying (“persona” o “ciudadano”) para referirse a la economía “privada”. Esta modificación semántica pretendía disolver la oposición entre la economía privada y el interés público, entendiendo ahora por la primera una “economía civil” o socialmente integrada (Cheng y Liu, 2017; Horsley, 2025).5

Los cambios introducidos al proyecto original fueron limitados (Gao, 2025). Aunque la LPEP incluyó bajo la categoría de “economía privada” a los grandes hogares individuales y otras organizaciones no constituidas en sociedad, excluyó a las empresas extranjeras, y no ofreció precisiones sobre la articulación de la nueva ley con las acciones y normativas previas destinadas a promover al sector privado (Horsley, 2025).

La LPEP se compone de nueve capítulos. En su Capítulo I, Disposiciones Generales, se establecen los objetivos de la norma: 1) “optimizar el entorno de desarrollo de la economía privada”; 2) “garantizar que todos los tipos de organizaciones económicas participen de manera justa en la competencia del mercado”; 3) “promover el sano desarrollo de la economía privada y el sano crecimiento del personal económico privado”; 4) “construir un sistema económico de mercado socialista de alto nivel”, y 5) “dar pleno juego al importante papel de la economía privada en la economía nacional y el desarrollo social” (LPEP, 2025, art. 1).

Estos objetivos están condicionados a la adhesión al liderazgo del PCCh, “al enfoque centrado en el pueblo”, al “sistema socialista con características chinas” y a la obligación de “asegurar la dirección política correcta del desarrollo de la economía privada” (LPEP, 2025, art. 2 y 5). La norma aclara que el Estado “adhiere a y mejora el sistema económico básico socialista, incluyendo la propiedad pública como pilar fundamental y el desarrollo común de las economías de propiedad múltiple”. Mientras el PCCh “consolida y desarrolla inquebrantablemente” a la propiedad pública, “alienta, apoya y guía inquebrantablemente” a la propiedad no pública (LPEP, 2025, art. 2). El Partido gobierna de manera directo al sector estatal y, por medio de éste, coordina al sector privado.

Asimismo, el capítulo establece uno de los principios centrales de la ley: la igualdad de trato con el sector público: “El Estado se adhiere a los principios de igualdad de trato, competencia leal, protección igualitaria y desarrollo común para promover el desarrollo y el crecimiento de la economía privada” (LPEP, 2025, art. 3). La mutua colaboración entre el Partido y el sector privado, ya esbozadas en las recomendaciones del Consejo de Estado de 2019, reaparece en el artículo 5. Entre las obligaciones del sector privado se incluyen: “cumplir las leyes y reglamentos, observar la moral social y la ética empresarial”, así como “cumplir con sus responsabilidades sociales, proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, salvaguardar los intereses nacionales y los intereses públicos sociales y aceptar la supervisión gubernamental y social cuando participen en actividades de producción y operación” (LPEP, 2025, art. 6).

El Capítulo II, Garantías de acceso equitativo al mercado, amplía estos principios. El Estado debe garantizar a las organizaciones económicas privadas igual acceso a factores de producción y servicios públicos, como financiamiento, tecnología, recursos humanos, datos, tierra y otros recursos naturales, así como acceso a las políticas estatales de fomento al desarrollo (art. 12). Además, se prohíbe la discriminación por parte de los gobiernos en la asignación de recursos, licitaciones y contrataciones públicas, procesos de supervisión y acceso a información oficial (art. 13 al 15).

El Capítulo III, Promoción de Inversiones y Financiamiento, asegura el respaldo estatal a las organizaciones privadas que contribuyan a la innovación, inversión y creación de industrias estratégicas e infraestructura moderna (LPEP, 2025: art. 16). Este apoyo se traducirá en financiamiento preferencial, siempre que las inversiones “estén en línea con la dirección estratégica nacional” (art. 17 al 26).

El Capítulo IV, Innovación tecnológica, establece el compromiso estatal con la financiación de la investigación básica, la tecnología de vanguardia y la tecnología orientada al bienestar social (art. 27); además, garantiza el acceso del sector privado a infraestructura científica nacional. Este capítulo refuerza la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto dentro como fuera del país (art. 33).

