5.1.2 Sistemas penales y mijeres

Mariana Nohemi Sánchez Busso

Resumen


Entender al derecho penal, y específicamen­ te, a la propia ley punitiva como herramienta antidiscriminatoria, resulta casi una contra­ dicción o paradoja. El sistema penal —en manos del Estado— representa el medio más poderoso de control social; aunque también contiene una visión de género construida por diferentes mecanismos sociales. Así, pregun­ tarnos si puede la ley penal combatir la des­ igualdad de género, a primera vista, parece una contradicción en sí misma. No obstante, no dejamos de reconocer que el derecho — incluido el sistema penal— se constituye como el principal ámbito de percepción, re­ cepción y discusión de las problemáticas so­ ciales. Su efectividad como transmisor de va­ lores yfactor de cambio puede ser cuestionada, pero nunca desechada. Aún más, en el campo de las desigualdades de género, el lenguaje del derecho tiene una importante función políti­ ca: Haber dado particular fuerza a las reivin­ dicaciones de los movimientos femeninos que exigieron el tratamiento y la satisfacción de nuevas necesidades materiales y morales. Este debate es analizado en este trabajo, que repa­ sa diferentes concepciones teóricas que dis­ curren sobre la aptitud del sistema penal como herramienta transformadora de la realidad so­ cial o ámbito de lucha feminista.


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Referencias


NOTAS.

En la explicación de las relaciones entre el derecho y el género diferentes autoras han desarrollado la evolución del feminismo socio- jurídico a partir de tres fases o etapas que, si bien denominan con terminología variada, mantienen en común el mismo hilo conceptual conductor que identifica dichas tendencias con las corrientes clásicas del pensamiento feminista: «El derecho es sexista», «el derecho es masculino» y «el derecho tiene género», en términos de Carol Smart; «el modelo de la mismidad- igualdad frente a la diferencia», «el modelo de la dominación» y «el modelo postmoderno», en términos de Margaret Greenberg; «el monopolio machista del derecho», «la cultura masculina del derecho» y «la retórica jurídica del orden social patriarcal», en términos de N. Naffine. Véase este punto en la explicación y citas que brinda Beatriz Kohen, «El feminismo jurídico en los países anglosajones: el debate actual», E l derecho en el género y el género en el derecho, Haydée Birgin Compiladora, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2000, p. 78.

Roberto Bergalli y Encarna Bodelón (1992). «La cuestión de las mujeres y el derecho penal simbólico» en: Anuario de filosofía del derecho IX, Madrid: Nueva Época, p. 58. En este sentido, los autores citados refuerzan esta idea señalando que la función de la pena fue, por un lado, reconducir a la mujer a un modelo de conducta basado en la castidad y fidelidad sexual y, por otro, hacer aprender a la condenada el trabajo doméstico, considerado fundamental para absorber el rol femenino, pero además importantísimo económicamente, por cuanto que de él depende el trabajo asalariado de otros miembros de la familia; esto, en función de la estricta relación existente entre esta forma jurídica de control social y la forma de organización de la producción social típica de la ideología liberal burguesa.

En «La teoría feminista y el discurso jurídico» en El derecho en el género y el género en el derecho, Haydée Birgin compiladora, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2000, p. 31- 71.

El artículo 179 del Código Penal español enuncia: Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

Ramón García Albero (2004). «Las perspectivas de género en derecho penal: algunas reflexiones» en: La discriminación por sex o tras 25 años de la constitución española, Ángeles Vivas Larruy (Directora), Madrid: Cuadernos de derecho judicial III, Consejo General del Poder Judicial, 2004, p. 469.


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Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género