El Capítulo V, Operaciones estandarizadas, insiste en el rol del liderazgo del PCCh (art. 34) y en el papel activo que deben asumir las organizaciones económicas privadas en “la expansión del empleo, la mejora de las condiciones de vida de las personas, la innovación científica y tecnológica y contribuir a satisfacer las crecientes necesidades de las personas para una vida mejor” (art. 35). Se conmina a las organizaciones económicas privadas, tanto a adoptar una gobernanza estandarizada que incluya “un sistema de gestión democrática con el congreso de trabajadores como forma básica”, como a reconocer la importancia de “los sindicatos y otras organizaciones de masas” (art. 38). El capítulo, además, exige adoptar mecanismos anticorrupción y de prevención de fraude fiscal; separar los activos empresariales y personales, y mejorar el empleo, la distribución salarial y la responsabilidad social (art. 39 al 43).

El Capítulo VI, Servicio y apoyo, compromete a las autoridades estatales en todos los niveles a impulsar activamente el desarrollo de las organizaciones económicas privadas, a evitar abusos administrativos, a mantener canales de comunicación permanentes con el sector y a promover la formación de mano de obra especializada, en colaboración con instituciones educativas y de investigación. En sus artículos se alude a sanciones por deshonestidad comercial y a la necesidad de mejorar los mecanismos de resolución de litigios (art. 48 al 56). El capítulo concluye con una declaración de apoyo a la internacionalización de las operaciones del capital privado (art. 57).

El Capítulo VII, Protección de los derechos, responde a una de las principales demandas del sector privado: la protección efectiva de los derechos personales, de propiedad y de autonomía empresarial. Entre otras garantías, la ley establece la prohibición de abusos de poder, el derecho a compensación justa y razonable en caso de expropiación, y la protección contra interferencias arbitrarias (art. 58 al 70). Por su parte, en el Capítulo VIII, Responsabilidad legal, se contemplan sanciones para los agentes estatales y privados que infrinjan las disposiciones de la ley (art. 71 al 76).

El Capítulo IX, Disposiciones complementarias, incluye dos precisiones jurídicas clave. En primer lugar, define como “organizaciones económicas privadas” a las “personas jurídicas con fines de lucro, personas no jurídicas y hogares industriales y comerciales individuales” establecidos en China y controlados por ciudadanos chinos, así como aquellas controladas directa o indirectamente por estas organizaciones (art. 77). En segundo lugar, aclara que las empresas con inversión extranjera también están sujetas a la legislación específica sobre inversión extranjera (art. 77). El artículo 78 fija la fecha de entrada en vigor de la ley.

En términos generales, la LPEP combina garantías jurídicas y apoyo estatal con compromisos políticos explícitos. Detrás de la norma subyace un principio clave del derecho socialista chino: el estado de derecho es inseparable de la conducción política del Partido. Un grupo de académicos chinos resume esta visión del derecho como expresión política en los siguientes términos: “Detrás de cada forma de estado de derecho se encuentra un conjunto de teorías políticas, en cada modelo de estado de derecho hay una lógica política, y bajo cada camino de estado de derecho hay una postura política” (Wang et al., 2023, p. 187). Desde esta perspectiva, aunque la LPEP amplía los derechos del sector privado, esto no conlleva necesariamente una limitación al poder público. Por el contrario, los mismos académicos chinos sostienen que “gobernar conforme a la ley” implica mejorar los métodos y la capacidad de gobierno del Partido (Wang et al., 2023). En este sentido, la LPEP cumple una función táctica: a medida que se profundiza la legislación que garantiza mejores condiciones al capital privado, este queda simultáneamente sujeto a la autoridad política, a la que normativamente está obligado a respaldar.

Entre lo táctico y lo estratégico

Con la LPEP, el reconocimiento jurídico y económico al sector privado puede interpretarse como una señal de confianza del PCCh hacia el libre mercado y a los capitalistas nacionales, a quienes valora por su capacidad de innovación, su contribución al crecimiento económico y su lealtad política (Xinhua, 2025c). En esta línea, el PCCh sostiene que el sector privado cumple un papel insustituible en el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales (CGTN, 2022). Sin embargo, conviene tener presente que, para el gobierno chino, el rol del sector privado en la economía es de naturaleza táctica, no estratégica. Su promoción forma parte de una fase instrumental en la realización del “socialismo con características chinas”, más que de una transformación estructural del modelo económico (Fan 2018; Weber, 2020).

Cuando el PCCh abandonó la economía planificada, pronto se enfrentó a una serie de obstáculos ideológicos, políticos y sociales que le impidieron adoptar un modelo neoliberal pleno (Harvey, 2007; Arrighi, 2007). Aunque en 1978 el Partido descartó la planificación maoísta, las “directrices” gubernamentales (guihua) continuaron orientando el funcionamiento del mercado, sin permitir su desregulación ni privatización completa (Meisner, 1985; Jeffreys, 2009). En 1987, el entonces secretario general del Partido, Zhao Ziyang, uno de los principales arquitectos de la reforma, rechazó las recomendaciones de Milton Friedman sobre una liberalización total del mercado chino, defendiendo en cambio un modelo donde el Estado ajusta al mercado y el mercado guía a la empresa (Friedman, 1990; Naughton, 1995; Weber, 2020).

Como resume Weber, “el paradigma reformista chino que emerge en la primera década de reformas es la mercantilización bajo la primacía del Estado, y no de la propiedad privada. El mercado y la propiedad privada están destinados a servir a la agenda desarrollista estatal” (Weber, 2020). En este sentido, el análisis de la legislación vinculada a la propiedad privada —y, en particular, de la LPEP— permite identificar tres rasgos centrales: 1) La propiedad pública (estatal) mantiene una jerarquía superior respecto de otras formas de propiedad (colectiva, privada e individual); 2) el sector privado depende del sector estatal para su estímulo, apoyo y orientación; y 3) el sector privado se encuentra sujeto al control político ejercido por el PCCh.

Estos tres elementos se reiteran en normas de distinto alcance, desde la Constitución de la RPC hasta el Código Civil, siendo su expresión más reciente la LPEP. Esta última establece que la propiedad pública constituye el pilar fundamental del sistema económico, y afirma que su consolidación y desarrollo representa el primer “inquebrantable” de la economía socialista (LPEP, 2025, art. 2). La jerarquía de la propiedad pública frente a otras formas de propiedad se explica, en parte, por el peso del derecho público en la tradición jurídica china (Potter, 2005) y por el valor estratégico que el marxismo-leninismo asigna al Estado como gestor de los medios de producción (Meisner, 1985; Fan, 2018; Lagarrigue, 2024c). Los medios de producción estatales son el instrumento mediante el cual el PCCh controla el mercado, orienta el desarrollo económico y garantiza la soberanía territorial y social. El Estado mantiene una posición dominante sobre sectores clave —tierra, recursos naturales, comunicaciones, alimentación, minería, energía, infraestructura crítica, transporte y sistema financiero— lo que le permite ejercer el control indirecto del mercado a través de concesiones, asociaciones, habilitaciones o sanciones. Mecanismos estos contemplados en la LPEP.

En segundo lugar, la LPEP confirma que el sector estatal es un socio indispensable para las organizaciones económicas privadas, a las que garantiza acceso equitativo a recursos financieros, capital humano, patentes de instituciones públicas y otros factores de producción bajo control estatal (LPEP, 2025, art. 12). En ninguna otra norma como en la LPEP el PCCh ha asignado un rol tan destacado a la economía privada, a la que califica de “componente importante”, “nuevo motor para impulsar la modernización al estilo chino”, “base fundamental para un desarrollo de alta calidad” y “motor fundamental para impulsar la construcción integral de un país socialista moderno y la realización de la gran revitalización de la nación china” (LPEP, 2025, art. 3). Para el PCCh, este sector es clave en la innovación tecnológica, especialmente en áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la infraestructura digital, fundamentales en la competencia económica y militar con los Estados Unidos (Varoufakis, 2024). Además de su aporte en I+D, el sector privado cumple funciones críticas: absorber el excedente de mano de obra, generar ingresos fiscales y sostener el dinamismo económico nacional. En términos tácticos, el PCCh mantiene una alianza funcional con un sector cuya contribución es cada vez más necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas, la estabilidad social y la disputa tecno-comercial global.

En tercer lugar, esta alianza tiene un reverso político: la LPEP exige al sector privado lealtad institucional, obligándolo a adherir al liderazgo del PCCh y a garantizar la correcta orientación política del desarrollo económico (LPEP, 2025, art. 2 y 5). Si bien la ley proporciona protección legal a la propiedad privada y promueve su expansión mediante políticas públicas, también refuerza el compromiso político del empresariado con los objetivos estratégicos del Partido-Estado. Esta relación puede entenderse como una fase propia de los procesos de modernización capitalista, en la que el Partido cumple un rol mediador entre capital y trabajo, impulsando el mercado, canalizando sus beneficios hacia objetivos nacionales y respondiendo, de forma gradual y selectiva, a las demandas sociales y ambientales.

En síntesis, la LPEP responde a la tendencia de un capitalismo nacional que busca consolidarse bajo el control centralizado del PCCh. Por un lado, la ley brinda garantías jurídicas a la burguesía nacional para promover sus inversiones y apuntalar un modelo desarrollista, por otro, reafirma las limitaciones estructurales que impone el Partido-Estado al desarrollo de una economía plenamente capitalista. Ello explica la paradoja de una norma que busca proteger al sector privado del abuso estatal imponiéndole legalmente la subordinación política al PCCh.

Conclusiones

El análisis histórico-político de la LPEP permite ponderar los alcances y límites de la norma. Su valor jurídico radica en ser la primera ley en su tipo orientada específicamente al sector privado. A este sector la ley otorga reconocimiento formal, acceso a bienes estatales, apoyo legal y financiero, y garantías para una competencia justa con el sector público. Desde una perspectiva histórico-política, la LPEP constituye un paso más en la institucionalización del mercado como catalizador del desarrollo de las fuerzas productivas, sin que esto implique la renuncia del Estado a su papel de coordinador del desarrollo. La ley, en efecto, refleja la lógica dual que estructura la economía china: mientras el sector privado se consolida como un aliado táctico del Partido, este último conserva el control estratégico sobre sectores clave de la economía. En este sentido, la LPEP es la norma que fija y regula la expansión del capital privado con los objetivos desarrollistas establecidos por el PCCh.

Entre los escenarios posibles que la LPEP habilita se encuentran, por un lado, una mayor expansión del sector privado con acceso ahora a recursos y bienes públicos antes denegados y, por otro, una mayor subordinación del sector privado al poder político del PCCh. No obstante estos pronósticos, la LPEP debe ser comprendida a la luz de las tendencias económicas de un capitalismo nacional, y no como el punto de partida de una nueva relación entre el sector público y el sector privado. En este sentido, la norma contribuye a una mejor caracterización del “modelo chino” al explicitar los esfuerzos del PCCh por articular una estructura económica capitalista con una superestructura política de herencia socialista.

Cuando en 1979 el PCCh abandonó la estrategia de la lucha de clases y priorizó el desarrollo de las fuerzas productivas, con la economía como “ciencia general” y la división social del trabajo por principio, su viraje hacia el neoliberalismo parecía irreversible. Sin embargo, el rechazo de los reformistas a otorgar un papel preponderante al sector privado en el mercado mantenía al PCCh en una actitud cautelosa (Partido Comunista Chino, 1981; Weber, 2020). Décadas más tarde, las reformas legales en materia de propiedad, el crecimiento sostenido del sector privado en la economía y la reciente sanción de la LPEP demostraron que la propiedad privada había alcanzado un alto grado de legitimidad tanto en el Partido como en la sociedad china.

Referencias

Arrighi, G. (2007). Adam Smith in Beijing. Verso.

Borst, N. (2024). How deeply rooted are China’s economic woes? OMFIF, 30 de agosto de 2024. https://www.omfif.org/2024/08/how-deeply-rooted-are-chinas-economic-woes/

CGTN (2022). Apoyar la innovación en la economía privada beneficia a China y al mundo. https://espanol.cgtn.com/n/2022-06-11/HCJacA/Apoyar-la-innovacion-en-la-economia-privada-beneficia-a-China-y-al-mundo/index.html

Cheng, L. y Liu, N. (2017). Jingji zengzhang, zhidu bianqian yu “minying jingji” gainian de shangyan [Crecimiento económico, cambio institucional y evolución del concepto de “economía privada”]. https://mp.weixin.qq.com/s/rMidLGGUjfMCaRglXiS-pA

Chow, G. (1994). Understanding China’s Economy. World Scientific Publishing. https://doi.org/10.1142/2430.

Clarke, D., Murrell, P. y Whiting, S. (2008). The Role of Law in China’s Economic Development. En L. Brandt, y G. Rawsky (Ed.). China’s Great Economic Transformation (pp. 375-428). Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511754234.012

Coase, R. y Wang, N. (2012). How China Became Capitalist. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137019370 Código Civil de la RPC (2020). Civil Code of the People’s Republic of China. https://english.www.gov.cn/archive/lawsregulations/202012/31/content_WS5fedad98c6d0f72576943005.html

Consejo de Estado (1988). Zhonghua renmin gongheguo qiye zhanxing tiaoli [Reglamento provisional de la República Popular China sobre las empresas privadas]. https://law.pkulaw.com/chinalaw/3889.html

Consejo de Estado (2005). Guowuyuan guanyu guli zhichi he yindao geti siying deng fei gongyouzhi jingji fazhan de ruogan yijian [Diversas opiniones del Consejo de Estado sobre el fomento, apoyo y orientación del desarrollo de las economías privadas individuales y otras economías de propiedad no pública]. https://www.gov.cn/zwgk/2005-08/12/content_21691.htm

Consejo de Estado (2010). Guowuyuan guanyu guli he yindao minjian touzi jiankang fazhan de ruogan yijian [Diversas opiniones del Consejo de Estado sobre el fomento, apoyo y orientación del desarrollo de las economías privadas individuales y otras economías de propiedad no pública]. https://www.gov.cn/zwgk/2010-05/13/content_1605218.htm

Consejo de Estado (2019). Zhonggong zhongyang guowuyuan guanyu yingzao geng hao fazhan huanjing zhichi minying qiye gaige fazhan de yijian [Opiniones del Comité Central del PCCh y del Consejo de Estado sobre la creación de un mejor entorno de desarrollo para apoyar la reforma y el desarrollo de las empresas privadas]. https://www.gov.cn/zhengce/2019-12/22/content_5463137.htm

Consejo de Estado (2023). Zhonggong zhongyang guowuyuan guanyu cujin minying jingji fazhan zhuangda de yijian [Opiniones del Comité Central del PCCh y del Consejo de Estado sobre la promoción del desarrollo y el crecimiento de la economía privada]. https://www.gov.cn/zhengce/202307/content_6893056.htm

Constitución de la RPC (1954). Constitution of the People’s Republic of China. http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=14754&CGid

Constitución de la RPC (1982). Constitution of the People’s Republic of China. https://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=1&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=

Constitución de la RPC (2004). Constitution of the People’s Republic of China. https://english.www.gov.cn/archive/lawregulations/201911/20/content_WS5ed8856ec6d0b3f0e9499913.html

CPCNEWS (2019). Xin shidai minying qiye dangjian jingyan jiaoliu hui zai zhongyang dangxiao juban [En la Escuela Central del Partido (Escuela Nacional de Administración) se celebró la reunión de intercambio de experiencias sobre la construcción del partido en las empresas privadas en la nueva era]. http://dangjian.people.com.cn/n1/2019/0624/c117092-31176698.html

Enmienda a la Constitución de la RPC (1988). Constitution of the People’s Republic of China. https://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=40850&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=

Enmienda a la Constitución de la RPC (1999). Amendment to the Constitution of the People’s Republic of China. https://www.elegislation.gov.hk/hk/A4%21en.assist.pdf

Fan, S. (2018). From Control of the Commanding Heights to Control of the Whole Economy and Back: Chinese Ownership Theories Since 1949. J. Kovacs (Ed.). Populating No Man’s Land: Economic Concepts of Ownership under Communism (pp. 47–86). Lexington Books.

Friedman, M. (1990). Friedman in China. Centre for Economic Research.

Friedman, E. (2014). Insurgency trap. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452697.001.0001

Fewsmith, J. (2008), China since Tiananmen. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511790454

Gao, F. (2025). China Passes Private Economy Promotion Law. https://www.fredgao.com/p/china-passes-private-economy-promotion?open=false#%C2%A7law-of-the-peoples-republic-of-china-on-promoting-the-private-economy

Gewirtz, J. (2017). Unlikely partners: Chinese reformers, Western economists, and the making of global China. Harvard University Press.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal.

Heilmann, S. (2017), China´s Political System. Rowman & Littlefield.

Ho, P. (2005). Institutions in Transition. Land Ownership, Property Rights, and Social Conflict in China. Oxford. https://doi.org/10.1093/019928069X.001.0001

Horsley, J. (2025). Will China’s private economy promotion law reassure its private sector? https://www.brookings.edu/articles/will-chinas-private-economy-promotion-law-reassure-its-private-sector/

Hu, J. (2007). Informe presentado ante el XVII Congreso Nacional del PCCh. https://ebook.theorychina.org.cn/ebook/upload/storage/files/2022/10/28/19fc20dfb14e2d6d4f3e472c94c3b4f85325/mobile/index.html

Huang, S. (2023). Developing Property Rights Theory. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0883-7

Jeffreys, E. (2009). China’s Governmentalities: Governing Change, Changing Government. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203873724

Lagarrigue, F.M. (2024a). Propiedad privada y gubernamentalidad en China, una aproximación. Perspectivas De las Ciencias Económicas y Jurídicas, 14(2). https://doi.org/10.19137/perspectivas-2024-v14n2a07

Lagarrigue, F.M. (2024b). Valencias de la propiedad privada. Una mirada al régimen de la propiedad en la China contemporánea, Observatorio Latinoamericano y Caribeño, 8(2), pp. 6-23. https://doi.org/10.62174/olac.9848

Lagarrigue, F.M. (2024c). Constituir un socialismo: Constitución, partido y propiedad privada en la República Popular China (1954-2018), Asia/AméricaLatina, 9(16), pp. 11-29. https://doi.org/10.33177/16.varia1

Ley de Empresas Industriales (1988). Zhonghua renmin gongheguo quanmin suoyouzhi gongye qiye fa [Ley de la República Popular China sobre Empresas Industriales de Propiedad de Todo el Pueblo]. http://www.lawinfochina.com/Display.aspx?lib=law&ID=1188

Ley de Promoción de la Economía Privada (2025). Zhonghua renmin gongheguo laogong jingji cujin fa [Ley de la República Popular China sobre la Promoción de la Economía Privada]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7022018.htm

Ley de Propiedad (2007). http://english.www.gov.cn/services/investment/2014/08/23/content_281474982978047.htm

Li, M. (2016). China and the Twenty-First-Century Crisis. Pluto Press.

Meisner, M. (1985). The Chinese rediscovery of Karl Marx: Some reflections on post-maoist Chinese Marxism. Bulletin of Concerned Asian Scholars, 17 (3), pp. 2-16. https://doi.org/10.1080/14672715.1985.10409822

Milhaupt C.J. y Lin, W-L. (2013). Los grandes grupos empresariales chinos: entendiendo los mecanismos del capitalismo de estado en China. Revista Chilena de Derecho, 40(3), 801-858. https://doi.org/10.4067/S0718-34372013000300004

Ministerio de Justicia de la RPC (2024). Sifa bu guojia fazhan gaige weiyuanhui guanyu “zhonghua renmin gongheguo shuishou jingji cujin fa (zhengqiu yijian gao)” gongkai zhengqiu yijian de tongzhi [Aviso del Ministerio de Justicia y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma sobre la solicitud de opinión pública acerca de la “Ley de la República Popular China sobre la Promoción de la Economía Privada (Proyecto de Ley para la Solicitud de Opinión)”]. https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/lfyjzj/lflfyjzj/202410/t20241010_507325.html

Naughton, B (1995). Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978-1993. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511664335

Naughton, B. (2007). The Chinese Economy. Transitions and Growth. MIT Press.

Oi, J. y Walder, A. (1999). Property Rights and Economic. Reform in China. Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9780804764193

Partido Comunista Chino (1981). Resolution on Certain Questions in the History of Our Party since the Founding of the People’s Republic of China. https://www.marxists.org/subject/china/documents/cpc/history/01.htm

Perry, E. (2011). From Mass Campaigns to Managed Campaigns: ‘Constructing a New Socialist Countryside’. S. Heilman, y E. Perry. (Eds.). Mao’s Invisible Hand, pp. 30-61, Harvard Contemporary China Series. https://doi.org/10.2307/j.ctt1sq5tc6.8

Piketty, T., Li, Y., y Zucman, G. (2019). Capital accumulation, private property, and rising inequality in China, 1978-2015. American Economic Review, 109(7), pp. 2469-2496. https://doi.org/10.1257/aer.20170973

Potter, P. B. (2005). The Chinese Legal System. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203995624

Proyecto de LPEP (2024). Zhonghua renmin gongheguo laogong jingji cujin fa (cao’an) [Ley de la República Popular China sobre la Promoción de la Economía Privada (borrador)]. http://www.law-lib.com/fzdt/newshtml/20/20241226162127.htm

Varoufakis, Y. (2024). Tecnofeudalismo: El sigiloso sucesor del capitalismo. Ediciones Deusto.

Walker, R. y Buck, D. (2007). The Chinese Road. New Left Review, 46, pp. 39-66. https://doi.org/10.64590/qm7

Wang, W. et. al. (2021). Fa lixue [Jurisprudencia]. Editorial del Pueblo.

Wang, W. et al. (2023). Xijinping xin shidai zhongguo tese shehui zhuyi sixiang gaiyao[Introducción al pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era]. Editorial del Pueblo.

Weber, I. (2020). Origins of China’s Contested Relation with Neoliberalism: Economics, the World Bank, and Milton Friedman at the Dawn of Reform. Global Perspectives, 1(1), 12271. https://doi.org/10.1525/gp.2020.12271

Weber, I. (2021). How China Escaped Shock Therapy. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429490125

Xinhua (2025a). Crece número de entidades del sector privado en China. http://www.spanish.xinhuanet.com/20250627/27268565526b47708b339b49099cdf7c/c.html

Xinhua (2025b). China aprueba ley dedicada a fomento del sector privado. https://spanish.xinhuanet.com/20250430/9f3602280e0049f8b95bdde8e2a8dd62/c.html

Xinhua (2025c). Xi insta a promover desarrollo saludable y de alta calidad del sector privado del país. https://spanish.xinhuanet.com/20250217/8d1dae8a339e42828f2a594451aa9d4d/c.html

Zhang, M. (2008). From Public to Private: The Newly Enacted Chinese Property Law and the Protection of Property Rights in China. Berkeley Business Law Journal, 5, 317-363.

Zhou, Q. (2020). Property Rights and Changes in China. Peking University Press and Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9885-2

1. 1 En abril de 1986, en el marco de las discusiones internas entre reformistas y conservadores, el académico Li Yining pronunció un discurso en la Universidad de Pekín titulado: “La reforma de la propiedad es la cruz de la reforma”. En mayo de ese mismo año, publicó un artículo en Beijing Daily en el que instaba a centrar la atención no en la reforma del sistema de precios, sino en la del régimen de propiedad de las empresas chinas. Sus ideas influyeron en el primer ministro y principal impulsor de las reformas de mercado Zhao Ziyang (Gewirtz, 2017).

2. 2 Huang (2012) destaca, para este período, los siguientes trabajos: New Discussion on Property Rights (1993) y Subjective Property Rights Theory (1998) de Liu Shibai; Property Rights Relationship, Operation Mechanism, and Function of Joint-Stock Companies y On Property Rights of Legal Person in Social Sciences in China de Wu Xuangong escritos entre 1994 y 1995, y la tesis de Wu Yifeng Marx’s Property Rights Theory and Property Rights Reform of SOEs (1995).

3. 3 En rigor, la primera Constitución de la RPC (1954) reconocía este derecho que, en reformas posteriores, sería suprimido: “El Estado, de acuerdo con la ley, protege el derecho de propiedad de los capitalistas sobre los medios de producción y sobre otros capitales” (Constitución de la RPC, 1954, art. 10). Sobre la coexistencia de diversos tipos de propiedad véase, Fan (2018).

4. 4 Hu buscó combinar “el socialismo como sistema básico con el fomento de la economía de mercado”, la “transformación de la base económica” con la “reforma de la superestructura”, el “robustecimiento de las fuerzas productivas” con la “elevación de las cualidades cívicas de toda la nación”, “la eficiencia con la promoción de la equidad social”, la “independencia y autodeterminación con la participación en la globalización económica”, “la contribución a la reforma y el desarrollo con la preservación de la estabilidad social, y la propulsión de la gran causa del socialismo” con “la construcción del Partido” (Hu, 2007, pp. 16-17). Sobre la administración de Hu Jintao, véase Fewsmith (2008), Perry (2011) y Friedman (2014).

5. 5 Horsley explica que el término minying (民营) se popularizó bajo la administración de Xi, desplazando al término constitucional siying, para referirse a la economía “privada”. “Los académicos chinos -explica la autora- vieron la “economía minying” como un término útil para contrastar con el sector estatal (国营) y representar las nuevas formas, a veces mixtas público-privadas, de propiedad y operación que evolucionaron durante la reforma del sistema económico de China. “Minying” también evita las connotaciones políticamente negativas de siying, que incluye el carácter “si” (私), que significa personal, privado o egoísta, y sugiere la búsqueda de intereses puramente privados, no estatales. No obstante, algunos académicos chinos abogaron contra el uso de términos no legales como minying en la legislación” (Horsley, 2025).